URUGUAY

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La situación de la libertad de prensa en Uruguay se vio afectada por hostigamiento contra la prensa independiente desde el poder mediante la continuidad incesante de acusaciones infundadas, agravios e insultos contra medios y periodistas independientes o críticos, así como el uso discriminatorio de la publicidad oficial. En este período se han constatado agravantes, debido a sentencias judiciales y ataques crecientes, por ahora sólo verbales, desde el Poder Ejecutivo que encabeza el presidente Tabaré Vázquez, contra la prensa independiente o crítica. Entre otros hechos relevantes, el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, calificó de “impertinente” el informe anterior de la SIP; y el Poder Judicial pareció permearse por un nuevo estándar adoptado por la Suprema Corte de Justicia, que coloca el honor de los funcionarios públicos por encima de la libertad de expresión, aun cuando se trate de informaciones u opiniones de notorio interés público difundidas en la prensa. De hecho, el 10 de enero del 2007, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) dijo en su “Relatorio” anual que “en general, el 2006 no ha sido un buen año para la libertad de expresión y no se registraron mejoras en el sistema de garantías institucionales que permite su desarrollo pleno”. En junio del 2006, el presidente Vázquez había difundido una “lista negra” de ocho medios de comunicación, tres de ellos periódicos que son miembros de la SIP, acusándolos públicamente de integrar la “oposición” política contra su gobierno. No obstante las advertencias de asociaciones nacionales e internacionales de prensa, de organizaciones no gubernamentales, de partidos políticos y de prestigiosas personalidades, siete meses y medio después el presidente Vázquez ratificó su postura. El 1 de marzo el diario Plan B, de reciente aparición, consultó a Vázquez sobre si consideraba que sus opiniones habían sido “apresuradas” o si “las sigue manteniendo”. El Presidente respondió: “mantengo las opiniones expresadas”. Además, cuando se le preguntó por el “revuelo que generó” con esos ataques, contestó en un tono burlón: “no tengo claro a qué revuelo se refiere usted”. Durante el último semestre, el presidente, su secretario, ministros de Estado, connotados parlamentarios oficialistas y hasta la esposa del primer mandatario han acusado públicamente a distintos medios de prensa de “conspiraciones” y “complots” contra el gobierno que nunca probaron, de “jugar sucio”, “trampear”, “estafar”, “tergiversar” y “mentir canallescamente” al publicar noticias ciertas y de plantear “una lucha sorda” contra la administración con el “objetivo político” de “dejar la sensación” de que la situación del país “es horrible” para “limar la esperanza” de la gente. También han señalado falsamente a periodistas profesionales como integrantes de “servicios de inteligencia”, han protestado porque la prensa no “exagera las bondades del gobierno”, han atacado a la televisión privada por difundir “programación chatarra”, por convertir “la noticia en un espectáculo” y por hacer de éste “una morbosa exhibición del lado oscuro de la naturaleza humana”, han inventado inexistentes “coordinaciones” entre medios de comunicación para la publicación simultánea de noticias, en el marco de una “escalada orquestada por la derecha y por sus medios contra el gobierno” para “cuestionarlo” y “descalificarlo”, y han hecho convocatorias públicas para “dar una cerrada batalla en todos los ámbitos” al alcance del oficialismo “para desenmascarar estos operativos políticos mentirosos, injuriantes e inmorales”. El 2 de marzo del 2007, durante un acto callejero de tres horas, el presidente, acompañado por todos sus ministros, empleó la ironía para criticar a “la prensa” por comunicar las “cosas negativas” y no las “positivas” de su gestión. “...Y eso no salió en la prensa”, dijo más de una vez el presidente durante su extenso discurso luego de mencionar supuestos “logros” de su gobierno, lo que mereció el aplauso de miles de simpatizantes del Frente Amplio que asistieron al acto. “¡Tomen nota de eso, periodistas”, gritó un simpatizante vazquista dirigiéndose al lugar donde estaban los periodistas, lo que volvió a motivar aplausos del público adicto al presidente y miradas desafiantes hacia los reporteros. El 10 de octubre, el periodista Gabriel Pastor reclamó a la