Brasil

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BRASIL El 7 de junio del 2000 la Comisión de Constitución y Justicia del Senado Federal aprobó un proyecto de ley mediante el cual se prohibe la publicidad de cigarrillos y bebidas alcohólicas en diarios, revistas, radio, televisión y exteriores. Para que se convierta en ley, el proyecto requiere de la aprobación del pleno del Senado Federal y de la Cámara de Diputados. El proyecto también prohibe cualquier tipo de propaganda en equipos deportivos, artículos promocionales, locales de venta, o cualquier otro tipo de material utilizado para la promoción del tabaco y el alcohol. El 14 de setiembre de este año, la Comisión de Constitución y Justicia del Senado Federal aprobó la realización de audiencias públicas para debatir el referido proyecto de ley. Ese mismo mes, el gobierno dictó una medida provisoria que constituye una especie de Ley Mordaza para los apoderados del Banco Central. Según este nuevo dispositivo legal, los apoderados deberán contar con la aprobación de la dirección del banco para poder hacer declaraciones públicas sobre asuntos relacionados con la institución. El ministerio de Justicia decidió obligar a los canales de televisión a exhibir el horario y el grupo de edad permitido para la transmisión de programas antes y durante el programa mismo. El ministro de Justicia, José Gregori, se defendió de las acusaciones de censura, argumentando que lo que pretende es disminuir la influencia de programas con escenas de violencia sobre niños y adolescentes. La orden entró en vigencia una semana después y el canal que incumpla con dicha medida deberá responder judicialmente. La pena podría llegar a la pérdida de la licencia de funcionamiento. La iniciativa no comprende a los programas de corte periodístico ya que se limita al campo del entretenimiento. En el Senado Federal se tramita la llamada Ley Mordaza, un proyecto de ley presentado por el gobierno federal y enviado al Legislativo en 1997. De convertirse en ley, los funcionarios administrativos, delegados policiales, abogados, fiscales y jueces quedarán impedidos de prestar declaraciones a la prensa sobre procesos judiciales en curso. Aunque fue aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre de 1999, parecía sepultado junto con la derrota sufrida por una iniciativa similar en la enmienda constitucional de la reforma del poder Judicial. Sin embargo, desde abril se vienen observando acciones en el Congreso Nacional para seguir adelante con el referido proyecto de ley. En una época en la que la sociedad exige transparencia, se está agregando un instrumento de censura en nombre de la defensa de la privacidad y de la espera de la sentencia. Antes de convertirse en ley, el proyecto deberá ser aprobado por el Senado Federal y sancionado por el Presidente de la República. Mientras tanto, continúa en trámite en el Congreso Nacional un proyecto de la nueva Ley de Prensa que los parlamentarios brasileños desean aprobar en sustitución de la ley de 1967 impuesta por el régimen militar. No existe plazo para la votación y ante la protesta de entidades defensoras de la libertad de prensa, entre ellas la SIP, los congresistas han dilatado el debate del tema. A pesar de ello, el proyecto puede legalmente ser sometido a votación por el pleno de la Cámara de Diputados. Tal como se informara en la última Asamblea General de la SIP, siete periodistas fueron asesinados entre 1995 y 1998 y sus casos aún continúan sin resolverse. Permanecen impunes los asesinatos de: Marcos Borges Ribeiro, muerto el 1° de mayo de 1995, en Rio Verde, Goiás. Aristeu Guida da Silva, de São Fidélis, Rio de Janeiro, muerto el 12 de mayo de 1995. Reinaldo Coutinho da Silva, de Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro, muerto el 29 de agosto de 1995. Ronaldo Santana de Araújo, de Eunápolis, Bahia, muerto el 9 de octubre de 1997. Edgar Lopes de Faria, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, muerto el 29 de octubre de 1997. Manoel Leal de Oliveira, de Itabuna, Bahia, muerto el 14 de enero de 1998. José Carlos Mesquita, de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, muerto el 9 de marzo de 1998. Por otro lado, en lo que va del año, han ocurrido las siguientes agresiones: El 17 de abril, unos reporteros resultaron heridos durante un enfrentamiento entre manifestantes del Movimiento de los Sin Tierra (MST) y la Policía Militar de Belém, capital del estado de Pará, cuando 2000 personas realizaban una marcha en protesta por la muerte de 19 trabajadores sin tierra ocurrida hace cuatro años, el 17 de abril de 1996, en Eldorado do Carajás, estado de Pará. El reportero Jonas Campos y el camarógrafo Célio Costa, ambos del canal TV Liberal, de Belém, fueron agredidos cuando registraban los daños causados a automóviles y a un lugar público. El 25 de abril, unos trabajadores sin tierra que ocupaban la hacienda Tangará, a 30 kilómetros de Uberlândia, en el interior del