Argentina

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En el último año el país vive un estado de crispación y de grave deterioro político. Los medios periodísticos independientes padecen también esta crisis y una tensión generada por el hostigamiento del poder gubernamental. Esta tensión surge por las fricciones entre la vocación de los medios por informar y los supuestos fantasmas que detecta el gobierno. Mientras los diarios encuentran en el deterioro institucional una fuente inagotable de material para sus informaciones o sus opiniones, el gobierno insiste en alguna conspiración corporativa destinada a desestabilizarlo; en la suposición que todo lo que hace está bien y que si recibe alguna clase de objeción, será por algún interés oculto. Nada más alejado de la realidad, en el caso de Argentina, donde la agenda informativa quedó marcada en estos últimos tiempos, no por investigaciones periodísticas sino por actos de gobierno como los caso del controvertido decreto del aumento de las retenciones agrícolas en el 2008 o la polémica ley de medios en el 2009 y, últimamente, en el Decreto de Necesidad y Urgencia que destinó el uso de reservas del Banco Central para el pago de la deuda, disparando un foco de fricción entre los otros dos poderes del Estado y los medios. Una decisión inconsulta y sorpresiva que recibió fuertes críticas de la oposición y decisiones judiciales adversas, de cuyo seguimiento informativo generó una empinada crítica hacia los medios. Es fácil comprobar que la calidad de un gobierno y de una democracia, se pueden medir por el grado de libertad de expresión y de prensa que gozan sus ciudadanos y en la actualidad el debilitamiento de las instituciones republicanas, no se consiguen por la fuerza sino dominando a la prensa y a los medios de comunicación. Otra característica de los gobiernos actuales es la homogenización del discurso gubernamental que demuestra otra forma de autoritarismo Principales hechos que han afectado a la libertad de prensa en este período: Desprestigio, difamación e intimidaciones a los medios y periodistas, como sucedió en reiteradas oportunidades contra los diarios Clarín y La Nación de Buenos Aires. Las agresiones y el maltrato también se manifiestan al negarse el gobierno a contestar preguntas a periodistas de determinados medios. Hostigamientos y descalificaciones a periodistas durante actos públicos, por el solo hecho de preguntar o cumplir con su deber. Exclusión de profesionales de determinados medios en conferencias de prensa, como ocurrió días atrás con Ismael Bermúdez del diario Clarín en el Ministerio de Trabajo. No contestar preguntas a periodistas de medios señalados por el gobierno en conferencias de prensa. También con los periodistas Mariano Obarrio de La Nación, Leonardo Mindez y Guido Braslavsky de Clarín. La búsqueda de conflictos con los medios comprende también un plan sistemático llevado adelante por diversos organismos del Estado, para intentar controlar la empresa privada de fabricación de papel, insumo básico en la producción de periódicos. Este riesgo se vio agravado durante los últimos meses, con una serie de medidas administrativas y judiciales destinadas a entorpecer la gestión de la empresa Papel Prensa, intervenir en sus políticas comerciales y preparar el terreno para una pretendida intervención judicial. El Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, inició varias impugnaciones administrativas y denuncias que provocó las renuncias de funcionarios de la fiscalía por negarse a ser cómplices de una campaña contra esa empresa. Miembros de la compañía y del diario Clarín sufrieron denuncias penales, investigaciones fiscales, hasta ahora desestimadas. Finalmente, la justicia decidió el 9 de marzo nombrar un coadministrador en la empresa Papel Prensa y suspendió todo lo actuado en las reuniones de directorio, a partir del 4 de noviembre del 2009. No obstante siguieron las agresiones e irrupciones del secretario de Comercio en la sede principal de la empresa. La vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales que suscitó innumerables críticas a fines del año pasado, fue cuestionada judicialmente tanto por su trámite de sanción como por su contenido ya que vulnera derechos constitucionales, otorgando amplia y discrecionales facultades al Poder Ejecutivo sobre los medios, cantidad de señales permitidas y estableciendo peligrosos criterios de censura a través del otorgamiento de licencias y la aplicación de sanciones. Fue cuestionada por cinco fallos judiciales. El gobierno forzó un día antes del recambio legislativo, que modificaría la relación de fuerzas políticas en el Congreso, la integración de la Comisión Bicameral de Medios, que quedó conformada por una mayoría oficialista. De inmediato procedió a acelerar el nombramiento de dos nuevos organismos, el Consejo Federal y la Auditoria de Aplicación. En el primero, se volvió a exhibir un claro desequilibrio a favor de los representantes del Poder Ejecutivo y una casi inexistencia de medios privados. En la segunda, que tendrá a su cargo la implementación de la norma y el poder de policía sobre los medios, quedó integrada por los equipos políticos, gobernadores, diputados y concejales totalmente fieles