Uruguay

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URUGUAY Tras la asunción del gobierno de Jorge Batlle se advierten cambios positivos en los procedimientos gubernamentales para distribuir la publicidad oficial, aunque ésta ha experimentado una radical disminución. En cambio, sobre el mismo tema se considera lamentable la lentitud judicial para pronunciarse sobre denuncias concretas. El dictamen sobre estas causas permitiría contar con antecedentes jurídicos valiosos ante una eventual reincidencia. Uruguay padece actualmente una aguda recesión que repercute de manera particularmente negativa sobre los medios de comunicación, algunos de los cuales deben cesar sus publicaciones o cambiar su frecuencia de edición, mientras otros realizan importantes recortes presupuestales. Tanto los propietarios de periódicos como los periodistas agrupados en la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) reclaman medidas que, aliviando la presión fiscal que padece el sector, permitan la sobrevivencia y el desarrollo de los medios. A la disminución de los ingresos publicitarios y el alto costo impositivo, se suma el alto porcentaje sobre el precio de tapa por concepto de distribución y la virtual imposibilidad de registrar suscriptores. Un informe aprobado en enero por la APU coincide en señalar la evolución positiva en la función periodística desde la toma de posesión del nuevo gobierno en marzo del 2000. El informe indica la necesidad de modificar la normativa sobre los medios de comunicación, la cual en forma incongruente con el texto constitucional que consagra la libertad de prensa, incluye la posibilidad de severas sanciones económicas e incluso la prisión, a la vez que valida al llamado “derecho de respuesta”.

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