Administración que le informara por escrito sobre la normativa en que se basa el Estado para iniciar investigaciones, así como sobre el régimen jurídico vigente en torno al procesamiento de denuncias anónimas en su contra. En el período anterior, la SIP adoptó una resolución luego de conocer que el estatal Instituto del Niño y de la Adolescencia del Uruguay (INAU) había iniciado una investigación oficial en setiembre del 2006 para dar curso a una denuncia anónima y sin registro telefónico contra Pastor, jefe de redacción del semanario Búsqueda (ocurrida al día siguiente de que el periódico publicara una información que molestó a sus autoridades), por presuntos maltratos de él y su esposa a uno de sus hijos, de 6 años de edad, a quien los psicólogos del Estado querían interrogar. Transcurrieron más de cuatro meses y no hubo respuesta del Estado a ese petitorio ni ninguna investigación concreta sobre los presuntos maltratos que el periodista estaría infligiendo a su hijo. En cambio, el periodista fue agraviado públicamente por jerarcas de la Administración, así como por parlamentarios oficialistas, por haber hecho pública la situación que padecía. El 23 de febrero, el periodista, acompañado por un abogado, volvió a requerir del organismo competente la información básica sobre la base de la cual el Estado había resuelto investigar a su familia, pero los funcionarios actuantes le dijeron que no le proporcionarían ninguna documentación escrita sobre el tema, aunque le insinuaron verbalmente que, si no había habido ulterioridades, el caso debería estar archivado. El 5 de marzo, el periodista presentó un nuevo escrito ante el director de la División Jurídica del INAU para reiterar la solicitud de documentación que le ha sido negada hasta el momento. El 7 de diciembre del 2006, el sindicato de periodistas APU difundió el primer (y, hasta ahora, único) documento relacionado con el manejo de la publicidad oficial desde que el gobierno del presidente Vázquez asumió el poder el 1 de marzo del 2005. El “Monitoreo de acceso a la información y publicidad oficial” arrojó resultados desalentadores. En un área que durante gobiernos anteriores se prestó a conductas oscuras, arbitrarias, irregulares e ilegales en cuanto al manejo de los dineros del Estado, el primer informe divulgado sobre la actitud del actual gobierno en la materia “reveló la falta de transparencia en la distribución de la publicidad oficial y trabas para acceder a documentos públicos”. La investigación incluyó a 11 organismos del Estado que incurren en más gastos en publicidad oficial y manejan importantes fondos para esta finalidad. Algunos de estos organismos son los mismos que, en el pasado, observaron un comportamiento irregular o arbitrario en la adjudicación de la publicidad oficial. Se trata de la Presidencia de la República, dos ministerios (Transporte y Obras Públicas, y Salud Pública), cuatro bancos (el República, el de Previsión Social, el Hipotecario y el de Seguros), cuatro empresas públicas (agua y saneamiento, telecomunicaciones, energía eléctrica y combustibles) y un gobierno municipal (el de Montevideo). Según el documento, de los 11 organismos consultados, “sólo tres entregaron la información solicitada en un tiempo razonable”, cuatro “dieron trámite” a los pedidos de información, “pero pusieron obstáculos formales o burocráticos” para proporcionarla, tres ignoraron “por completo” las solicitudes y ni siquiera las respondieron. En el caso restante, “el organismo se negó a brindar la información porque entendió que el gasto en publicidad oficial se encuentra amparado por el secreto tributario”. A pesar de los obstáculos reseñados para conseguir la información, el documento concluyó sobre la base de “información privada” que, al menos en tres de los casos estudiados, la adjudicación de la publicidad oficial favoreció a medios identificados con el gobierno, en perjuicio de los medios independientes o críticos. El documento mencionó al Ministerio de Salud Pública por haber incrementado su inversión publicitaria en la prensa, aunque “el aumento” se dio “en medios claramente identificados con la tendencia política del gobierno, mientras que en otros se produjo directamente un retiro de la publicidad”. También la Intendencia Municipal de Montevideo aumentó su inversión publicitaria. Pero el documento dijo que “ese aumento en el monto invertido no es equitativo, ya que mientras