al gobierno. Cabe destacar que los fallos de la justicia suspendiendo la aplicación de la ley de medios, se dictaron considerando que violan los derechos constitucionales de libertad de prensa y expresión, así como los derechos de propiedad, los derechos del consumidor y las garantías de igualdad ante la ley. Estos fallos se dictaron en tribunales de la ciudad de Buenos de Aires, Salta, Mendoza y San Juan. El 8 de marzo se produjo un nuevo pronunciamiento contra la norma, que al igual que la jueza de Mendoza suspende la aplicación de toda la ley. El juez federal de Salta lo hizo por cuestiones formales, objetando que hubo irregularidades en el trámite parlamentario que la invalida. Desobedeciendo la orden judicial de suspender por completo la ley, el gobierno dictó una serie de resoluciones que buscan afianzar un mapa mediático conveniente a sus objetivos. Otro epicentro de conflicto tuvo la confrontación en materia de telecomunicación por la puja con la empresa Telecom. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dictaminó, hace más de un año, que el ingreso de Telefónica de España en el capital accionario de la controlante de Telecom Italia, pone en riesgo la libre competencia y por lo tanto Telecom debe vender sus acciones en Argentina. La empresa italiana apeló la resolución y obtuvo un fallo favorable. Pero el gobierno entiende que se trata de una medida dilatoria e insinuó que si no hay avances en la venta puede llegar a la nacionalización. En el proceso de venta figuran varios compradores entre ellos grupos de medios interesados en utilizar la infra-estrutura de las compañías telefónicas para la distribución de Internet y televisión por cable. Impedimentos de diferente índole, llevados a cabo por el gobierno, impiden la fusión de Cable Visión y Multicanal del grupo Clarín. En los últimos días el ministro de Economía revocó la autorización que oportunamente dio el gobierno para fusionar esas empresas. Por su parte estas recurrirán a la justicia para defender su posición. Durante este periodo se incrementó la cantidad y el uso de medios escritos y radiales que indirectamente responden al Poder Ejecutivo. Manejo indiscriminado de publicidad oficial en medios audiovisuales de Buenos Aires. Abuso en todos los medios, mediante la cadena oficial para discursos oficiales y propaganda política. Cabe agregar que en el día de hoy (22-03-10) se conoció, a través del diario La Nación, que el Gobierno se negó por escrito a difundir los gastos en publicidad oficial, alegando que esa información involucra "datos personales" y por lo tanto queda exceptuada del decreto de acceso a la información pública. Esto sucedió ante el pedido de dos ONGs y marca una nueva arbitrariedad en un terreno donde el manejo discrecional del Gobierno ya había sido cuestionado. Otro hecho que subsiste es la desigualdad entre los diarios de Junín Democracia y La Verdad, este último editado por el Arzobispado de Luján-Mercedes, que fue eximido de impuestos por la Administración Federal de Ingresos Públicos con el objeto de difusión del culto, afectándose de este modo la igualdad ante la ley y la libre competencia. Asimismo se produjeron casos de espionaje y escuchas telefónicas contra editores y periodistas. Trabas y discriminaciones en el acceso a la información pública. Otra situación que ha afectado la normalidad política del país, resintiendo la forma democrática de gobierno basada en la división de poderes y que también contribuyó a descalificaciones y agravios hacia la prensa, fue cuando el Poder Ejecutivo dictó dos decretos de necesidad y urgencia disponiendo un monto de la reserva federal del Banco Central. La decisión del Poder Ejecutivo de disponer de esas reservas fue cuestionada por un juez que dictó una sentencia prohibiendo al gobierno llevarla a cabo. En el discurso de apertura de sesiones del Congreso, el 1de marzo, la Presidenta también enfrentó a la Justicia cuando dijo que la Corte Suprema solo es independiente del gobierno y que hay jueces que conceden excarcelaciones o eximiciones de prisión que responden a otros intereses que no son los de la Justicia. Por otra parte la Corte Suprema de Justicia se pronunció en varias oportunidades por la necesidad de no judicializar los temas políticos, sino ajustarse a su control constitucional. Eso no ha ocurrido, sino más bien todo lo contrario. Desde principios de año el gobierno y la oposición llenaron los tribunales de causas en la que los jueces fueron puestos en la obligación de fallar sobre los asuntos del Estado. Ninguno de ellos llega hasta ahora al máximo tribunal, pero es una situación que puede ocurrir. El conflicto entre la Presidenta de la Nación y la Justicia se profundizó en forma preocupante, cuando después de las expresiones de la Presidenta, la Corte emitió un comunicado exhortando a quienes tienen responsabilidades de gobierno a expresarse con mesura y equilibrio. Cristina Fernández de Kirchner respondió señalando que la palabra mesura tiene mucho sonido a censura y que no le parecía lo más apropiado. La Iglesia también solicitó a funcionarios y dirigentes políticos que actuaran en beneficio del bien común evitando enfrentamientos inútiles.

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