Guatemala

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GUATEMALA La prensa de Guatemala atraviesa por uno de los momentos más difíciles que le haya tocado vivir desde el retorno a la democracia, producto de una campaña de desprestigio y acoso, instigada por funcionarios del gobierno estrechamente vinculados con quien controla el monopolio de la televisión abierta en canales VHF. Las relaciones entre el gobierno del presidente Alfonso Portillo y la prensa se han desarrollado en un clima de incertidumbre y tensión, momentos críticos como la presión oficial que se dio en febrero del 2000 para que el canal l3 cancelara el programa opositor T-Mas de Noche, del periodista José Eduardo Zarco. Luego de ese incidente, cuatro canales de televisión abierta que son controlados por el empresario mexicano Remigio Angel González, quien apoyó la campaña de Portillo con una millonaria inversión publicitaria, se dieron a la tarea de intentar desacreditar a la prensa escrita y a los periodistas independientes, además de utilizar a los reporteros de las estaciones para promover la imagen del gobierno y en particular la del ministro de Comunicaciones, Luis Rabbé. El relator de la OEA para la libertad de expresión hizo algunas recomendaciones al gobierno y, aunque no eran de gran trascendencia, ninguna de ellas fue cumplida hasta el momento por el presidente, quien sin embargo aprovechó publicitariamente la ocasión. Las relaciones prensa-gobierno están deterioradas. Los funcionarios públicos limitan la información a los reporteros. El presidente ha reducido sus conferencias de prensa al máximo y, tanto él, como el vicepresidente Francisco Reyes López, critican públicamente a la prensa escrita, a la que consideran “irresponsable” por los “ataques” que reciben. La prensa independiente ha denunciado los actos de corrupción en la administración pública y Prensa Libre provocó un escándalo nacional al presentar una cinta magnetofónica que permite comprobar que los diputados del partido oficial modificaron ilegalmente una ley. Por este hecho, veinticuatro diputados están sometidos a proceso para eliminar su inmunidad, entre ellos el presidente del Congreso, general Efraín Ríos Montt. Resumen de hechos que afectaron la libertad de prensa: Enero del 2001: Prensa Libre respalda editorialmente una iniciativa para promover la transparencia en la elección de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC). Se manifiesta apoyo a iniciativas de grupos pro-justicia de la sociedad civil. Febrero: publicaciones diversas en Prensa Libre sobre la necesidad de transparentar la elección de la CC provocan las primeras transmisiones de noticieros progubernamentales criticando al diario, con el afán de desacreditar su credibilidad. 15 de febrero: El periódico informa sobre una serie de anomalías en la adjudicación de contratos en el ministerio de Comunicaciones, el más señalado por actos de corrupción en el gobierno. 19 de febrero: Trabajadores del ministerio de Comunicaciones, haciéndose pasar por simpatizantes del ministro Rabbé, realizan una manifestación frente a El Periódico, en un claro intento de intimidar a los periodistas de ese diario. 19 de febrero: Prensa Libre publica un trabajo de investigación periodística en torno a la corrupción en el ministerio de Comunicaciones. 20 de febrero: Prensa Libre y luego El Periódico publican pruebas de que los manifestantes ante este último medio, eran empleados del ministerio de Comunicaciones. El presidente Portillo resta importancia al hecho y dice que si se prueba que eran empleados estatales, “serán destituidos”. 20-27 de febrero: Se orquesta una campaña contra la prensa escrita, principalmente contra los medios El Periódico y Prensa Libre. Se ataca a sus directores e incluso el ministro Rabbé, quien es cuñado de Angel González, hace una velada amenaza de muerte, que es denunciada por los afectados, los periodistas Rubén Zamora y Gonzalo Marroquín. A partir de entonces se intensifican los ataques a los periódicos en los dos noticieros de TV abiertas, llegando al extremo de hacer señalamientos personales, acusaciones injuriosas y calumniosas, y hasta editar mañosamente historias que comprometen a los directores de El Periódico y Prensa Libre en un supuesto complot. 26 de febrero: Prensa Libre publica un informe, basado en un trabajo de investigación en el cual se vincula al empresario televisivo con Vladimiro Montesinos, realizado por el periodista peruano Christian Vallejo, a quien los noticieros de TV presentan como un mercenario de la prensa y además como borracho irresponsable. Desde entonces esta campaña se ha multiplicado, al extremo que un monitoreo de la misma permite mostrar que han dedicado casi una hora diaria en dos telenoticieros y publicaciones en un diario, para intentar desprestigiar a la prensa escrita. También se tienen evidencias claras de una intervención telefónica, la que parece estar dirigida por Inteligencia del ejército, cuyo director es hermano del ministro Rabbé. El silencio de la presidencia ante los ataques y las actitudes de Rabbé, permite suponer que avala lo que está sucediendo, mediante el “linchamiento” público de quienes denuncian la corrupción y el monopolio de TV. Esta situación, sumada la que antes ha denunciado la prensa escrita sobre los favores oficiales que González utiliza para congraciarse con los presidentes de turno y los políticos más influyentes, muestra el grave peligro que atraviesa la democracia guatemalteca. 28 de febrero: El reportero Gustavo Soberanis, del diario Siglo XXI, fue amenazado verbalmente y con una pistola por el Contralor General de la Nación, quien además le limitó el acceso a la información. El diario denuncia el hecho y lo califica como parte de “actos públicos de intimidación y agresión de que han sido objeto otros medios de prensa guatemaltecos”.

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