algunos recibieron efectivamente aumentos, otros en cambio sufrieron una disminución. De esos datos surge además que uno de esos medios escritos (de igual tendencia política que el gobierno) recibió cuatro veces y media más de dinero por publicidad en el 2005 que en el 2004. Este aumento no se repitió en ninguno de los otros medios de los que tenemos datos”. Además, la petrolera estatal ANCAP aumentó su inversión publicitaria en la prensa. “Sin embargo —advirtió el documento— hay que señalar la desproporcionalidad de los cambios efectuados. Mientras que algunos medios vieron disminuidos sus ingresos por publicidad oficial a menos de la mitad, otros (de igual tendencia ideológica que el gobierno) los vieron incrementados hasta casi cuatro veces”. En la última semana de febrero, el periodista Carlos Dogliani, patrocinado por abogados de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y del Instituto de Estudios Sociales y Legales del Uruguay (IELSUR), presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunció a Uruguay por haber vulnerado la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) por haber violado su derecho “a la libertad de expresión”. Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay había sentenciado a cinco meses de prisión, en suspenso, a Dogliani, dos años después de que éste informara y opinara sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno departamental de Paysandú (350 km al noroeste de Montevideo). El periodista pidió a la Comisión que declare admisible su petición, que dé traslado de su denuncia al Estado que declare que se violaron los derechos consagrados en la CADH, que recomiende reparar sus derechos y que sugiera a Uruguay adecuar sus normas internas vigentes a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Otros hechos sobresalientes que afectaron la libertad de prensa: El 11 de octubre del 2006 periodistas de Cerro Largo (390 km al noreste de Montevideo) protestaron contra el jefe de Policía local por la forma en que eran tratados por el funcionario. Señalaron que éste se negaba a responder cuando se le pregunta sobre temas inherentes a su gestión y que condiciona las entrevistas que concede, según los temas que los reporteros pretenden abordar. El Ministerio del Interior amonestó verbalmente al jefe policial, pero la situación no cambió. El 26 de octubre, la Junta Departamental de Río Negro (310 km al noroeste de Montevideo) expresó su “solidaridad” con tres periodistas locales que la semana anterior habían sido agredidos verbalmente por piqueteros argentinos de la ciudad de Gualeguaychú, mientras cubrían sus manifestaciones contra la instalación de una fábrica de celulosa en la margen oriental del río Uruguay. El 31 de octubre, el periodista Angel Núñez Guerra, del diario El Acontecer, de Durazno (180 km al norte de Montevideo), es demandado penalmente por el delito de “difamación” por Mario Islas, un dirigente empresarial local y ex candidato a la Intendencia por el Partido Colorado, debido a un trabajo periodístico. El 6 de noviembre, el sindicato de periodistas APU manifestó su respaldo al periodista Martín Sarthou, del Canal 12 de televisión, luego de que éste fuera denunciado en un juzgado del sur de la Florida (Estados Unidos) por haber filmado al banquero uruguayo Juan Peirano Basso, preso en Miami a la espera de su extradición a Uruguay para ser juzgado por delitos de fraude, estafa y malversación de fondos por un monto superior a los 800 millones de dólares. El 15 de noviembre, el juez de San José (90 km al noroeste de Montevideo), Homero Rivero, desestimó un recurso de amparo presentado por el periodista David Rabinovich, director del periódico local San José Hoy, para acceder a las actas de las reuniones de la Comisión de Presupuesto de la Junta Departamental local. El juez argumentó que los órganos legislativos departamentales tenían la potestad de resolver qué información era de acceso público y cuál de carácter secreto. El fallo fue apelado por Rabinovich. El 20 de noviembre, la justicia dispuso el archivo de una demanda penal por “difamación” e “injurias” planteada contra el diario oficialista La República por cinco policías de Maldonado (135 km al este de Montevideo), procesados por “abuso de autoridad” y “lesiones graves” debido al trato que infligieron a un hombre en la vía pública en julio del 2003. El 27 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que