Colombia

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Como consecuencia del aumento de la polarización política que se vive en el país y por las continuas fricciones que se presentan entre las distintas ramas del poder público, el ambiente para el ejercicio de la libertad de prensa y opinión se ha visto afectado en los últimos meses. Este semestre se caracterizó por el aumento de acciones de carácter judicial y administrativo contra medios de comunicación y columnistas, y por la utilización de mecanismos de presión contra periodistas – como citaciones a declarar en investigaciones judiciales – en un claro desconocimiento del secreto profesional consagrado en la Constitución. Se presentaron además, desde el Gobierno Nacional, descalificaciones a medios y a periodistas porque en desarrollo de la libertad de informar, publican investigaciones y denuncias relacionadas con hechos en los que están implicados funcionarios del Gobierno o congresistas de su coalición, como es el caso de la denominada “Parapolítica” o la “Yidispolítica”, el narcotráfico y sus relaciones con algunos miembros de la Fiscalía y de la Policía Nacional. León Valencia, María Jimena Dussan, Salud Hernández, Rodolfo Segovia y Fernando Londoño, de la casa editorial El Tiempo; Alfredo Molano y Pascual Gaviria de El Espectador; Ernesto Mc Causland de El Heraldo y también columnista de El Tiempo; Raúl Tamayo de El Colombiano, y Diego Martínez de El País, entre otros columnistas, fueron denunciados penalmente por calumnia e injuria en procesos que continúan en los estrados judiciales. Son varios los periódicos que enfrentan tutelas y demandas, incluso relacionadas con la responsabilidad civil, por informaciones que se publican con base en boletines de prensa de la Fuerza Pública. Se registran también en el Consejo Nacional Electoral algunas investigaciones por la publicación de encuestas en medios de comunicación. En el plano legislativo, de acuerdo con el seguimiento de Andiarios, avanza en el Congreso el estudio de un proyecto de ley estatutaria que regula el derecho a la información con graves implicaciones para el ejercicio libre e independiente del periodismo. Por cuanto crearía un Consejo de información conformado por autoridades y asociaciones de medios y periodistas, con el riesgo de que podría erigirse en una especie de tribunal de censura. Fue radicado otro proyecto que busca sustituir por multa, la pena de prisión prevista actualmente para el delito de injuria y calumnia. Este proyecto elimina la calumnia indirecta. Otro proyecto, que buscaba impedir el acceso a la información confidencial y castigar con cárcel a quien revelara información y material probatorio en reserva, fue retirado por su ponente. Asimismo, el proyecto que condicionaba la retractación en un proceso por injuria y calumnia a la entrega de una aclaración con la firma del ofendido, no continuó su trámite. En lo que respecta al derecho a la integridad física de los periodistas, no hubo en este semestre ningún homicidio relacionado con el ejercicio de la profesión. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, este semestre presentó una disminución en las violaciones relacionadas con amenazas, que sigue siendo la forma más común de intimidación y presión, especialmente contra los periodistas que ejercen la profesión en provincia. En la lucha contra la impunidad, hay que destacar las decisiones de la Fiscalía General de la Nación tendientes a resolver el asesinato del periodista Nelson Carvajal Carvajal, ocurrido en Pitalito, Huila, y cuyo caso la SIP elevó en el 2002 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue capturado el presidente de la Asamblea de Diputados del Huila, Carlos Augusto Rojas Ortiz, como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del periodista y en la misma decisión, la Fiscalía pidió a la Procuraduría tramitar ante la Corte Suprema de Justicia la revisión de la decisión adoptada por el Juzgado Especializado de Neiva y por el Tribunal Superior de Neiva, mediante la cual fueron absueltos Fernando Bermúdez, ex concejal de Pitalito y a Ramiro Falla, ex alcalde de esa misma población. En este periodo, la Unidad de Derechos Humanos pidió a la Unidad de Justicia y Paz dentro de la Fiscalía colombiana, que se practiquen pruebas y se alleguen documentos sobre los paramilitares desmovilizados que han rendido versión libre en los casos de los homicidios, entre muchos otros, de José Arturo Guapacha, Didier Aristizabal y Jaime Garzón, lo que abre una esperanza en el esclarecimiento de estos crímenes. Así también se continuó con el trabajo realizado en la recepción de declaraciones y llamados a indagatoria en los procesos que se siguen por los asesinatos de Amparo Leonor Jiménez, Carlos José Restrepo Rocha, Pablo Enrique Medina, Jaime Rengifo Revero, José Duviel Vásquez, Orlando Sierra y Gustavo Ruiz