Uruguay

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Durante el último semestre mejoraron las garantías legales para el ejercicio de la libertad de expresión al haber sido despenalizados los delitos de difamación e injurias en los casos de informaciones u opiniones sobre asuntos de interés público, que se castigaban con penas de cárcel desde 1934. También fueron eliminados los castigos penales previstos para quien ataque el honor de un jefe de Estado extranjero y, aunque la ley mantuvo el delito de desacato contra funcionarios públicos, su aplicabilidad fue ostensiblemente limitada. La nueva ley, aprobada en junio por el Parlamento, pide a los jueces seguir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de libertad de expresión e incluye el concepto de la real malicia en los juicios, aunque mantiene sobre el periodista y no sobre el querellante, la carga de la prueba. La nueva ley ya tuvo su primer efecto práctico. El juez Roberto Timbal archivó una denuncia por difamación e injurias presentada por una directora de un liceo público contra un grupo de docentes que la había criticado, con el argumento jurídico de que no se había actuado con real malicia. Además, durante el semestre, el Estado firmó un acuerdo por el que se comprometió a indemnizar al periodista Carlos Dogliani por una condena a cinco meses de prisión por cuatro delitos de difamación en reiteración real, dictaminada hace tres años por la Suprema Corte de Justicia. El periodista había difundido y criticado una decisión de un ex gobernante municipal. El Estado reconoció que la condena fue dictada en base a leyes que son “incompatibles” con el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, junto con estos avances, también hubo planteos potencialmente contrarios, como un anuncio del gobierno del presidente Tabaré Vázquez para impulsar un proyecto de ley destinado a regular los contenidos de los programas de radio y televisión. Según adelantó la ministra de Educación y Cultura, María Simon, el plan oficial supone, entre otras cosas, exigir a los canales de televisión que el 50 por ciento de la programación sea exclusivamente de contenido nacional. El director nacional de Cultura, Hugo Achúgar, adelantó que el proyecto prevé la creación de un “mediador cultural” que “lejos de censurar, asegurará la libertad de expresión y la diversidad cultural”, algo que, opinó, “no puede quedar en manos de las empresas privadas”. El senador oficialista José Mujica, que va al frente en las encuestas de cara al ballotage previsto para el 29 de noviembre, donde competirá con el candidato opositor Luis Alberto Lacalle, argumentó durante la campaña electoral a favor de aumentar la incidencia del gobierno en los contenidos de la radio y la televisión. Mujica quiere “imponer al sistema de comunicación” campañas públicas permanentes para el “desarrollo de valores colectivos”, así como “exigir” y “obligar” desde el gobierno “espacios mínimos de producción nacional” en radio y televisión, modelo como el que en la década de los años ‘40 estableció en Argentina el ex presidente Juan Domingo Perón. Durante el semestre continuó el hostigamiento verbal de integrantes del gobierno contra medios y periodistas independientes o críticos continuó. El presidente llegó a afirmar que las crónicas policiales que difunden los medios de comunicación son “repugnantes y denigrantes”. Rafael Paternain, director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, dijo que “los medios reproducen, consolidan y llevan la inseguridad a un extremo casi sin retorno cultural y político”. Mientras tanto Mujica fue un activo partícipe en la tarea de criticar el trabajo de medios y periodistas. A continuación, los hechos más relevantes del semestre. 13 de marzo - La senadora tupamara Lucía Topolansky, del gobernante Frente Amplio, atacó al semanario independiente Búsqueda, luego de que informara que el precandidato presidencial oficialista, José Mujica, ofrecería la candidatura a la vicepresidencia al senador Danilo Astori, su competidor en las elecciones internas del partido. “Todo lo que salió en Búsqueda es mentira. Un pelotazo colosal. Han publicado cosas que les han permitido vender diarios”, dijo Topolansky. Sin embargo, Astori fue designado en julio candidato a la vicepresidencia. 9 de abril - Enrique Rivero, asistente directo de la ministra de Interior, Daisy Tourné, y vocero de la Unidad de Comunicación de esa Secretaría de Estado, escribió en su página de facebook que estaba “muy caliente” con el diario El País. 10 de abril - El secretario general del gobernante Partido Socialista, Eduardo Fernández, acusó a El País de actuar en “total oposición al gobierno” y de llevar adelante una “campaña” contra la ministra Tourné. Luego de sugerir que el periódico “inventa” noticias, Fernández aludió a una información según la cual la ministra sería removida de su cargo. Sin embargo, la ministra Tourné fue despedida de su cargo incluso antes de la fecha anunciada por el diario. 12 de abril - El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, durante la homilía en Pascuas, reconoció los problemas de seguridad pública, pero cuestionó la cobertura periodística sobre los hechos policiales. 15 de abril - El diario El País consignó un fallo de la jueza Aída Vera Barreto por el cual procesó a un hombre por injuriar a través de una página de Internet. Fue la primera sentencia por el delito de “injurias” por contenidos difundidos en la web. El caso trataba de mensajes con calificaciones sobre directivos de una firma privada escritas por el hermano de un ex empleado de la empresa que había sido despedido. 