PARAGUAY

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En este período se destacaron proyectos de ley que pretenden amordazar la prensa. Los proyectos y sugerencias provinieron de quienes fueron duramente cuestionados por actuaciones indecorosas o reñidas con la ley. El diputado del gobernante Partido Colorado, Julio Colmán, presentó un proyecto de ley que regula el Art. 28 de la Constitución y establece las formas del derecho a réplica. El proyecto consta de cuatro artículos y dispone que toda información difundida por los medios de comunicación "deberá en todo momento reconocer los derechos a la intimidad de los ciudadanos, así como emitir información veraz, ecuánime y responsable dentro de un orden de respeto a los derechos fundamentales del ser". Imponía dos años de prisión e inhabilitación profesional a quienes no rectifiquen. Colmán presentó ese proyecto ─que fue rechazado luego por sus pares del Congreso─ tras recibir fuertes críticas porque ordenó liberar un cargamento de rollos de madera cuya incautación fue ordenada por una fiscal. El senador del opositor Partido Patria Querida, José Nicolás Morínigo, sugirió a su vez establecer límites a la prensa, molesto por las críticas que recibió un proyecto de ley de su autoría para expropiar parte de una propiedad privada de inversión extranjera. La Cámara de Diputados retomó un viejo debate sobre un proyecto de ley de colegiación obligatoria de los periodistas ─junto a profesionales de otros gremios─ para ejercer la profesión. El 29 de abril, un grupo de 23 organizaciones civiles presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de libre acceso a la información pública. En calidad de vocero del denominado Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI), el periodista Benjamín Fernández Bogado sostuvo que, para las organizaciones patrocinantes del proyecto, “la información pública abierta y transparente para toda la sociedad es la mejor garantía de sustentabilidad democrática’’. El texto del proyecto de 21 artículos establece normas que obligan al funcionario estatal a dar información fidedigna y documentada a cualquier ciudadano y además dispone pena de cárcel para quienes intenten ocultar datos. Se establecen artículos donde se consigna que la información que afecte sensiblemente al sector financiero o que atente contra la intimidad de las personas no puede ser divulgada. Este proyecto de ley se sumaba a uno similar que está en comisiones y que fue presentado en el 2001 por el diputado Rafael Filizzola, del partido País Solidario. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dictaminó a favor del proyecto de ley “De libre acceso a la información pública’’, el 2 de agosto pasado. El documento presentado por legisladores de distintas bancadas reglamenta la entrega de informaciones a la ciudadanía y establece taxativamente quiénes están obligados a dar datos. Pero peligrosamente habilita que algunos temas que “podrían afectar la seguridad nacional’’ o la “intimidad de las personas físicas’’ sean negados a la población. Inclusive se establece expresamente que un funcionario puede negarse a dar información, aunque para esos casos se disponen de penas de multas progresivas. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retiró el 3 de agosto el dictamen de aprobación y decidió tomar más tiempo para estudiar el tema por lo que continúa el debate. El Congreso sancionó la ley Nº 1682 “que reglamenta la información de carácter privado”, que entre otras cosas dispone que “se prohíbe dar a publicidad o difundir datos sensibles a personas que sean explícitamente individualizadas o individualizables”. En este período también abundaron las advertencias notariales y las querellas contra periodistas de parte de funcionarios públicos afectados por investigaciones periodísticas sobre sus actividades. En una de ellas, el entonces ministro de Agricultura, Antonio Ibáñez, advirtió notarialmente y anunció una querella al periodista Erwin Rommel Gómez, del diario Última Hora, quien publicó evidencias sobre presunta venta ilegal de carne a la Policía que realizaba el alto funcionario. Ibáñez renunció posteriormente abrumado por testimonios recogidos en su contra. Otro ataque a la prensa provino del senador del gobernante Partido Colorado, Juan Carlos Galaverna, quien afirmó en un discurso en el acto conmemorativo de dicho partido, que la prensa es la principal responsable de la crisis política que atraviesan algunos sectores del país. A esto se sumaron varias amenazas y agresiones sufridas por periodistas de distintos medios en diversos puntos del país, que originaron un pronunciamiento del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) en que denuncia el clima de inseguridad que rodea la actividad periodística en el país. El 28 de marzo pasado, el juez en lo Civil Alberto Martínez condenó al director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, a pagar una indemnización equivalente a 50.000 dólares aproximadamente, al ex senador nacional Francisco José de Vargas. El magistrado argumentó que se dañó la moral del ex parlamentario con una publicación que refería que en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados habría “corrido dinero’’ para remover del cargo al fiscal Alejandro Nissen, conocido por investigar presuntos hechos de corrupción que involucran a altas autoridades. El ex senador De Vargas integraba entonces el citado organismo juzgador. La sentencia fue apelada por la defensa de Zuccolillo. “La noticia desarrollada en la portada y en la página 2 de ABC Color no se encuentra firmada por periodista alguno, es por ello responsabilidad del director asumir las consecuencias de esta información’’, argumentó el magistrado en su resolución. En abril, el corresponsal del diario ABC Color en la ciudad de Curuguaty, 400 km. al este de Asunción, Pablo Medina, fue objeto de amenazas de muerte, principalmente por sus artículos sobre el tráfico de madera. El 22 de abril, el diario Última Hora denunció que una persona, quien se presentó como enviado del ex ministro de Salud Pública Julio César Velázquez, intentó sobornar al periodista de ese medio Erwing Rommel Gómez, para acallar una investigación periodística sobre