HONDURAS

Aa
$.-
Se ha alejado, por ahora, el fantasma de una intervención del Gobierno en los medios de comunicación que parecía inminente a mediados del año anterior. En este período la administración se ha mantenido al margen de polémicas con los medios. Las querellas contra periodistas por informaciones publicadas ya es algo cotidiano, lo mismo que las amenazas a entidades y personas públicas y privadas. La inseguridad generalizada también alcanza a los periodistas, con el ingrediente de que pueden ser agredidos por su trabajo y aducirse que es resultado del clima de inseguridad. Ocurrieron dos hechos inéditos en esta etapa. En diciembre fue asesinado un abogado que asesoraba en investigaciones periodísticas sobre una empresa de seguridad y en enero fue promulgada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Una serie de hechos sobresalientes afectaron la libertad de prensa: El 11 octubre de 2006 el periodista José Peraza, jefe de prensa de Radio Progreso, de la ciudad de El Progreso, Yoro, fue agredido por funcionarios municipales molestos porque el reportero preguntó en una entrevista al administrador de la comuna, Jorge Alemán, acerca del estado de embriaguez en que se encontraba al momento de brindar declaraciones sobre el presupuesto municipal. El 4 diciembre desconocidos que se conducían en una motocicleta asesinaron al abogado Dionisio García, cuando iba rumbo a la Corte Suprema de Justicia. García asesoraba al periódico Revistazo.com, de la Asociación por una Sociedad Más Justa, ASJ, sobre unas investigaciones periodísticas vinculadas a la operación de las empresas privadas de seguridad Delta Security y Setech. La investigación era realizada por los periodistas Dina Meza, coordinadora de proyectos de ASJ, Robert Marín García, Claudia Mendoza y Rosa Morazán, quienes fueron amenazados y seguidos desde septiembre anterior. En octubre fueron querellados por delitos contra el honor por los accionistas de Setech, pero la demanda no prosperó. En diciembre un tribunal encontró culpable al periodista Serapio Umanzor Díaz de calumnia e injurias contra el ex diputado Francisco Herrera Donnineli, con quien tuvo que llegar a un arreglo extrajudicial para evitar ser condenado. El periodista realizó unos trabajos que involucraban a la familia del ex diputado. En enero dos periodistas del diario La Tribuna de Tegucigalpa fueron intimidados y amenazados de muerte en llamadas anónimas mientras investigaban aparentes irregularidades sobre la dotación de medicamentos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS. El 22 enero 2007 se publicó en el diario oficial La Gaceta la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que había sido aprobada el 27 de noviembre del 2006. La ley representa un avance sustancial para la obtención de información, pero no llena las aspiraciones de entidades que forman la sociedad civil y que lucharon por su aprobación. La ley viola convenios internacionales sobre libertad de expresión y sobre lucha contra la corrupción, además de poner trabas a la desclasificación de información bajo la categoría de reserva. Finalmente, contempla la creación de un Instituto de Acceso a la Información Pública El 13 febrero fue objeto de intimidaciones el periodista Launier Roberto Álvarez, que cubre la fuente judicial. Se debió a la presentación de una información a través del telenoticiero Abriendo Brecha, que se transmite por el Canal 7, de la Corporación Televicentro, acerca del abogado Rodrigo Mazariegos, a quien la Suprema Corte dictaminó auto de prisión por falsificación de documentos públicos. En febrero se produjeron amenazas, insultos y advertencias contra la vida de periodistas y hasta del propio presidente de diario El Heraldo de Tegucigalpa, Jorge Canahuati. Ello ocurrió por medio de llamadas telefónicas, “mensajitos” y llamadas al diario, resultado de una investigación que reveló que en unidades de las Fuerzas Armadas entrenaron grupos privados desplegados en Irak. Entre otros asuntos judiciales que afectan a periodistas se mantiene una demanda contra Arnulfo Aguilar, quien laboró en diario La Prensa, por un trabajo sobre la entonces magistrada Thelma de Zerón, además de que los periodistas Miguel Caballero Leiva, de diario La Tribuna, Julio Ernesto Alvarado, director del programa "Mi Nación", del canal 13, Hondured, y Francisco Romero, coordinador de "Hablemos de Noche", del canal 45 RCN, están siendo procesados en juicio oral y público por supuestos delitos de difamación.

Compartí

0