Cantillo. Se espera en los próximos días, los fallos condenatorios para los autores de los homicidio de José Emeterio Rivas y Martín La Rotta, quienes solicitaron sentencia anticipada. Hechos relevantes durante este período: Julio César Ardila, ex alcalde de Barrancabermeja, se entregó el 30 de abril ante un juzgado en Bucaramanga, Santander. Ardila, quien negó las acusaciones en su contra, estaba prófugo de la justicia desde hacía 4 años. Es investigado por el asesinato de José Emeterio Rivas (7 de abril de 2003), director del programa contra la corrupción administrativa de la Emisora Calor Estereo del puerto petrolero de Barrancabermeja. El 24 de mayo fue encontrado muerto el periodista Carlos Humberto Jiménez, en Cali, en el Valle de Cauca. El asesinato, según las autoridades, tiene móviles personales. El periodista había sido corresponsal del periódico El Tiempo en Cali. La Fiscalía anunció que adelanta investigaciones para reabrir formalmente la investigación por el homicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano (17 de diciembre de 1986). La decisión del ente investigador se dio a raíz de un artículo publicado por ese mismo diario en diciembre de 2007, bajo el título Lazos Familiares, en el que denunciaba que algunos nombres y sociedades de una trama ilegal de dineros nunca fueron tenidos en cuenta dentro del proceso. El editor fotográfico del periódico El Heraldo de Barranquilla, Jairo Buitrago, denunció haber sido agredido por agentes de la Policía al negarse a entregar las fotos que había tomado en una audiencia pública de formulación de cargos a una mujer que ocasionó la muerte de dos personas en un accidente de tránsito. Un fiscal de Bogotá solicitó al programa de TV Séptimo Día, del Canal Caracol, entregar el archivo periodístico de una investigación sobre procedimientos estéticos quirúrgicos realizados de manera irregular y le ordenó no emitir el programa hasta tanto las autoridades no realizaran la investigación del caso. Según reportó la Fundación para la Libertad de Prensa, Claudia Julieta Duque renunció a las medidas de protección que le habían sido dispuestas por el Ministerio del Interior en diciembre de 2003. La periodista del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, denunció que sus escoltas entregaban informes pormenorizados de sus movimientos a los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Duque es víctima de amenazas y seguimientos desde 2001, a raíz de su investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. En junio surgió una polémica en los medios, al tiempo que se inició una campaña de recolección de firmas de apoyo al columnista del diario El Espectador, Alfredo Molano, a quien en febrero pasado una fiscal imputó cargos por injuria y calumnia por una columna en que señalaba a las familias Araujo de conductas ilícitas. Otra polémica se suscito al conocerse la noticia según la cual, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República estaba elaborando un manual de redacción para unificar los contenidos periodísticos de los medios de comunicación y de las Facultades de Comunicación Social del país. Sin embargo, César Mauricio Velásquez, jefe de comunicaciones del presidente Álvaro Uribe, aclaró que dicho manual era solo “una guía de forma en cuanto al uso correcto de comas, números, mayúsculas y minúsculas, para uso interno del Gobierno”. El periodista Ernesto McCausland denunció a la URR de la SIP, que los Concejales de Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico habían aprobado una proposición para denunciarlo penalmente por sus críticas contra esa corporación. McCausland había publicado una columna en la que expresaba su temor de que los concejales de la ciudad convirtieran el Carnaval de Barranquilla en un botín político. Fue además víctimas de insultos por parte de algunos miembros del Concejo. El apoyo de las organizaciones de Libertad de Prensa a McCausland, hicieron que el Concejo desistiera de la proposición. El director de la revista La Verdad, Pedro Cárdenas, denunció haber sido golpeado en Bogotá por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Cárdenas denunció a la FLIP que uno de los hombres lo amenazó con un arma al tiempo que le advirtió que no distribuyera la revista en el departamento del Tolima, en donde Cárdenas viene denunciando los vínculos de los políticos con los paramilitares. El periodista está cobijado por el programa de protección a periodistas del Ministerio del Interior. Estuvo en el exilio por un año debido a amenazas en su contra. El 19 de junio, la guerrilla del ELN liberó al periodista Mario Alfonso Puello de Radio Delfín en La Guajira. No se conocen los móviles del secuestro ocurrido el 17 de febrero cuando Puello regresaba de un trabajo de alfabetización con docentes de la Universidad a Distancia. Alias ‘El Iguano', paramilitar desmovilizado