El Salvador

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En este período el presidente Mauricio Funes y el partido de izquierda, FMLN, por el cual llegó al poder han mostrado actitudes diferentes en relación con los medios de comunicación. El FMLN mantiene una posición dura y con intenciones de regulaciones sobre los medios, pero el Presidente no ha avalado ninguna restricción al ejercicio del periodismo, por lo que no se han registrado hechos relevantes desde el gobierno en contra de la libertad de prensa. Sin embargo, se desarrolla un juicio en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el que se analiza la constitucionalidad de un artículo del Código Penal que protege la acción y la libre expresión de particulares y periodistas, y que despenaliza la difamación, la calumnia y la injuria. Se trata de una demanda en ese tribunal constitucional realizada por un empresario en contra del artículo 191 del Código Penal. Ese artículo se refiere a la Exclusión de Delitos, que de prosperar sería un retroceso en materia de libertad de prensa. El Art. 191establece que “ No son punibles los juicios desfavorables de la crítica política, literaria, artística, histórica, científica, religiosa o profesional, ni los conceptos desfavorables expresados por cualquier medio por particulares en el ejercicio del derecho de la Libertad de Expresión, siempre que en el modo de proceder no demuestren un propósito calumnioso, injurioso o de ataque a la intimidad o a la propia imagen de una persona. De igual manera, no son punibles los juicios desfavorables de la crítica política, literaria, artística, histórica, científica, religiosa o profesional ni los conceptos desfavorables expresados o difundidos por quienes ejerzan el periodismo mediante noticias, reportajes, investigaciones periodísticas, artículos, opiniones, editoriales, caricaturas y notas periodísticas en general, publicados en medios periodísticos escritos, radiales, televisivos e informáticos, en cumplimiento del deber de informar, en virtud del derecho de información o en ejercicio de su cargo o función. En cualquiera de las situaciones reguladas en los dos incisos anteriores, no incurrirán en ningún tipo de responsabilidad penal, los medios escritos, radiales, televisivos e informáticos en que se publiquen los juicios o conceptos antes expresados, ni los propietarios, directores, editores, gerentes del medio de comunicación social o encargados del programa en su caso”. La Sala de lo Constitucional mantiene en estudio la demanda y no ha se ha pronunciado aún, algo que mantiene en vilo a todos los medios de comunicación que se han unido en una campaña noticiosa a favor de la declaratoria de legalidad de dicho artículo. Algunos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional solamente han informado de que pronto van a resolver, pero no han dado indicios sobre su decisión. La ley de Acceso a la información Pública presentada en octubre de 2008 al Congreso, se encuentra en discusión dentro de una de las comisiones legislativas. Se han realizado algunos talleres en conjunto entre congresistas y periodistas a favor de esta ley y algunas instituciones se encuentran realizando una campaña que pide su aprobación. Sin embargo no hay todavía señales claras de cuando será enviada al pleno del Congreso. El 11 de marzo, un fotógrafo de La Prensa Grafica tomo fotos del momento en que un estudiante utilizaba un cuchillo para asesinar a un rival. El periódico publico una serie de fotografías sobre el suceso. Tanto el homicida como su victima resultaron ser menores de edad y una semana después el periódico fue notificado por la jueza del Juzgado Segundo de Menores de San Salvador, Isabel Ponce Gallardo, que se abrió una investigación en su contra por haber publicado el rostro y el nombre del menor homicida, en violación a las disposiciones especiales sobre la reserva de la identidad de los menores infractores, estipuladas en la Ley Penal Juvenil. La magistrada solicito a la Fiscalía General de la Republica las diligencias para determinar la responsabilidad en la publicación de las imágenes y la identidad del homicida. Esta decisión provoco un debate en todos los medios de comunicación sobre los intereses que deben privar en estos casos, sobre todo en la situación de inseguridad que vive El Salvador.

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