Cuba

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El panorama del periodismo en Cuba continúa marcado por el inmovilismo y la censura gubernamental, con nuevos episodios de campañas propagandísticas en los medios oficiales, hostigamiento a los periodistas independientes y desprecio por los intereses informativos de la población. En este período, los medios de comunicación controlados por el Estado se han visto inundados por una estrafalaria e hipócrita campaña a favor de la liberación de los llamados “Cinco Héroes Prisioneros del Imperio”, cinco ciudadanos cubanos encausados y condenados por un tribunal de Estados Unidos por pertenecer a una red de espionaje al servicio del gobierno de la Isla. Las referencias a estos supuestos patriotas son permanentes, con el argumento de que se trataba de personas infiltradas en Estados Unidos para combatir el terrorismo y neutralizar las actividades de los grupos de la comunidad cubana de Miami. Simultáneamente, el principal periódico del país y órgano del Partido Comunista, el Granma, desliza comentarios infamantes, aseverando en uno de sus artículos “conmemorativos” por el primer aniversario de los atentados terroristas en Nueva York y Washington, que “si el 11 de septiembre no hubiera ocurrido, el presidente George W. Bush y el complejo militar industrial lo hubieran inventado”. Sin embargo, los medios cubanos no han hecho la más mínima mención a un caso de espionaje a favor de Cuba en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, detectado el pasado año y sentenciado hace unos días por un juez federal en Washington. Este caso, protagonizado por la ciudadana estadounidense Ana Belén Montes, constituye el incidente de espionaje de mayor envergadura que involucra a Cuba en las últimas cuatro décadas, con comprometedoras derivaciones sobre temas de seguridad nacional en Estados Unidos. Otro de los espectáculos propagandísticos orquestados por la prensa oficial fue la campaña de firmas para realizar una reforma constitucional que declarara “irrevocable” al socialismo. La maniobra constituyó una tácita respuesta a un proyecto de referendo presentado por grupos opositores pacíficos, con el apoyo de más de 10.000 firmas de ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional –el llamado Proyecto Varela. Como es ya costumbre, el conocimiento de la población sobre el suceso fue escamoteado y la información periodística sobre el Proyecto Varela fluyó exclusivamente a través de la prensa independiente y los medios internacionales. Al silenciamiento oficioso del Proyecto Varela, el gobierno cubano opuso un arrollador barraje propagandístico que inundó los medios de comunicación con afirmaciones pueriles sobre el apoyo de la ciudadanía a las reformas constitucionales, sin un complemento informativo de los reales motivos de esta inusitada campaña. Como consecuencia de esta política totalitaria, el desafío de los periodistas independientes al control informativo del Estado sobre la información pública sigue enfrentando el peso de la represión oficial. El caso más notorio continúa siendo el de Bernardo Arévalo Padrón, a quien recientemente las autoridades han trasladado para un campamento de trabajo de máximo rigor, ubicado en la cárcel de Ariza, Cienfuegos. La situación es alarmante, toda vez que los funcionarios del penal informaron a los reclusos comunes que perderían visitas y otras concesiones debido a las “indisciplinas” de Arévalo, quien envió varios informes sobre la prisión a los medios de prensa. Arévalo, fundador de la agencia independiente Línea Sur, cumple una condena de seis años de cárcel desde el 28 de noviembre de 1997, bajo acusaciones de “desacato” a la figura del presidente Fidel Castro y del vicepresidente Carlos Lage. Otros acontecimientos significativos desde el pasado marzo son: Los reporteros Léxter Téllez Castro y Carlos Brizuela Yera, de la Agencia de Prensa Libre Avileña y del Colegio de Periodistas Independientes, han recibido peticiones fiscales de seis y cinco años de cárcel, respectivamente. Ambos fueron arrestados el pasado 4 de marzo durante una protesta cívica en Ciego de Avila, y desde entonces han continuado enviando informaciones sobre las condiciones de vida y los maltratos de que han sido testigos en los centros penitenciarios donde permanecen. El reportero Carlos Alberto Domínguez, de la agencia Cuba Verdad, está detenido desde el pasado 29 de marzo en la prisión de Valle Grande, desde donde ha continuado denunciando las pésimas condiciones de vida de los reclusos en esa instalación penitenciaria. Aún no se le ha celebrado juicio. El corresponsal Angel Polanco, que reside en La Habana, permaneció encarcelado por cinco días en la sede de la Seguridad del Estado en la capital. Los agentes policiales revisaron su casa, le confiscaron equipos de oficina y le incautaron sus archivos. También se le confiscaron $1,500 dólares. El periodista había regresado de Miami, donde recibió tratamiento médico. El periodista Carlos Serpa Maceira fue víctima de una agresión policial en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, y posteriormente recibió una multa de 30 pesos. Otros miembros de la prensa independiente fueron objeto de los métodos policiales que, con regularidad, prevalecen para obstruirles el acceso a las fuentes de información y a la cobertura de eventos. En todo el país, reporteros independientes recibieron el tratamiento acostumbrado de las autoridades policiales: llamadas de intimidación, detenciones temporales en sus domicilios, advertencias, multas, chequeos y expulsiones