Venezuela

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La libertad de prensa y de expresión sigue en franco deterioro. En este período la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos publicó hace un mes un Informe en el que señala “serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos en Venezuela”. La OEA resaltó la situación de violencia (140 homicidios por cada cien mil habitantes en la ciudad de Caracas en 2009, mientras en Bogotá fueron solo 18) y también la represión en el país, así como “la ausencia de independencia de los poderes públicos y el uso del poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política”. El generalizado reclamo popular surgido de la realidad político-social se denuncia y conoce gracias a los periodistas y medios de comunicación independientes, ante quienes el gobierno asumió como prioridad vital su eliminación. Radio Caracas Televisión acaba de ser eliminada definitivamente de la pantalla por el gobierno de Hugo Chávez, en un proceso de atropellos que comenzó en mayo de 2007 cuando el gobierno se apropió de sus transmisores en todo el país con la fuerza militar y cerró su señal abierta. Ante el reclamo popular contra la medida, RCTV pudo luego, como canal internacional, refugiar su programación en el cable y satélite. Sin embargo, el pasado 24 de enero el gobierno ordenó eliminar la señal de RCTV Internacional. Procedimientos ilegales, normas técnicas acomodaticias e imposiciones dilatorias, han negado cualquier posibilidad de que RCTV pueda transmitir. Sobre Globovisión pesan más de 40 causas judiciales y administrativas abiertas por el régimen, así como una estrategia oficial dirigida a tratar de deteriorar su credibilidad. “Globovisión no dejará de informar la verdad”, dijo ante amenazas judiciales personales el presidente del canal, Guillermo Zuloaga, el 19 de noviembre de 2009. El mes pasado Zuloaga ratificó que ese medio “ni se compra ni se vende” y mantiene el contenido crítico en su programación. El gobierno de Chávez hace desaparecer los anunciantes privados mediante expropiaciones ilegales y estatización de importantes empresas, impone la censura publicitaria, devalúa el llamado bolívar fuerte y utiliza el control oficial de cambio de divisas que implantó hace años para limitar el otorgamiento de dólares necesarios para el papel y otros insumos para periódicos, que no se producen en Venezuela y cuyo precio ahora es el doble como resultado de la devaluación. La prensa independiente de Venezuela enfrenta un inminente peligro de colapsar y desaparecer ante el sabotaje económico del gobierno de Chávez. Periódicos independientes registran cuantiosas pérdidas en sus operaciones. El semanario de Caracas, Correo del Avila y otros del interior, dejaron de circular. Mientras tanto, el gobierno asigna multimillonarias partidas presupuestarias para promover y sostener numerosas publicaciones, televisoras, emisoras, escribas tarifados y operarios políticos de opinión, nacionales e internacionales. En contraste, la última Ley Orgánica de Procesos Electorales, que regirá en las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre, señala en su artículo 84 que “El Consejo Nacional Electoral dispondrá gratuitamente de un espacio de hasta 5 minutos diarios en los prestadores de servicio de radio y televisión abierta y por cable, así como una pagina diaria en prensa escrita de circulación nacional, regional o local, con el objetivo de difundir mensajes relativos al proceso electoral”. La muy baja sintonía popular con los medios del gobierno parece determinar también la decisión oficial de eliminar los voceros independientes e imponer su anunciada “hegemonía comunicacional” comunista. “Chávez quiere silencio y autocensura, mientras el pueblo defiende el derecho a la información y la libertad de expresión”, señaló el Bloque de Prensa Venezolano en un comunicado. Hechos destacados en este período: El 18 de noviembre Chávez ordenó detener “bajo cualquier pretexto” al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, quien denunció que esta medida, más de las 40 causas que entre procesos judiciales y administrativos, ha abierto el gobierno contra ese canal de noticias pretenden “callar a Globovisión”. El 19 de noviembre un comunicado del Bloque de Prensa Venezolano condena la imputación al editor Rafael Poleo y respalda al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga. Ese día fueron cerradas las oficinas administrativas de El Nuevo País; mientras Guillermo Zuloaga, acudió por décima octava ocasión a cumplir con el régimen de presentación impuesto por un Tribunal de Control y el director de Globovisión Alberto Federico Ravell, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amenazas contra la televisora. El 24 de noviembre Globovisión pagó “bajo protesta” una multa por Bs.3.423.158,96 y anunció apelará ante los tribunales. El 7 de diciembre fueron robados equipos de Globovisión en momentos en que realizaba un trabajo la periodista Delvalle Canelón. El 8 de diciembre fue ratificada la medida privativa de libertad al periodista Leocenis García, quien se encuentra preso desde el 4 de mayo de 2008. El 9 de diciembre el Cuerpo de Investigaciones Científicas del Estado Táchira (San Cristóbal), le exigió a la corresponsal de RCTV Internacional entregar el video donde se muestra a los pistoleros que atacaron la manifestación de estudiantes del Táchira y en la que resultó fallecido Jesús Ramírez Bello. El 10 de diciembre la CIDH falla contra Venezuela en el caso del general Francisco Usón, por haberle violado los derechos humanos y la libertad de expresión. El 10 de diciembre un periodista venezolano confirmó que pidió refugio a Perú porque peligra su vida, abandonando el país al ser condenado por difamación. El 22 