Ecuador

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ECUADOR Informe ante la Reunión de Medio Año Caracas, Venezuela 28 al 30 de marzo del 2008 Las amenazas y agresiones del gobierno contra la libertad de expresión bajaron considerablemente de tono en las últimas semanas. El presidente Rafael Correa agradeció en público a los medios de comunicación por su papel durante el conflicto diplomático con Colombia. El hecho más grave fue la amenaza del Estado contra Ecuavisa por la difusión del audio grabado de conversaciones entre oficiales de la Marina que revelaron ciertos aspectos desconocidos de la crisis interna que enfrentó esa rama de las Fuerzas Armadas recientemente. Los representantes de Ecuavisa comparecieron el 5 de marzo ante el Conartel para dar su versión de los hechos, pero éste todavía no se pronuncia. El énfasis en materia de libertad de prensa por ahora está puesto en lo que decidirá la Asamblea Constituyente. Aunque en el debate se ha insistido en la intervención del Estado, aún no hay propuestas concretas. Está por cumplirse un año desde que el presidente Rafael Correa presentó la denuncia contra La Hora por desacato. El diario quiteño ha entregado en estos meses una serie de pruebas de descargo, pero el fiscal, que debe decidir si inicia la instrucción acusatoria o archiva el proceso, aun no se pronunció. El plazo para que lo haga se cumple el 10 de mayo próximo. Mientras tanto, el Gobierno ha continuado con su plan de crear su propio sistema de medios. El canal estatal TV Ecuador inició sus transmisiones en diciembre pasado de manera muy irregular. Asimismo, se rediseñó y relanzó el diario El Telégrafo a mediado s de marzo en formato berlinés, con una agresiva presencia de publicidad oficial. Se han hecho anuncios también de que la antigua Radio Nacional y Radio El Telégrafo (que pasó a manos del Estado junto con el diario del mismo nombre) volverán a salir al aire muy pronto. Otros hechos relevantes de este periodo son: El 13 de octubre, el Gobierno presentó una demanda de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la obligatoriedad de la agremiación o colegiatura que se exige a varios sectores, entre ellos, el periodístico. El 12 de marzo, el Tribunal emitió la resolución Nº 38-2008 que declara inconstitucional por razones de fondo dicha obligatoriedad. La sentencia cita la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había interpuesto la SIP a través del gobierno de Costa Rica en 1985. Sin embargo, la resolución aún no se encuentra vigente y no está publicada en el Registro Oficial, por cuanto se ha solicitado una aclaración y ampliación. El 26 de octubre, en Balzar, provincia del Guayas, un equipo de reporteros de Teleamazonas es atacado por una veintena de personas lideradas por un funcionario del Municipio de la localidad mientras informaban sobre la adquisición de una ambulancia con un supuesto sobreprecio. Más tarde, el canal local, Visión TV, es apedreado luego de informar la agresión de que eran víctimas los reporteros de Teleamazonas. El 29 de octubre, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) cuestiona la transmisión de marchas a favor de la provincialización de la península de Santa Elena por las emisoras La Voz de la Península, Ritmo y Panorama, y el canal Brisa TV en las que supuestamente se habría incitado a la violencia. El 7 de noviembre el presidente Correa anunció una demanda de inconstitucionalidad en la conformación del directorio de dicho organismo, cuestionando la presencia en el mismo de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) y la Asociación Ecuatoriana de Canales de TV (AECTV), que las convertiría en juez y parte. Un mes más tarde el Conartel cambió de postura e inició el proceso de reversión, primero con las repetidoras de radio Morena en las provincias de Manabí y Santa Elena, y luego ampliando la decisión en febrero a otras 42 frecuencias. Un informe de Contraloría, poco antes, supuestamente confirmó la denuncia de actos ilícitos. El 29 de diciembre, quince emisoras de Guayaquil, Machala y Portoviejo son investigadas por el Conartel, por la cobertura que dieron a la marcha que lideró el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hacia Montecristi el 27 de diciembre y que fue impedida de avanzar por la fuerza pública en el sector de La Cadena a 70 kilómetros de Guayaquil. La AER, núcleo del Guayas, envió una carta a dicho organismo expresando su desconcierto por el pedido, argumentando que“no quisiéramos pensar que se trata de un acto de represión o amedrentamiento”. El gremio sugirió a las emisoras enviar el material solicitado, “aunque no existe obligación jurídica”, por respeto a la ciudadanía. Las grabaciones fueron entregadas el 3 de enero.El Conartel concluyó el tema exhortando a Radio Sucre y Radio Caravana a no usar “epítetos, insultos o vocabulario inadecuado”. El 5 de enero, el presidente Correa hace pública la información del Servicio de Rentas Interna de varios medios de comunicación de televisión y de prensa escrita de los últimos años relacionando las ventas con el impuesto a la renta pagado sin dar a conocer los costos.El presidente concluyó: "Para que vean a quiénes nos estamos enfrentando y de quiénes recibimos las noticias", a propósito de que en el país se debatía el proyecto de ley tributaria presentada por el ejecutivo a la Asamblea. El 31 de enero, en el marco de la Asamblea Constituyente, la asambleísta, Pilar Núñez, impulsa un proyecto para que se declaren las frecuencias de radio y televisión como patrimonio nacional y social, lo que al menos implicaría la reversión de todas las frecuencias asignadas. El 7 de febrero, el Conartel evalúa la transmisión de radio La Luna, propiedad del asambleísta Paco Velasco, del movimiento PAIS, en la que supuestamente profirió insultos contra el ex ministro de Economía, Mauricio Pozo. El mismo día, periodistas de Diario Súper son agredidos por miembros de la Policía Nacional, en las oficinas del Banco Nacional de Fomento de Milagro, cuando los reporteros buscaban información de los perjudicados en la distribución de la urea y de la mala atención que reciben en esa institución. Dos uniformados de la Policía Nacional trataron de impedir que se realice la labor periodística. El 11 de febrero, Jorge Yunda, presidente del Conartel, es cuestionado por la adjudicación de una frecuencia –cuando todavía era parte del Gobierno- que la devolvió el 19 de diciembre del año pasado, según él, por ética personal.

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