NICARAGUA

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Incertidumbre y tiempos difíciles se avizoran para la libertad de prensa con la nueva administración del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Un documento elaborado por la Primera Dama sobre la estrategia de comunicación del Gobierno, dice textualmente: “Vamos a usar nuestros medios, para que nuestra información salga incontaminada, directa, como hicimos durante la campaña”. En noviembre del 2006 el presidente Ortega, en una reunión con la Asociación de Medios Independientes, prometió “un respeto irrestricto a la libertad de expresión” y se excusó por “la censura a la que obligaba una situación de enfrenamiento, y que llevó a excesos, a extremos que tenemos que reconocer” en la década de los ochenta durante su gobierno anterior. Agregó que la publicidad gubernamental se ha distribuido anteriormente de una manera sesgada en términos políticos y que se debe evitar ese tratamiento. Por último, prometió impulsar un listado de las exoneraciones que los medios gozan constitucionalmente y que fueron cercenados con un artículo de la ley tributaria que pretende regular las exoneraciones. El 1 de febrero del 2007 La Prensa publicó una carta con fecha del 29 de enero del Ministro de Hacienda ordenando congelar toda la propaganda del Estado y dejando toda la coordinación y autorización de esa actividad a Rosario Murillo, a cargo del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia. La publicidad asignada este año la suma de C$ 90 millones de córdobas, unos 5 millones de dólares, aunque Murillo dijo que ella no manejaría ese presupuesto y que tendría una política de austeridad y ahorro, ya que el gobierno está en una fase de ordenamiento para ver cuál será su política de comunicación. El presidente Ortega declaró que “dos medios de comunicación importantes consumían aproximadamente el 80% de la publicidad del gobierno”, aunque El Nuevo Diario y La Prensa publicaron un estudio de la empresa costarricense “Media Gurú” del año 2006 en que La Prensa obtuvo el 13.3% de la publicidad estatal, El Nuevo Diario el 10.9% y el Canal 2 de TV el 19.2%. César Espinoza, presidente de ONAP (Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad), declaró que el congelamiento de la publicidad perjudicaría a los medio pequeños. Varios políticos denunciaron que el congelamiento de la publicidad era el preámbulo para usar la publicidad como premio o castigo a los medios y periodistas, violando la Declaración de Chapultepec, que Ortega firmó en julio del 2001 como candidato. La publicidad del Gobierno en el diario La Prensa bajó un 31.8 por ciento en febrero, en comparación con ese mismo mes del 2006. El volumen en el mercado de anuncios de periódicos también bajó un 14.7 por ciento. La APN declaró que muchos radioperiódicos pequeños están a punto de cerrar por falta de publicidad. El 20 de febrero el Presidente dijo en la reunión anual de los mandos policiales que los medios de comunicación deberían pagar impuestos para la mejoría salarial de los agentes policiales. Ortega no especificó que los medios pagan todos sus impuestos y que por mandato constitucional están exentos de la introducción de papel, equipos y materia prima directa de la producción. Sin embargo, este derecho vino a ser revertido por una regulación de la Constitución en la ley tributaria que estipula que los medios pagarán estos impuestos una vez hayan importado más del 2.5% de sus ventas anuales del período fiscal anterior. El Presidente declaró que los medios recibían $22 millones de dólares en exoneraciones pero fue refutado por expertos, entre ellos el ex viceministro de Hacienda René Vallecillo, experto en asuntos fiscales, quien aclaró que entre todos los medios reciben entre 40 y 50 millones de córdobas equivalente a entre US$ 2.2 y US$ 2.7 millones de dólares, parte de estos impuestos exonerados es el impuesto sobre ventas que se recupera en parte al comprar insumos para la fabricación de los periódicos. Los medios introdujeron un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo de la ley tributaria, ya que una ley ordinaria no podría regular una exoneración constitucional. El 22 de febrero La Prensa publicó un documento secreto de 30 páginas, preparado por la esposa de Ortega y lo publicó íntegro en su página web, en el que se leía que “vamos a usar nuestros medios, para que nuestra información salga incontaminada, directa como lo hicimos durante la campaña”. En cuanto a la agenda gubernamental, el documento dice: “Nosotros delimitaremos el terreno de la discusión y procuraremos que los demás discutan esta agenda, es decir nuestra estrategia debe ser Pro-Activa y no Reactiva” y en cuanto a potenciar la idea de que “EL PUEBLO ES PRESIDENTE”. Este es el eslogan que está usando la propaganda del ejecutivo, que no ha dejado de oírse en la Nueva Radio “YA” propiedad del FSLN, y otras radios afines, el documento en cuestión dice que se creará un programa semanal (trasmitido por radio y televisión), en el que nuestro liderazgo nacional y local, se reúna con la gente, en una comarca, barrio o municipio…etc.” El documento augura el bienestar de la ciudadanía mediante el ejercicio de la democracia directa. El 1 de marzo, día del periodista