GUATEMALA

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Durante los últimos seis meses, la situación de libertad de prensa no registra hechos violentos que lamentar, aunque persisten las amenazas aisladas en contra de periodistas, principalmente en el interior del país. Mientras tanto en el Congreso de la República no termina la discusión de importantes leyes que pueden afectar, para bien o para mal, el libre tráfico de información. En el aspecto judicial se puede aplaudir la impugnación a un artículo del Código Penal que contemplaba el desacato como delito. La Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó el recurso interpuesto por la Cámara Guatemalteca de Periodismo y lo declaró temporalmente en suspenso. Ahora se espera un fallo definitivo de la Corte, aunque ha trascendido que algunos de los magistrados que han sido señalados en el pasado por la prensa se oponen a ratificarlo. En el Congreso de la República no ha cambiado la situación de dos proyectos de ley que pueden afectar la labor periodística ya que ambos están pendientes de discusión y aprobación. El primero es el de un paquete de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre las que se incluyen restricciones en el uso de encuestas durante la campaña electoral, una prohibición que es totalmente inconstitucional, pues restringe el artículo 35 de la Constitución que se refiere con amplitud a la libre emisión del pensamiento. El otro responde a una ley general de Acceso a la Información, propuesta hace casi cuatro años que se mantiene engavetada en el mismo Congreso y ninguna agrupación política muestra interés en su discusión y aprobación, a pesar de que existe una demanda social de mayor apertura y transparencia en la información pública. Entre los periodistas amenazados figura el corresponsal de Prensa Libre, Edwin Paxtor, del departamento de Chiquimula, quien ha denunciado que las intimidaciones provienen del Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y ha presentado el caso ante el Procurador de los Derechos Humanos. Otros corresponsales en el interior han denunciado igualmente intimidaciones o ser víctimas de amenazas, pero no se aprecia hasta el momento que pueda tratarse de alguna política represiva institucional de parte del Gobierno. Las relaciones prensa-gobierno, que en los dos períodos anteriores han sido tensas y caracterizadas por un acoso marcado contra los periodistas, son ahora más respetuosas, aunque continuamente los altos funcionarios expresan su incomodidad porque la prensa, principalmente la escrita, no publica lo que ellos califican de “buenas noticias”.

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