17 de abril - El periodista de El País, Eduardo Barreneche, fue amenazado por el responsable de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, Enrique Rivero, mientras cubría una manifestación de policías en el interior de esa Secretaría de Estado. Según denunció el diario, Rivero mantuvo un tenso diálogo con el periodista, al que pretendió echar del lugar público. 24 de abril - José Mujica atacó en su página web a El País, acusándolo de “ocultar” declaraciones suyas sobre el diferendo que Uruguay mantiene con Argentina por la instalación de una planta de celulosa a orillas del rio Uruguay. Mujica dijo que el diario montó una “operación periodística” en su contra. 28 de abril - La fiscal Ana María Tellechea pidió el procesamiento del periodista Alvaro Alfonso por el delito de difamación a raíz de un pasaje de libro “Secretos del Partido Comunista del Uruguay”, en donde se hace referencia a la conducta asumida por un dirigente comunista durante la dictadura militar (1973-1985). La fiscal argumentó que el derecho al honor está “por encima” de la libertad de informar. El 6 de mayo, el juez Rolando Vomero procesó sin prisión al periodista Alfonso por el delito de difamación. 30 de abril - El canciller de la República, Gonzalo Fernández, confesó ante un grupo de periodistas que “detesta” a la prensa. “Estoy con ustedes pero los detesto con toda cordialidad”. 12 de mayo - José Mujica acusó a la prensa de sólo “busca lo espectacular” y que “rehúye lo profundo y lo que le pueda dejar algún valor a la gente”. 18 de junio - La fiscal Dora Domenech solicitó el archivo de una denuncia por “difamación” e “injurias” que el boxeador Matias Giuduci había presentado contra el columnista de Búsqueda, Ramiro Rodríguez Villamil (“Kid Gragea”), luego de que éste lo tratara de “alfeñique” en una de sus habituales columnas de humor. Según la fiscal, “los fines humorísticos son notoriamente ajenos a la intención de injuriar”. El juez Rolando Vomero hizo lugar al pedido de la fiscal, sobreseyó al periodista y dispuso el archivo de la denuncia. 1 de agosto - Una sobrina del ex dictador militar Gregorio Álvarez inició un juicio civil contra la periodista de la televisión estatal Ana María Mizrahi, debido a una entrevista que ésta realizó al dirigente tupamaro Jose Luis Rodríguez, quien reconoció haber asesinado en los años ‘70 al entonces coronel Artigas Alvarez, hermano del ex dictador y padre de la denunciante. 2 de agosto - Luego de la publicación en Búsqueda sobre que el estatal Hospital Maciel mantenía un contrato con una empresa de la esposa de un senador oficialista, aún después de constatarse sobrefacturaciones millonarias, el parlamentario en cuestión, Eleuterio Fernández Huidobro, tildó a los periodistas del semanario de “almas podridas”, los acusó de “hacer campaña electoral”, de “enchastrar” a su familia y de haber “manipulado la información”. La noticia derivó en un escándalo público que abrió tres investigaciones paralelas dentro del Estado. El subdirector y la administradora del hospital fueron removidos de sus cargos tras constatarse la veracidad de la información. 13 de agosto - El gobierno impulsó una ley para limitar la contratación de propaganda electoral en los medios de comunicación, lo cual fue cuestionado por la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay (Andebu). Finalmente, la ley no fue aprobada. 17 de agosto - Durante la presentación de un informe elaborado por el gobierno y el Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh), varios jerarcas estatales señalaron que los medios de comunicación tienen una “responsabilidad primerísima” por los niveles de inseguridad debido a la cobertura noticiosa que realizan respecto a ese tema. 11 de septiembre - La Junta Departamental de Soriano fue forzada a entregar toda la información sobre sus gastos en publicidad al periódico “Centenario” de la localidad de Cardona (Mercedes), según un fallo de la jueza Soledad Nin. La sentencia de la jueza se produjo luego de que representantes del periódico interpusieran un pedido de acceso a la información (habeas data) ante la negativa de la Junta para entregarles la información pública voluntariamente. 13 de septiembre - En un libro con entrevistas al candidato del Frente Amplio, José Mujica, éste se manifiesta partidario de que el Estado obligue a las emisoras de televisión a incorporar contenidos resueltos por el gobierno. “Se le podría imponer al sistema de comunicación el tener permanentemente alguna campaña pública por el desarrollo de valores colectivos favorables a la sociedad”, dice Mujica. Agrega que “al fin y al cabo los tipos están usufructuando un medio que es público” por lo que “hay que exigir espacios mínimos de producción nacional”. Mujica pone como ejemplo la política de Juan Domingo Perón en Argentina que en la década de 1940 “metió que el 30% de la emisión tenía que ser de origen nacional”. 6 de octubre - El presidente Tabaré Vázquez criticó durante un acto público a los medios de comunicación por hacer crónicas policiales “repugnantes y denigrantes”. 9 de octubre - El secretario general de la Intendencia de Montevideo admitió ante la Junta Departamental que los contenidos del canal municipal Tevé Ciudad son definidos en base a critierios políticos, lo cual provocó una dura polémica con los ediles de la oposición. 19 de octubre - El Poder Ejecutivo aprobó un decreto que “exhorta” a los organismos públicos a cumplir con la ley de acceso a la información pública. El decreto dice que los organismos del Estado tienen que practicar una política de “transparencia activa” para publicar información sobre sueldos, gastos, licitaciones, concesiones y funcionarios, entre otros ítems.

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