de diciembre el ministro director de CONATEL dijo que la aplicación de la Ley Resorte servía para “controlar” y se aplicará a canales nacionales por Cable que posean menos del 70% de programación internacional. La normativa fue publicada en gaceta Oficial. Además anunció que la medida afectará al 12% de canales venezolanos entre ellos (RCTV Internacional), y que deberán registrarse como productor nacional ante CONATEL. Según la nueva norma, RCTV Internacional debe transmitir las cadenas presidenciales. El 11 de enero de 2010 el Colegio Nacional de Periodistas, exige que Gustavo Azócar sea juzgado en libertad. El periodista tiene 160 días preso en el Centro Penitenciario de Occidente. Al día siguiente un Tribunal ratificó la detención de Azócar. El 15 de enero el presidente Chávez asumió el marxismo como su ideología en un discurso ante la Asamblea Nacional. Asimismo CONATEL reinició medidas de cierre a emisoras de radio y cerró a Tropical 88.5 FM de Miranda y Rivas 95.03 FM de Barinas. El 18 de enero el alcalde de Valencia, Edgardo Parra, impide la libertad de expresión del periodista Francisco Pérez del diario El Carabobeño. El 21 de enero a RCTVI emite comunicado denunciando amenazas de cierre. CONATEL obliga a transmitir cadenas al 58% de canales de televisión por cable, y al día siguiente ordenó salir del aire al canal TVS de Maracay. El 23 de enero el Gobierno exige a cableras sacar de la programación a RCTV Internacional; mientras el Sindicato de Trabajadores de la Prensa condenó la medida de CONATEL que obliga a 227 canales de televisión por cable a transmitir cadenas oficiales. El 24 de enero se registraron cacerolazos, concentración y protestas populares en apoyo a RCTV Internacional (RCTI). El 24 de enero Chávez aplaudió la acción de CONATEL contra RCTVI, felicitó al ministro y dijo “si no acuden a CONATEL no tendrán más salida”. Agregó que hay “burguesitos” que se dan el lujo de retar al Gobierno. El 25 de enero tres periodistas fueron golpeados y detenidos en Guacara, estado Carabobo, por miembros de la Policía de la Región. El 26 de enero el ministro de CONATEL señaló que RCTVI no transmitió cadenas y violó otras siete normas. El 28 de enero la Guardia Nacional arremetió contra los estudiantes en una marcha a favor de RCTVI, y se denunció la tortura de ocho estudiantes del estado Lara, detenidos tras la marcha. El 28 de enero fue agredido por la policía municipal de Valencia el fotógrafo Rafael Reyes del diario Notitarde. Ese día RCTVI pidió al Tribunal Supremo de Justicia dar respuesta al recurso de amparo interpuesto contra CONATEL. El 4 de febrero el jurista Alberto Arteaga critica el acoso judicial contra el diario El Nacional por publicar una fotografía de guardias nacionales enfrentando estudiantes y afirmó que “una foto no constituye un vilipendio”. El 10 de febrero se denuncia la desaparición del periodista Wilmer Ferrer, jefe de Corresponsalía del diario Panorama en Caracas, quien luego fue hallado muerto en Guanare, estado Portuguesa. El presunto homicida fue capturado y presentado ante la justicia. Notas periodísticas reflejaron que, según confesión del presunto homicida, el crimen se debería a razones ajenas a la profesión. El 22 de febrero fue capturado el presunto homicida del periodista Orel Zambrano, del diario Notitarde, quien apareció muerto en la ciudad de Valencia en enero de 2009. El 25 de febrero fue cerrado por la Fiscalía 66 de Caracas el proceso penal que el Ministerio Público inició contra el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad por las campañas publicitarias lanzadas el año pasado en defensa de la propiedad privada, quedando sin efecto la prohibición de difundir en los medios impresos tales anuncios. La CIDH había calificado este proceso como un claro caso de censura previa. El 1 de marzo en horas de la noche y frente a sus familiares, fue asesinado el periodista Israel Márquez, director del diario 2001, de Caracas. Presuntos autores del hecho han sido capturados por las autoridades. El abogado Omar Estacio y columnista del periódico escribió que “es claro que la explosión de la delincuencia común en Venezuela tiene un componente de voluntariedad política por parte de las autoridades. No suscita las mismas condenas de entes internacionales caer abatido ante un azote de barrio, que ser víctima, directa, de órganos policiales o parapoliciales. Sin embargo, ambas modalidades generan la misma inhibición, el mismo miedo, similar confinamiento. Si usted teme salir o enviar a sus hijos a comprar pan hasta la bodega más cercana, es difícil que se atreva a expresar a voz en cuello, su repulsa por la forma de conducir los asuntos del Estado.” El 2 de marzo, medios de comunicación que analizan la inseguridad que azota al país informaron que “para custodiar a Hugo Chávez en el año 2010, el gobierno utilizará el 44 por ciento de lo consignado en la Ley de Presupuesto Nacional para la seguridad de los ciudadanos”. El 12 de marzo la emisora Victoria 103 FM, en el estado Aragua, fue obligada por CONATEL a reducir su potencia de transmisión y cobertura en un 90 por ciento. El 14 de marzo varias organizaciones no gubernamentales se pronunciaron en contra de afirmaciones del presidente Chávez quien sugirió restricciones a los contenidos por internet, mientras la empresa estatizada de comunicaciones CANTV informó que estaba trabajando para adoptar el sistema de un punto único de acceso a la red para canalizar las conexiones del país. Al día siguiente, la Fiscal General de la República solicitó públicamente a la Asamblea Nacional que regule el uso de internet, funcionaria que el año pasado pidió legislación sobre “delitos mediáticos”, lo que fue desestimado por el congreso venezolano.

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