en Nicaragua, Murillo dio a conocer la nueva política de comunicación del gobierno en la que anuncia equidad ante los medios con apoyo a los más débiles. La Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) declaró que no hay nada que celebrar y organizó un acto de protesta. Ese mismo día el presidente Ortega firmó con el Colegio de Periodistas un acuerdo prebendario que no incluye ningún compromiso de respeto a la libertad de expresión y de prensa. En el acto el Presidente continuó con los ataques a los medios y Murillo acusó a La Prensa de tergiversar el contenido de la estrategia de comunicación y desconociendo el documento publicado. El presidente Ortega se comprometió con el Colegio a crear un fondo de pensión para los periodistas; respetar y cumplir la ley de colegiación de los periodistas; a una distribución justa de publicidad estatal en donde se favorecerá a los pequeños y medianos medios; y ratificó la entrega de dos sorteos de la lotería Nacional al Colegio como especifica su ley creadora, entre otros compromisos. La ley 372 creadora Colegio de Periodistas señala que los cargos de la Junta Directiva y el Comité de Ética y Honor serán distribuidos equitativamente y se desempeñarán en períodos alternos entre la UPN y la APN (las dos asociaciones de periodistas, una con tendencia sandinista). Según denuncia de la APN, este artículo se incumplió ya que la UPN sandinista tomó el control durante un congreso nacional reciente. La APN recurrió de Amparo contra las nuevas autoridades, las mismas que firmaron el convenio con Ortega. El año pasado, antes de cerrar la legislatura, la Asamblea Nacional aprobó su propia Ley Orgánica, que en su artículo 56 se da potestad los diputados, de obligar a cualquier persona natural, jurídica, nacional o extranjera a comparecer ante ellos cuando así lo dispongan, sin especificar motivos, circunstancias ni casos específicos y la persona que no compareciera sería castigada por desacato, que según el Código Penal amerita seis meses a cuatro años de prisión. La Ley de Acceso a la información sigue en Comisión, pero según el presidente de la comisión de Justicia Dr. José Pallais, esta ley se aprobará. Sin embargo, se han introducido varias mociones, una de ellas obligaría a los medios a rectificar y otra obliga a informar el destino de lo que reciben en exoneraciones. La Asamblea Nacional en el Capitulo sobre la Vida Privada del nuevo Código Civil aprobó el artículo 194 que establece sanciones para las personas que intercepten, divulguen o difundan cualquier comunicación que sea considerada privada, con penas de prisión. Pallais explicó por qué habrá otro Capítulo sobre los delitos de los funcionarios que escondan la información pública y que quedará contemplado en la ley de Acceso a la Información. La Asamblea también aprobó en el nuevo Código Penal, que contempla multas para los que abusen de la “nota roja” por la difusión no autorizada de imágenes de difuntos. El Partido ALN anunció que propondrá una ley para la defensa de la libertad de expresión, para que las licencias radiales y televisivas se renueven automáticamente por 10 años. Por su parte, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que junto con ALN harían mayoría en la Asamblea Nacional, prometió un total respaldo a la libertad de expresión. Para materializar este propósito los medios de comunicación propusieron una reunión con una comisión de cada partido no oficialista o no orteguista, el PLC, el ALN y el Partido de Renovación Sandinista (PRS) --que representan en la Asamblea 51 votos del total de 92 diputados— con una comisión de los medios. Dicha reunión se efectuó el 13 de marzo. Tanto los medios como los diputados coincidieron en la urgencia de reformar las leyes que defienden la libertad de prensa, como la Ley de telecomunicaciones, en lo referido al plazo de las licencias para el uso del espectro radioeléctrico y la condición de estar bajo el arbitrio del Instituto de Telecomunicaciones (Telcor). Además, coincidieron en cuanto a las reformas a la Ley Creadora del Colegio de Periodistas, para eliminar la obligatoriedad, la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y los ajustes al Código Penal en lo referido al tema de la información pública o privada, así como a una necesaria reforma de la ley tributaria que regule, por medio de una lista, las exoneraciones constitucionales a las que tienen derecho los medios de comunicación. Los propietarios de la emisora Voz del Trópico Húmedo, de San Carlos, a 300 Km. al sureste de Managua, denunciaron el 13 de marzo que la alcaldesa sandinista, Marisol McRea, está pidiendo a la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, que suspenda la frecuencia con la que trasmiten y se les quite la emisora, porque desde ese medio se critican los errores de su gestión. El director de la radio explicó que la emisora nación en 1980, con el nombre de radio 13 de octubre y era propiedad de la Corporación de Radiodifusoras del Pueblo (Coradep). Sin embargo, en 1990 pasó a ser administrada por la alcaldía. Después de que en 1992 sufrió un incendio, fue donada a los trabajadores, pero la alcaldesa argumenta que los beneficiarios originales fueron despedidos.

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