Guatemala

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GUATEMALA Como se informó en la Reunión de Medio Año en Cancún, las relaciones entre el gobierno del presidente Alfonso Portillo y la prensa se han desarrollado en un clima de incertidumbre y tensión, con momentos delicados, como la presión oficial que se dio en febrero para que un canal de televisión cerrara el programa opositor “T-Mas de Noche”, del periodista José Eduardo Zarco. Luego de ese incidente, los canales de televisión abierta –3,7,11 y 13–, que son controlados por un empresario mexicano que apoyó la campaña presidencial de Portillo con una millonaria inversión publicitaria, se dieron a la tarea de intentar desacreditar a la prensa y a periodistas independientes, además de utilizar los telenoticieros de las estaciones para promover la imagen del gobierno y el gobernante. En los meses siguientes las relaciones entre la prensa y el Gobierno se han deteriorado. Los funcionarios públicos limitan la información a los reporteros, el Presidente ha reducido sus conferencias de prensa al mínimo y tanto él, como el vicepresidente, Francisco Reyes López, critican públicamente a la prensa, a la que consideran “irresponsable” por los “ataques” que reciben. La prensa independiente ha denunciado los actos de corrupción en la administración pública, y Prensa Libre provocó un escándalo nacional al presentar una cinta magnetofónica que permite comprobar que los diputados del partido oficial alteraron ilegalmente una ley. Por este hecho están sometidos a proceso para eliminar su inmunidad, 21 diputados, entre ellos el presidente del Congreso, el general Efraín Ríos Montt. El partido oficial ha manifestado públicamente su intención de reformar la Constitución el año próximo y, aunque parece remoto que pueda lograrlo con tanta oposición, si ese esfuerzo se llevara a cabo, es seguro que intentarían modificar el artículo 35 de la Carta Magna, que es una plena garantía para la Libertad de Expresión y el derecho que tiene la población a recibir información. También hay al menos un proyecto de ley que el partido oficial pretende impulsar en las próximas semanas y que podría afectar la libertad de información. Se trata de la ley de Secretos Oficiales, que contempla conceder a los funcionarios públicos amplia discreción para decidir lo que se debe dar a conocer y aquello que se puede considerar “secreto”.

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