estado de Minas Gerais, agredieron a periodistas, rompieron y quemaron una cámara de televisión del canal Integração, afiliada a Rede Globo, dañando, igualmente, los equipos del canal Paranaíba, de la Red Bandeirantes. El 19 de junio, el camarógrafo Vicente Campelo, de TV Goiânia, fue agredido en Goiânia por el abogado Gil Alberto Rezende, uno de los acusados del desvío de R$5 millones de la Caja Económica del Estado de Goiás para la campaña electoral del PMDB en 1998. Los involucrados en el delito, que habría beneficiado a la candidatura del senador Iris Rezende al gobierno del estado de Goiás, están compareciendo ante el Tribunal de Justicia del estado. Al percatarse de que estaba siendo fotografiado, el abogado agredió al fotógrafo, propinándole un golpe en el estómago. En cuanto a amenazas, se reportan las siguientes: El 3 de marzo, el periodista Ricardo Noblat, jefe de redacción del diario Correio Braziliense, de Brasília, Distrito Federal, envió una carta al ministro de Justicia, José Carlos Dias, pidiendo garantías para la vida de él y de su familia. Noblat denunció que dos de sus hijos fueron agredidos físicamente y que desde fines de 1998 viene recibiendo amenazas anónimas por teléfono. Asimismo, reveló indicios de que se trata de una persecución política debido a su actividad profesional. Ricardo Noblat informó al ministro de Justicia que su posición independiente y las críticas del diario incomodaban principalmente al gobernador del Distrito Federal, Joaquim Roriz, y al entonces senador Luiz Estevão (PMDB/DF), destituido de su cargo el pasado mes de junio, pero que carecía de pruebas que le permitieran acusar directamente a quien quiera que fuera. El ministerio de Justicia ha solicitado a la Policía Federal que acelere las investigaciones del caso. El 27 de junio, el CDDPH presentó al ministro de Justicia José Gregori, un informe preliminar preparado por sus integrantes sobre las agresiones sufridas por André y Gustavo Scatrut Noblat, hijos del periodista Ricardo Noblat. A pesar de ser preliminar, el informe del Consejo del ministerio de Justicia es concluyente en dos aspectos: existe una connotación política en las agresiones y la Policía Civil del Distrito Federal no trabajó como debía para realmente acelerar las investigaciones de estos delitos. El 8 de marzo, un grupo de enmascarados armados secuestró al periodista Klester Cavalcanti, corresponsal de la revista Veja en Belém, capital de Pará. El periodista fue introducido a un automóvil y conducido al bosque con la cabeza dentro de una bolsa de plástico negro. Lo ataron a un árbol en un paraje solitario y bajo la mira de un revólver lo amenazaron de muerte si publicaba un reportaje sobre la venta ilegal de tierras. Por otro lado, las acciones de censura que se reportan son las siguientes: El 3 de junio, en Brasília, la 5ª. Sala del Tribunal de Justicia del Distrito Federal anuló el proceso en el cual el senador Ernandes Amorim (PPB-RO) reclamaba ante el poder Judicial una indemnización de R$1 millón (cerca de 550 mil dólares) del diario Jornal do Brasil (RJ) por supuestos daños morales causados por un material publicado por dicho diario. El proceso se inició en 1995, en la 7ª. Sala Civil de Brasília, cuando el senador reaccionó ante un editorial de JB titulado “Maleante emergente”, en el que se mostraba la perplejidad de la opinión pública por el nombramiento de Ernandes Amorim como cuarto secretario de la Mesa Directiva del Senado Federal, cuando el parlamentario había sido citado por la entonces Comisión Parlamentaria para la Investigación de Narcotráfico de 1992, como involucrado en el tráfico de drogas y un supuesto homicidio en la ciudad de Ariquemes, Rondônia, de la cual fue alcalde. El 4 de junio, dos efectivos de la guardia civil que estaban de turno en la 16ª. Comisaría de Planaltina, ciudad satélite de Brasília, Distrito Federal, se molestaron cuando el fotógrafo Francisco Stuckert, de Jornal de Brasília, fotografió al hacendado Luiz Cerruti, cuando era arrestado. Hildegilson Aguiar y otro efectivo policial condujeron al reportero gráfico dentro de la estación de policía y le confiscaron el rollo fotográfico. Luego desalojaron a empujones a los reporteros Vera Carpes, de TV Brasília; Lúcia Leal, de Jornal de Brasília, y Luiz Villar, de TV Globo, y les cerraron la puerta de la comisaría. El efectivo Laércio de Carvalho Alves no supo informar cuál era el artículo del Código Penal que permite confiscar rollos de película. “No tengo la obligación de explicar mis motivos legales,” declaró. El 17 de julio, el juez de la 1ª. zona electoral de Rio Branco, Adair Longuini, prohibió a los diarios y emisoras de radio y televisión del estado de Acre divulgar noticias sobre las elecciones municipales, aduciendo que podría constituir propaganda electoral. La prohibición fue comunicada por el fiscal electoral Alvaro Pereira a los representantes de las empresas de comunicación, alcanzando a todas las materias periodísticas