Bolivia

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No han cesado los ataques contra los medios de comunicación social y los periodistas, desde que el presidente Evo Morales, en 2005, calificó a la prensa como “el principal enemigo del gobierno”. Una misión de la SIP visitó al presidente Morales, el 27 de mayo. La SIP criticó los ataques contra periodistas y medios independientes, así como los propinados por los sectores de la oposición contra comunicadores y medios del Estado que sirven únicamente al Gobierno. La SIP evaluó las quejas de diversas organizaciones de periodistas. Los medios demostraron que hubo una hábil manipulación del Gobierno sobre la función de la prensa, sintetizadas en un aviso de televisión donde aparece el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, dándole la razón al presidente Morales que sostuvo que en el país hay libertad de prensa y hasta libertinaje. El encuentro con la SIP fue utilizado por el Presidente para mofarse de los periodistas y señalar que no daba conferencias de prensa a los periodistas de medios nacionales, porque actuaban como “pollos de granja”, generando desorden y atropellando con preguntas. La razón por la que Morales no daba conferencias de prensa era porque los periodistas rechazaron que el Presidente sometiera a humillación a un periodista en diciembre, poniendo sus micrófonos, grabadoras, filmadoras y libretas de apuntes en el piso de la puerta del palacio presidencial en señal de protesta. En este semestre se produjeron agresiones físicas y verbales contra 111 periodistas, de los cuales 104 representaban a medios privados. Las agresiones verbales procedieron del presidente Morales y sectores oficialistas del ahora llamado Estado Plurinacional de Bolivia, en lugar de República de Bolivia, como se llamaba hasta enero del presente año, según la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de Libertad de Prensa, de la Asociación Nacional de la Prensa. También se registraron 36 ataques contra medios de comunicación, 32 de ellos contra medios privados. El más grave ocurrió el 3 de septiembre cuando un grupo especial de la Policía, denominado Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) atacó a un equipo de la Red Unitel de Televisión que le seguía en automóvil durante un operativo. Un auto policial chocó el vehículo de los periodistas, quienes fueron obligados a tenderse boca abajo. Los policías dispararon ráfagas de ametralladora, destruyeron la cámara filmadora y confiscaron la cinta. El Ministro de Gobierno y el Comandante General de la Policía Boliviana se comprometieron a investigar el caso, pero el caso sigue sin resultados. El principal agresor y comandante de la UTARC fue identificado como el capitán de ejército Walter Andrade, quien había participado en detenciones ilegales y en el episodio denominado “Masacre de Pando”, supuesto caso de terrorismo en Santa Cruz, donde esa unidad policial mató a tres supuestos terroristas. Entre otras agresiones graves se registró un caso contra un camarógrafo de televisión a quien le cortaron la cara con una navaja; el intento de linchamiento de una periodista en un suburbio de La Paz; la inclusión de cinco periodistas en un juicio de racismo que sigue el Gobierno a ciudadanos de Sucre, la capital del país; el robo de equipos de trabajo e insultos a medios y periodistas por parte de autoridades públicas; además de que un gran número de amenazas contra periodistas a través de sus teléfonos celulares. Por temor a represalias violentas y a que el Gobierno había anunciado un juicio contra La Razón por publicar una separata días antes, un periódico no publicó en julio ese material generado por una organización campesina que cuestionaba los informes oficiales sobre el supuesto caso de terrorismo. En septiembre, la policía dispersó a bastonazos a periodistas que marchaban exigiendo que no se aplicara la ley ordinaria sino la Ley de Imprenta en un juicio que pretendía iniciar la Alcaldía Municipal contra un reportero. Las autoridades no han anunciado ninguna medida sobre la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exhortó al Estado boliviano a que los casos de los periodistas asesinados, Juan Carlos Encinas, en 2001 y Carlos Quispe Quispe, en 2007, sean investigados. Asociaciones y sindicatos de prensa solicitaron al ministro de Gobierno y al comandante general de la Policía, sus mayores esfuerzos para dar con los responsables, pero a pesar del compromiso todavía no se ha registrado ningún avance. El Gobierno ha intensificado el uso de los medios de comunicación del Estado para su propaganda política con miras a las elecciones generales de diciembre, cuando se elegirá a presidente, vicepresidente, senadores y diputados. Se teme que posteriormente haya nuevas acciones contra el periodismo. Al mismo tiempo, un proyecto de ley sobre acceso a la información está paralizado en la Cámara de Diputados. El 27 de octubre la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) conformó su Tribunal de Etica que tendrá la misión de juzgar eventuales faltas éticas de los medios afiliados a la organización. Lo integran el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Villafuerte; el ex presidente del Tribunal Constitucional de la Nación, Willman Durán; y los periodistas Jaime Humérez, Alberto Zuazo y Harold Olmos.

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