Panamá

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Este período se caracterizó por el revuelo y preocupación que causaron las intenciones del gobierno del presidente Ricardo Martinelli, expresadas a través de varios de sus allegados, entre ellos la diputada del partido oficialista Cambio Democrático, Dalia Bernal, de regular el contenido de los medios de comunicación social. A mediados de enero, el Presidente declaró, molesto por las coberturas noticiosas de crónica roja en televisión, que los noticieros panameños “son de pacotilla”, pidiendo en una reunión a los propietarios de las principales televisoras que movieran de franja horaria la pauta de seriados conocidos como “narco novelas”, en las que se dramatiza sobre la violencia del narcotráfico y la prostitución. Una semana después, la diputada Dalia Bernal, quien había sido mencionada en un informe sobre malos manejos del Fondo de Inversión Social FIS, presentaba en la Asamblea Nacional una Resolución en la que se pedía la reactivación de una “Junta Consultiva de Censura” en el seno del Ministerio de Desarrollo Social. Bernal advertía que “no solo las novelas deben regularse sino también los noticieros televisivos, los de radio y los periódicos”, no sin antes llamar “cotorros” a los periodistas. El Defensor del Pueblo y la presidenta del Consejo Nacional de Periodismo rechazaron tal pretensión, coincidiendo en que reactivar una Junta de Censura sería un grave retroceso en materia de libertad de expresión. En las últimas semanas el discurso oficial fue más moderado, hasta se ponderó la labor de los medios en el cubrimiento de la crónica roja y se reconoció que al Presidente “se le fue la mano” cuando se refirió a los noticieros televisivos. Tal moderación podría estar asentada en una baja de popularidad del Presidente y su Gobierno, según las últimas encuestas de opinión pública. La Secretaría de Comunicación del Estado sigue centralizando las comunicaciones oficiales, aunque se ha notado un relajamiento en las fuentes oficiales que ya comienzan a mantener contactos directos con los medios de prensa. A mediados de noviembre del año pasado, una polémica se desató entre el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino y los periodistas y medios de comunicación social, en vista de que Mulino habría sostenido, delante de testigos, una agria conversación con la periodista peruana Kela León, a quien le expresó, en referencia al funcionamiento del Comité de Etica del Consejo Nacional de Periodismo, que “la única ética que entienden los periodistas panameños es la ética del billete”. En el mismo incidente, Mulino afirmó contar con una planilla de periodistas que se dedican a hacer reportajes positivos del gobierno, como prueba de su dicho. Cuando la conversación trascendió al público, Mulino negó la especie, sin embargo periodistas y académicos que fueron testigos, ratificaron lo publicado por los medios de comunicación social. El tema de la despenalización de la calumnia y la injuria para altos servidores del Estado, magistrados, jueces y funcionarios de elección popular, tuvo un desarrollo “agridulce” en este periodo. Si bien varios fallos de jueces han favorecido la despenalización, acogiendo el espíritu con el cual se introdujo la norma del artículo 193 del Código Penal, un proceso de inconstitucionalidad contra esa disposición, incoado por un juez marítimo que había querellado por calumnia a un conocido y prestigioso abogado, generó una opinión que podría ser contradictoria con el espíritu despenalizador. Según la Procuraduría de la Asministración, si bien la frase que despenalizó las figuras de calumnia e injuria, no es inconstitucional, en su vista deja entrever que se pueden seguir procesos penales mediante acciones penales interpuestas por los servidores públicos. Con ello se podría seguir procesando a periodistas y a medios por parte de altos funcionarios, aunque dicho proceso terminaría con una sentencia de inocencia o culpabilidad pero sin sanción penal. Durante este mes de marzo, a raíz de las publicaciones sobre la baja deshonrosa de que había sido sujeto en marzo del año 1990 el entonces teniente Gustavo Pérez de la Ossa – hoy director de la Policía Nacional - por haber participado durante la invasión de los Estados Unidos a Panamá en una operación violatoria del IV Convenio de Ginebra de 1949, consistente en la toma de rehenes civiles estadounidenses con el propósito de ser canjeados por militares panameños, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio. Hasta ahora han sido citados a declarar los periodistas Santiago Cumbrera del Panamá América y Alexis Charris de La Estrella. En ambos casos, el agente instructor del Ministerio Público ha tratado de obtener la fuente de la información, pero los periodistas se han acogido a la reserva de la fuente, derecho garantizado en el artículo 4 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005. Continúan vigentes las restricciones que impiden a los medios impresos participar en empresas radiales o televisivas, mediante la Ley 24 de 1999, que reorganizó el régimen legal que regula los servicios de radio y televisión. La Ley dice en su primer artículo que se busca promover y proteger la inversión y la libre competencia y la calidad entre los concesionarios; sin embargo, impone una limitación a los medios escritos al impedirles adquirir, administrar u operar estaciones de radio o televisión en la República de Panamá. Se establece que ninguna radio ni televisión “podrán ser controlados, en forma directa ni indirecta, por un periódico de circulación nacional”.

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