un caso de desvío millonario de dinero. El 19 de abril, funcionarios del Ministerio de Justicia y Trabajo se presentaron en el diario Última Hora, donde exigieron a dicha empresa que en un plazo de 48 horas entregara una extensa lista de documentos. La disposición fue firmada por el vice ministro de Trabajo y Seguridad Social Rubén Sosa López, alegando que la “inspección’’ respondía a un pedido del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP). La organización afirmó, sin embargo, no haber efectuado dicha solicitud. El 29 de abril, Obdulio Espinoza, intendente de la ciudad de San Antonio, 20 kilómetros de Asunción, amenazó en dos ocasiones al corresponsal del diario ABC Color Higinio Ruiz Díaz. A través de llamadas telefónicas, Espinoza advirtió al periodista: "Acordate de que vos también tenés una hija, que tenés una familia y tenés que cuidarte’’, según denunció el afectado. La causa habrían sido artículos sobre corrupción en la administración pública. El director periodístico de Última Hora Ignacio Martínez, quien acompañó al periodista Gómez en el acto de intimación, respondió a la escribana Arrúa de Doldán: “Todo lo que se puede decir está publicado en el diario’’. Sobre este caso, el diario Última Hora calificó como “otro intento por amedrentar y silenciar a la prensa’’, en su nota editorial publicada el 31 de mayo pasado. “Con la amenaza de dos años de prisión y el reclamo de una millonaria suma a un periodista de Última Hora, en lugar de aclarar las acusaciones que se formulan en contra de él, el ministro de Agricultura y Ganadería, Antonio Ibáñez, recurre a la práctica de usar la ley como arma para intentar acallar la labor periodística. Un viejo recurso que no logrará frenar nuestra misión de transparentar la función pública’’, expresa un párrafo del citado editorial. Abrumado por las evidencias y testimonios incluidos en las notas periodísticas mencionadas, el ministro presentó días después su renuncia. Inexplicable dilación de la justicia: Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia no resuelve una apelación presentada por el diario La Nación contra un a sentencia judicial sobre supuesta estafa en un juego promocional en 1996. El recurso lleva ya más de dos años y se ha comprobado sin lugar a dudas la falta de fundamento de la querella. En este sentido, el mismo Ministerio Público recomendó la absolución completa de los demandados. Un oficial venezolano y el teniente paraguayo Carlos Casco, que formaban parte del grupo de custodios del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien visitó el Paraguay, agredieron brutalmente el 21 de junio pasado al fotógrafo Claudio Prieto, de Última Hora, cuando intentaba cumplir con su labor periodística. El 20 de julio, concejales de la Junta Municipal de la ciudad de Caaguazú, 220 km. al este de Asunción, prohibieron el acceso de la prensa en las sesiones del organismo comunal. El conflicto surgió cuando un concejal fue filmado durmiendo en plena sesión. El 4 de agosto, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció un peligroso aumento de la inseguridad para el trabajo periodístico. Condenó la destrucción de la radio comunitaria “Quebracho Poty’’ en la ciudad de Puerto Casado, 700 km. al norte de Asunción, la agresión al reportero gráfico del diario Vanguardia de Ciudad del Este, fronteriza con el Brasil, Antonio Amarilla y amenazas de muerte a dos periodistas en Ciudad del Este y Pedro J. Caballero. Una de las afectadas es la coordinadora de la filial del SPP en Ciudad del Este, Mariana Ladaga, corresponsal del diario La Nación. Otro corresponsal de ese medio, Emerson Dutra, denunció haber recibido también amenaza de muerte por vía telefónica, proveniente probablemente de la mafia ligada al narcotráfico. El 10 de agosto, el funcionario de Transporte del diario Última Hora, Filisberto Ramón Talavera, fue agredido con golpes de revólver por un agresor que al momento de pegarle le dijo: “Ustedes los de Última Hora, ya otra vez’’. El 23 de agosto, la modelo Rossana Beltrán querelló a los periodistas Víctor Benítez y Manuel Bernardes, de Radio Uno, por la supuesta comisión de delitos de difamación e injuria grave. Ambos ironizaron en sus respectivos programas declaraciones públicas de la conocida modelo de que ella era virgen y pensaba llegar así al matrimonio. El 20 de setiembre, el coronel en situación de retiro Vladimiro Woroniecki presentó una demanda por daño y perjuicio patrimonial contra varios periodistas y medios de prensa, a los que acusó de haberle sindicado como autor material del asesinato del vicepresidente de la República Luis María Argaña, ocurrido el 23 de marzo de 1999. Woroniecki reclamó una indemnización equivalente a unos 35 mil dólares a los periodistas Ignacio Martínez, Esteban Areco, Cristian Alvarenga y Marlene Franco, entonces en el diario Noticias, hoy desaparecido. También reclamó un monto global de aproximadamente 300 mil dólares al Canal 9 de televisión y a los diarios Noticias, Última Hora y Popular. Woroniecki afirmó que algunos medios, especialmente Noticias, se ensañaron contra su persona “con publicaciones falsas que violentaron gravemente mis derechos", por lo que soportó cárcel y un largo proceso judicial, antes de ser desvinculado del caso. El 21 de setiembre, el fiscal Delio González ordenó el allanamiento de la vivienda del periodista Héctor Guerín, director del diario Vanguardia, de Ciudad del Este, 330 km. de Asunción, y corresponsal del diario ABC Color en esa localidad, para confiscar una camioneta de la esposa del periodista, Ángela Morínigo, por ser supuestamente robada. Se trata de un antiguo proceso judicial reactivado en esta ocasión, lo que, según el periodista, constituye una mera represalia por las constantes denuncias del mismo de hechos de corrupción que afectan presuntamente a fiscales de Ciudad del Este. La intervención en la casa de Guerín se realizó en forma aparatosa. Posteriormente, la empresa que representa a la marca de la camioneta en cuestión en el Paraguay aclaró que esta fue importada legalmente por la firma y que más adelante el vehículo fue vendido, ya como usado, a la esposa del periodista Guerín.

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