PUERTO RICO

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Los procesos judiciales que involucran a medios de comunicación y periodistas, así como las limitaciones a la cobertura periodística en los tribunales siguieron siendo los escollos a la libertad de prensa en este período. Todavía permanece el pleito judicial entre el gobierno federal y el local a raíz de una agresión a reporteros puertorriqueños a manos de agentes federales del FBI, ocurrido el 10 de febrero del 2006 durante la cobertura de un allanamiento. El caso continúa en el Tribunal Federal de San Juan y en el Primer Circuito Apelativo de Boston. A fines de septiembre, el juez federal José Fusté había desestimado las dos demandas del Departamento de Justicia de Puerto Rico contra autoridades federales por no cooperar con las investigaciones que realiza esa agencia sobre la muerte del líder independentista Filiberto Ojeda Ríos, el 23 de septiembre del 2005, y las agresiones a periodistas por parte de 10 agentes del FBI. El juez Fusté señaló que el interés del gobierno federal en proteger sus técnicas investigativas es esencial. Afirmó que los periodistas agredidos rompieron el perímetro de seguridad establecido por el FBI. Los periodistas negaron que haya habido un perímetro establecido. Sin embargo, la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico presentó su informe sobre los ataques a periodistas concluyendo que el FBI violó el derecho de libertad de prensa en Puerto Rico y los derechos civiles fundamentales de las personas intervenidas en el allanamiento y no estableció un perímetro que permitiera a los periodistas conocer hasta qué punto podían llegar. Otros asuntos que afectaron la libertad de prensa: El 7 de octubre, la defensa del fotoperiodista Humberto Trías pidió la desestimación de su acusación por disturbios ocurridos en el Capitolio de Puerto Rico durante un homenaje, el 29 de marzo del 2006, durante el cual el fotoperiodista independiente fue acusado de agredir a un policía. La audiencia judicial se realizará el 26 de marzo. El 11 de enero, la jueza superior de Bayamón, Janet Cortés, señaló para el 15 de octubre del 2007 la vista con antelación al juicio en la demanda contra la Policía que sometieron el fotoperiodista Xavier Araújo y el periódico El Nuevo Día. Igualmente, ordenó al Departamento de Justicia que entregue los documentos y la evidencia del caso. Araújo fue agredido y detenido por policías cuando cubría un secuestro en un centro comercial, en diciembre del 2005. Tanto Araújo como El Nuevo Día alegan que hubo exceso de fuerza y que se violó la libertad de prensa al impedírsele cubrir ese evento noticioso. El Departamento de Justicia, que investigó el caso, sostuvo que el fotoperiodista agredió verbal y físicamente a un agente que alegadamente tropezó con él de forma accidental. El 23 de enero, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) emplazó a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) a hacer público un informe técnico sobre la Declaración de Impacto Ambiental de un controversial proyecto hotelero a construirse en un área playera de Piñones, un barrio de la población de Loíza, al negarse a entregar a la prensa dicha declaración aduciendo que forma parte de un pleito legal ante los tribunales. La Asspro declaró estar dispuesta a llegar a los tribunales para que se haga público ese documento. El 29 de enero, la Asppro censuró la negativa del Alcalde de San Juan, Jorge Santini, a contestar las preguntas de una reportera de El Nuevo Día, Gloria Ruiz Kuilan, durante una actividad con dicho funcionario. Según se informó, los otros periodistas que cubrían la actividad se retiraron de la misma en apoyo a la reportera. La Asppro denunció que Santini mantiene una “postura personalista” contra Ruiz Kuilan, quien está asignada a cubrir la Alcaldía de San Juan. El 12 de marzo, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia a favor de la fiscal Iris Meléndez, a quien un juez superior concedió $1.8 millones en un caso por libelo y difamación contra el periódico El Vocero. El tribunal expresó en su sentencia que la prensa y la señora Martha Marrero, quien acusó a la fiscal de hostigamiento sexual, obraron con malicia real al difundir alegaciones falsas en contra de Meléndez. Además, sostuvo el pago de honorarios a los abogados de la demandante. El caso se remonta al 1991.

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