del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, confesó en versión libre que el ex subdirector Nacional del DAS, José Miguel Narváez, instigó al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, para que asesinara al periodista Jaime Garzón. Días después, otro paramilitar, Ever Veloza, alías HH, dijo en su versión libre que algunos militares también habían estado detrás del crimen. Luis Fernando Soto Zapata, el asesino del subdirector La Patria, Orlando Sierra (30 de enero de 2002), murió en un enfrentamiento con policías que lo perseguían luego de un asalto en Cali, en el Valle del Cauca. Soto Zapata había recuperado la libertad en octubre de 2007, luego de cumplir solo 5 años de cárcel, gracias a una serie de beneficios jurídicos, que fueron rechazados por el gremio periodístico. En julio un grupo de soldados hizo disparos al aire e impidieron el trabajo de un grupo de periodistas del diario La Nación del Huila, RCN Televisión y el Magazín 740, en San Vicente del Caguán en el Caquetá, cuando buscaban información sobre un enfrentamiento armado. Los periodistas denunciaron que al Ejército en esa zona del país no le gusta que sean grabadas imágenes de su trabajo y que frecuentemente son objeto de intimidaciones. El 20 de julio, día de la independencia nacional, varios periodistas de Arauca que cubrían la “Marcha por la Libertad” recibieron amenazas de las FARC. Entre los amenazados se encuentra Carmen Rosa Pabón, directora de Noticias Caracol de La Voz de Cinaruco, y Phillip Moreno, corresponsal del Canal RCN en ese departamento. Este hecho se suma a las amenazas que recibieron en mayo los periodistas de la emisora Sarare Estéreo de Saravena, también en Arauca, cuando encontraron la fachada de la emisora pintada con las insignias de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó las declaraciones en las que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aceptó que el Ejército colombiano utilizó la imagen del canal internacional Telesur en el reciente operativo de rescate de 15 secuestrados en poder de las FARC. Para la FLIP, la suplantación de un equipo periodístico por parte de las Fuerzas Armadas acrecienta aún más la vulnerabilidad que enfrenta el periodismo en Colombia, especialmente en las zonas donde están presentes los grupos armados ilegales e implica un desconocimiento de la condición de civil que ostentan los periodistas en desarrollo de conflictos armados. En agosto el presidente Álvaro Uribe Vélez pidió investigar si el director de Noticias Uno, Daniel Coronell, incurrió en delito por no haber denunciado o divulgado, en 2004, una entrevista en la que la ex congresista Yidis Medina relata que recibió prebendas del gobierno a cambio de su voto para el trámite del acto legislativo que permitió la reelección presidencial en Colombia. El gremio periodístico rechazó la actitud del Presidente. La Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes citaron a los periodistas Rodrigo Silva de Caracol Radio y a Edgar Velosa y Sandra Pureza, del Canal Caracol, para que declararan en procesos de la llamada parapolítica y en un proceso por cohecho. Los periodistas rechazaron la citación y advirtieron que la Corte y el Congreso no pueden pretender que ellos violen la reserva de la fuente. La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a los periodistas William Parra, de Telesur, y Carlos Lozano, director del semanario Voz, por presuntos nexos con la guerrilla de las FARC, con base en la información obtenida en los computadores del jefe guerrillero Raúl Reyes. El 21 de agosto, la Corte Suprema de Justicia, emitió un importante fallo en el que ordenó al Ejército entregar la información solicitada por un periodista, y determinó que cualquier entidad que niegue información bajo el amparo de la seguridad nacional debe explicar las razones. El 2 de septiembre los poderes Legislativo y Judicial de Colombia aceptaron recomendaciones para estudiar reformas de política pública para combatir la impunidad, durante un foro judicial convocado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Diarios Colombianos (ANDIARIOS), y del que participaron magistrados, jueces, fiscales, periodistas y directores de medios de comunicación. Las recomendaciones surgieron del trabajo realizado por los abogados Rodrigo Uprinmy y Guillermo Puyana para detectar irregularidades en el proceso judicial del crimen del periodista Orlando Sierra, las que permitieron que el autor material del asesinato haya sido sancionado a 19 años y seis meses de prisión, cuando le hubieran correspondido 39 años según el tipo de delito agravado, y que fuera liberado después de cumplir solo cinco años de condena. Cursa en el Congreso un proyecto de ley que, buscando la “democratización de los medios,” los obliga a llevar las empresas a la bolsa de valores.

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