forzosas de los lugares adonde acuden para realizar su trabajo. Las gestiones de superación profesional, en Cuba o por invitaciones al extranjero, son insistentemente bloqueadas. La Sociedad Manuel Márquez Sterling –que agrupa a la mitad de los 120 periodistas independientes de la isla- se ha visto impedida de realizar sus cursos de capacitación. Al mismo tiempo, los periodistas Claudia Márquez, Marvin Hernández Monzón, Víctor Domínguez y Luis García, invitados en este período por el Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP) para seminarios en Panamá y México, no pudieron siquiera iniciar sus trámites de viaje debido a la renuencia de las autoridades migratorias. Persisten asimismo las demoras y negativas de los permisos para emigrar o viajar al extranjero. Al periodista y poeta Raúl Rivero, director de CubaPress, se le mantiene en un “cautiverio nacional” que se prolonga ya por catorce años, a pesar de las numerosas invitaciones que regularmente recibe para participar en ferias y eventos literarios en el extranjero. No se le otorga salida temporal, aunque se le “invita” a salir definitivamente del país. Tras varios años de similares represalias, su esposa pudo finalmente viajar a Estados Unidos para visitar a su hijo. Se mantienen las mismas dificultades de los periodistas independientes para hacer llegar sus informaciones a los espacios y agencias distribuidoras en el exterior. Los reportes continúan transmitiéndose por vía telefónica (cobro revertido) y, con menos frecuencia y posibilidades, vía fax. El acceso al correo electrónico y la Internet sigue siendo una quimera imposible para los profesionales independientes dentro de la Isla. Se ha impedido incluso, bajo decreto estatal 383/2001, la venta de piezas y utensilios tecnológicos que permitían a algunos ciudadanos hacerse de una computadora personal mediante ensamblajes caseros y está prohibido ingresar una computadora desde el exterior si la persona no cuenta con una carta especial de autorización de la llamada Oficina Nacional de Seguridad Tecnológica. Mientras, los servicios online habilitados en hoteles, cibercafés y centros turísticos a través de tarjetas pagadas en moneda convertible, están vedados para los representantes del periodismo independiente, cuyo trabajo se considera una “labor contrarrevolucionaria pagada por el enemigo”. A comienzos de septiembre, las autoridades estatales anunciaron la puesta en marcha del primer proyecto cubano de televisión virtual en vivo en Internet, las 24 horas al día. La presencia permanente de la televisión cubana es fruto de la colaboración de entidades gubernamentales de la isla y la corporación Hspeed Net de Alemania. Este servicio, dedicado a promover hacia el exterior la visión triunfalista del régimen, amplía la primera incursión de la televisión cubana en la Internet, que en los últimos tres años ha sido una plataforma para la transmisión, con carácter diario, de las llamadas Mesas Redondas Informativas y otros programas de propaganda política que, en el lenguaje de la demagogia gubernamental, son descritos como “frentes de batalla contra la libertad de mentir”. La oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) ha anunciado desde ahora y hasta febrero del 2003, una jornada de homenaje por el centenario del natalicio del periodista checo Julius Fucik, en una desfasada maniobra de fortalecimiento ideológico que han llegado a vincular incluso con la campaña de liberación de los cinco espías prisioneros en Estados Unidos. La fecha de muerte del controversial Fucik –8 de septiembre de 1943- era utilizada en el bloque socialista para celebrar el Día Internacional del Periodista, pero posteriormente la efeméride había sido sustituida en Cuba por otra de carácter nacional, el 14 de marzo, día del surgimiento de Patria, periódico fundado por José Martí en 1892. Un verdadero gesto de rancia demagogia y colosal ironía ocurrió recientemente en La Habana, sede del Tercer Encuentro Mundial de Corresponsales de Guerra. En el evento, se abogó por asumir el periodismo con ética profesional y ser leales a “la verdadera libertad de prensa, la que es fiel a los pueblos”, oponiéndola a “la secuestrada y proclamada por los propietarios de los grandes medios”. En este contexto de doble discurso, transcurrió la visita de 40 representantes del periodismo de Estados Unidos, invitados por la Sociedad Americana de Editores de Periódicos (ASNE). Eufemísticamente, las máximas autoridades cubanas y los directivos de la UPEC hablaron a los visitantes sobre “vínculos comunes”, espíritu cooperativo e intercambios bilaterales, a espaldas del embargo informativo que el propio gobierno ha impuesto a los ciudadanos nacionales. Una vieja estrategia que se sustenta en abrir el puente comunicativo en una sola dirección, bajo la mirada fiscalizadora del Estado. No queremos concluir este informe sin hacer mención al colega y amigo Carlos Castañeda, miembro prominente del Comité de Libertad de Prensa de la SIP, quien falleciera el pasado 10 de octubre en Lisboa. Castañeda, quien estuvo responsabilizado con la elaboración del informe sobre la situación del periodismo en Cuba por varios años, fue un apasionado defensor de la prensa como instrumento de la democracia, el intercambio de ideas y la participación ciudadana. Sus esfuerzos y desvelos por la restauración de un sistema de prensa libre en una Cuba futura seguirán guiando nuestros reclamos por lograr la restauración de un espacio democrático de comunicación en la Isla.

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