relativas a la campaña de los candidatos en las próximas elecciones municipales, inclusive a las de corte periodístico, entrevistas y textos de opinión. Basándose en el dictamen del juez, el Jurado Electoral multó a los diarios y canales de televisión por publicar entrevistas o declaraciones de candidatos a la alcaldía. El 17 de agosto, el Fiscal General de la Fiscalía de la República del estado de Acre, presentó un recurso al superintendente de la Policía Federal, Glorivan Bernardes de Oliveira, solicitándole ordene una investigación policial contra el director general y otros funcionarios del diario A Gazeta, por injurias supuestamente vertidas en notas publicadas por el diario. El 8 de setiembre de este año, la empresa periodística presentó un hábeas corpus ante el Tribunal Regional Federal de la 1ª. Región, en Brasília, para proteger los derechos del director general y de más de 59 funcionarios. Perdieron en primera instancia. El 11 de setiembre, el Fiscal de la República, Marcus Vinícius de Aguiar Macedo, interpuso una acción penal a solicitud de los jueces que se sintieron ofendidos por atentar contra su honra con un pedido precautelatorio de inventariar los bienes de los denunciados para su posterior y eventual inscripción en hipoteca legal. Los denunciados son el director general Silvio Martinello; el jefe de la página editorial Jaime Moreira y la editora asistente Lilia Orfanó. Se trata de un embargo preventivo que procederá con la defensa previa de los acusados, tan pronto retorne de vacaciones el juez titular de la 1ª. Sala Civil de la Justicia Federal de Rio Branco, Pedro Francisco da Silva. El 18 de julio, la orden preliminar dictada por el juez José de Anchieta da Mota e Silva, de la 14ª Sala Civil del distrito judicial de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, prohibió al diario Hoje em Dia, de Belo Horizonte, publicar noticias relacionadas con FUNORTE – Facultades Unidas del Norte de Minas- y con ASSENE – Asociación Educativa del Noroeste. Nordeste y Norte de Minas. El 22 de julio de este año, el diario Tribuna Popular, de São Lorenço do Sul (RS), estuvo durante noventa horas bajo censura entre el 22 y 26 de julio. El juez del distrito judicial de São Lorenço do Sul, Ricardo Carneiro Duarte, ordenó “la búsqueda y confiscación” de la edición del 22 de julio, acción que fue concretada por dos funcionarios judiciales dentro de las 24 horas de ese mismo día. El director Tarso Correa Gonçalves y el editor Pedro Henrique Caldas manifestaron que no fue sino hasta la tarde del 26 de julio que les informaron de la liberación del diario, a pesar de que ya habían tomado todas las medidas legales necesarias en la mañana del domingo 23. En esa misma fecha se celebraba la tradicional fiesta del Colono, dentro del municipio, donde iba a ser distribuida una edición parcial del diario. Para los directivos de Tribuna Popular, el verdadero objetivo del demandante era político: impedir que circulase el diario con el titular “Encuestas indican que el 66% de la población no quiere la reelección del alcalde” (Fuente CNT/Instituto Vox Populi). Los siguientes son los procesos judiciales que se reportan: El 15 de julio, el periodista José Barrionuevo, de RBS, fue condenado a cuatro meses de prisión, además de 13 días de multa, cada uno de los cuales equivale a dos salarios mínimos (R$302,00) por la jueza Isabel de Borba, de la 9ª Sala Penal de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul. El periodista hizo un comentario, en mayo de este año, en el programa radial “Actualidades Gauchas”, de Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, comparando al secretario de Comunicaciones del Gobierno del estado, Guaracy Cunha, con el jefe de propaganda del nazismo, Joseph Goebbels. De acuerdo a ley, la detención fue sustituida por el pago de 15 salarios mínimos, por un total de R$2.265,00, suma que deberá ser donada a una entidad pública o privada. El 25 de julio, el diario O Dia, de Rio de Janeiro, fue condenado al pago de una indemnización de 500 salarios mínimos (R$77.500,00) por daños morales contra el miembro de la policía federal Luiz Amado Machado, cuyo nombre aparecía en una lista de 99 policías que habrían cometido delitos tales como extorsión, secuestro y hasta homicidio. La 4ª. Sala del Tribunal Superior de Justicia redujo la reparación civil a 200 salarios mínimos (R$30.200,00), mediante sentencia publicada en dicha fecha. El reportaje con las listas de los efectivos policiales acusados de delitos fue publicado en las ediciones del 9 y 10 de marzo de 1997. Luiz Amado, policía incluido en la lista de los que usaban “carnet policial y armas para obtener dinero de los ciudadanos”, interpuso una acción de reparación civil por considerar que su dignidad y reputación habían sido “manchadas”, obteniendo en el tribunal de Justicia de Rio de Janeiro, una reparación equivalente a 500 salarios mínimos.

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