Argentina

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ARGENTINA Se registraron en este período algunos hechos que empañan la libertad de prensa. El diario El Liberal, de la provincia Santiago del Estero, sigue padeciendo un hostigamiento de parte del gobierno local. Además de las presiones políticas y el cierre de las fuentes oficiales de información, El Liberal es discriminado en la distribución de la publicidad oficial sigue enfrentando unas 4.000 querellas que podrían ser presentadas por miembros de la rama femenina del partido gobernante. Esta delicada situación fue agravada por las declaraciones del intendente de la ciudad de Santiago del Estero, José Luis Zavalía, quien sugirió que El Liberal debía vender “parte de sus activos y de tal manera compartir la opinión del diario con otros sectores.” El 4 de noviembre, el presidente Fernando de la Rúa firmó el decreto 1025/00, por el cual se establece un nuevo sistema para la comercialización de diarios y revistas en todo el país. La norma dispone que se podrá “editar, distribuir y vender diarios, revistas y afines, en un régimen de libre competencia y sin restricciones.” De este modo, se modificó un sistema originado por una ley de 1945, que sometía a las empresas periodísticas a un régimen fuertemente regulado, que contrastaba con la liberalización que experimentó la economía en la década del 90. Sin embargo, aún no se ha logrado la plena desregulación de la venta y distribución de diarios, pues el mencionado decreto todavía debe ser reglamentado. A fines del 2000, el gobierno convocó a las entidades que intervienen en la edición, distribución y venta de diarios y revistas a participar en la reglamentación de los artículos 4 y 5 del decreto. En los últimos meses se ha registrado la aparición de diversas iniciativas, a nivel nacional y provincial, destinadas a ejercer un control sobre el periodismo nacional. A mediados de noviembre del 2000, el senador nacional Augusto Alasino presentó un proyecto de declaración para que el Senado rechace “el ejercicio extralimitado de la libertad de expresión” cuando la información expresada ocasione “un perjuicio al honor y a la propia imagen.” Además, el legislador exhortó a sus pares a debatir los proyectos de ley que regulan el derecho de réplica y el secreto de la fuente periodística. Según consta en el texto de Alasino, las medidas fueron presentadas a raíz de ciertas notas periodísticas publicadas por el diario La Nación de Buenos Aires que, a su juicio, “afectan bienes y valores que el ordenamiento jurídico protege, pertenecientes a la esfera personal y colectiva en calidad de integrantes del Senado.” En sintonía con esta iniciativa, un grupo de legisladores de Mendoza elaboró un proyecto de ley para regular la actividad periodística en esa provincia, que establece sanciones e instala el derecho de réplica. Para los autores del polémico proyecto es necesario “juzgar las conductas de esta profesión,” con reglamentaciones que alcancen a los periodistas profesionales y a los egresados de carreras de comunicación social. En caso de que se transformara en ley, se crearía un órgano colegiado de control, dirigido y administrado por los propios cronistas, en el cual funcionaría un tribunal de ética. No podemos dejar de incluir en este informe dos temas que hoy son de dominio público en la Argentina y que involucran a medios de comunicación afectando la imagen y la credibilidad de toda la prensa. Por un lado, nos referimos a denuncias periodísticas, coincidentes con investigaciones parlamentarias, que señalan la existencia de operaciones de compra, creación o de apoyo a medios de comunicación con recursos de orígenes espurios producto ya sea del narcotráfico o de “coimas”. Esto no podíamos ignorarlo en este informe, pues es el fundamento para plantear la preocupación de esta Sociedad para que la justicia argentina encare y resuelva en forma urgente este tema a efectos de sancionar los delitos que se hubieran cometido o desvirtuar las versiones que sean infundadas, todo lo cual afecta la credibilidad de la prensa y pone bajo sospecha a todos los medios. El segundo punto está referido a una suerte de exoneración de hecho de impuestos y cargas fiscales de la que gozan algunos medios con la prescindencia del gobierno. Ello constituye un privilegio y una discriminación, lo que significa un grave atentado contra la libertad de prensa, además de actos de abuso de poder y de corrupción, todo lo cual siempre ha sido condenado por esta Sociedad.

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