no era inconstitucional que un periodista declare dos veces por el mismo delito, en un caso en el cual el reportero había sido denunciado por empresarios locales. El periodista Marcelo Gallardo, director del diario independiente Correo de Punta del Este (140 km al este de Montevideo), había reclamado por la inconstitucionalidad del artículo 33 de la “ley de prensa” que rige en Uruguay para las denuncias penales por “difamación” e “injurias”. Esa norma habilita a que el denunciante prosiga con el juicio aunque el fiscal pida el archivo. La Corte dijo que la norma no es inconstitucional porque coexisten dos órdenes de tutelamiento jurídico diferenciables. Por un lado, el interés genérico de la sociedad, a través del fiscal, y por otro, el honor individual, personal e intransferible de la persona agraviada. Por todo eso, el máximo órgano judicial entendió que no se viola el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, previsto en la Constitución. El 28 de noviembre, el sindicato de periodistas APU denunció que el periodista Luis Carlos Cotelo, de Radio Nacional, recibió dos llamadas telefónicas en las que una voz anónima le amenazó con atentar contra su vida. El 4 de diciembre, ante una demanda civil por U$S 100.000 contra el periodista de San José, Pablo Fernández, presentada por el edil socialista Antonio Castro, la APU subrayó que la actividad que desarrolla el reportero desde su programa en la radio local CW41 se destaca por difundir investigaciones de notorio interés público. El 16 de diciembre, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ignacio Alvarez, visitó Uruguay y reclamó impulsar las investigaciones relacionadas con la desaparición del periodista Julio Castro, ocurrida en 1977, y derogar delitos de comunicación tales como “desacato”, “difamación” e “injurias” y otras figuras que penalizan la libertad de expresión. Sin embargo, el relator no abrió juicios sobre el caso del periodista Gabriel Pastor y no hizo referencias a la conducta del Poder Ejecutivo en relación con los ataques a la prensa ni al informe sobre el manejo gubernamental de la publicidad oficial, acerca de los cuales fue informado. Álvarez se pronunció a favor de la aprobación parlamentaria del proyecto de ley de acceso a la información y de radios comunitarias y mostró su preocupación por la condena a cinco meses de prisión en suspenso al periodista Dogliani. El 21 de diciembre, el presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), León Lev, anunció que el gobierno convocará a empresarios privados para competir en televisión de abonados e Internet y habilitará la convergencia de todas las tecnologías, con el objetivo de pluralizar el sistema y terminar con “cuasi monopolios”. El 27 de diciembre, el Poder Ejecutivo revocó una decisión de la URSEC que el 15 de diciembre del 2005 había autorizado a la empresa de capitales argentinos Multicanal (Grupo Clarín) a emitir su señal de televisión para abonados fuera de Montevideo con alcance ilimitado. La URSEC, dijo el Poder Ejecutivo, pasó por alto “elementales principios de buena administración y de transparencia” y “desconoció” las normas que regulan a la televisión para abonados. El 28 de diciembre, el juez de paz de Sarandí Grande (145 km al norte de Montevideo), Waldemar Carrerou, un magistrado lego (no es abogado), resolvió que el semanario local Punto y Aparte debía pagar U$S 2.000 a un policía que hizo una demanda luego que se publicara una carta de una lectora en la que ésta cuestionaba la actuación del funcionario. La decisión judicial puso en riesgo la continuidad del semanario, que tiene un tiraje de 300 ejemplares. El 28 de diciembre, durante una reunión del Consejo de Ministros, el presidente Vázquez anunció su decisión de revocar los permisos de las radios CX50 Independencia, Concierto FM, Concierto Punta y Radio Uno, propiedad de los hermanos Berch y Aram Rupenián, luego de que ambos fueran procesados con prisión por defraudación tributaria. El 6 de febrero del 2007, el periodista Gerardo Bleier, contratado por el Poder Ejecutivo para encargarse de una nueva “Dirección de Comunicación Institucional Estratégica”, anunció que ese servicio se dedicará a recolectar información “de calidad” para el presidente Vázquez y sus ministros, según un modus operandi similar al que emplean los servicios de inteligencia militares y policiales.

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