México

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MEXICO La libertad de prensa se vio seriamente afectada por el homicidio de tres periodistas, el secuestro del propietario de una cadena de diarios, el atentado contra una comentarista de televisión y el arresto del director de una revista. También resurgieron voces que proclaman la instauración de una Ley de Comunicación, concebida para limitar la actividad de los medios impresos y de los periodistas, bajo la consigna de establecer “límites al excesivo poder y libertad de los medios mexicanos”. Hace dos años fue rechazada esta propuesta que pretende reglamentar la conducta de los medios de comunicación en la que, curiosamente, coinciden miembros de los tres partidos más importantes de México: PAN, PRI y PRD. El 9 de abril el reportero gráfico del diario La Opinión, de Matamoros, Pablo Pineda Gaucín, fue asesinado a golpes y su cuerpo abandonado en las inmediaciones del puente internacional Libre Comercio de la vecina ciudad de Harlingen, Texas. Leonor Solís de Pineda, acompañada por el comandante de la Policía Ministerial del estado de Tamaulipas (PME), Sergio Puig Canales, identificó el cuerpo de su esposo, que presentaba señales de tortura, golpes contundentes en diversas partes del cuerpo y fractura de cráneo provocado por un impacto de bala .9mm en la nuca. Las autoridades policiales de Harlingen, Texas, no descartaron que Pineda Gaucín de 39 años, hubiera sido secuestrado, torturado y asesinado en Matamoros y luego abandonado en Texas. De igual forma, descartaron el robo como móvil del homicidio, toda vez que el cadáver tenía una cadena, varios anillos y credenciales de reportero gráfico del periódico La Opinión. El caso sigue abierto y aún no se logra saber los motivos del crimen ni mucho menos se ha detenido a los culpables. Las investigaciones recientes del caso indican que Pineda Gaucín había sufrido varios atentados del narcotráfico en Matamoros y esa es una de las líneas fuertes de investigación, seguida de la de una posible ejecución por su estilo agresivo de periodismo que pudo haber afectado intereses de algún capo de alto nivel. El 28 de abril, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cuerpo del periodista José Ramírez Puente, del grupo de radio Radio Net 1490, fue localizado por vecinos de la colonia Tierra y Libertad. A pesar de que portaba credenciales que lo identificaban, el caso fue ocultado por elementos del grupo de homicidios de la Policía Judicial del Estado (PJE) por circunstancias “extrañas”. Por lo menos 10 horas después del crimen, la familia lo identificó y agentes de la PJE dieron a conocer que habían localizado 10 kilos de marihuana en el auto y que la investigación no era “competencia de ellos”. El cuerpo del periodista, de 28 años, recibió más de 35 lesiones con un picahielos en el costado izquierdo, una de ellas en el corazón. Fue encontrado en el asiento delantero del vehículo de su propiedad, un Sentra, Nissan modelo 1994. El gremio de periodistas de esa ciudad consideró que existen serias dudas sobre esas pruebas, ya que Ramírez Puente gozaba de fama pública de honesto, sin vicios y de hombre apegado a su familia, la que pasaba por problemas económicos. Para el día 2 de mayo, con una marcha de la funeraria Perches a la Iglesia del Sagrado Corazón de esa ciudad, periodistas, políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales, exigieron que se investigue a fondo el homicidio y que se integre un fiscal especial para impulsar las investigaciones así como profundizar en la situación de los agentes de la PJE que iniciaron las indagaciones ya que es raro que no hayan revisado el vehículo. El 19 de julio, Hugo Sánchez Eustaquio, editor del periódico local La Verdad de Atizapán, de Zaragoza, México, fue encontrado muerto con un balazo en el cuello a un costado de su vehículo, sobre la avenida Zaragoza de esa ciudad. De acuerdo con las primeras investigaciones, el periodista había sido secuestrado tres meses antes por lo que las autoridades consideraron el motivo del crimen una ejecución de los secuestradores. El cuerpo fue localizado en el fraccionamiento Hacienda del Pedregal y hasta el momento las investigaciones siguen sin tener una respuesta confiable y definitiva. Un crimen sin resolver es el del periodista estadounidense Phillip True, corresponsal en México del diario San Antonio Express-News, quien fue asesinado en el ejercicio periodístico en la zona serrana de Jalisco a finales de 1996. Los presuntos responsables del homicidio, Juan Chivarra de la Cruz y Miguel Hernández de la Cruz se encuentran detenidos en una cárcel de Jalisco, pero a casi cuatro años del crimen todavía no han sido sentenciados. A finales de mayo de este año una delegación de la SIP encabezada por su presidente Tony Pederson, visitó la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y se entrevistó con el procurador general de Justicia del Estado, entre otras autoridades. El procurador confirmó que para agosto del presente año se llegaría a una resolución. Dos meses después de la fecha del compromiso del procurador el caso continúa en su etapa de desahogo de pruebas y sin dictarse sentencia alguna a los implicados. Entre los casos pendientes se incluyen el crimen de Benjamín Flores González en San Luis Río Colorado en julio de 1997; y el atentado contra Jesús Blancornelas. Sucedido en noviembre de 1997 en la ciudad de Tijuana, permanece sin resolverse y todo parece indicar que las autoridades se han olvidado de investigarlo. El 15 de junio, poco después de las diez de la noche, cuando llegaba a su domicilio en un taxi en la Ciudad de México, el periodista Freddy Secundino Sánchez, colaborador de la revista Epoca, fue secuestrado, torturado, hostigado y amenazado por presuntos agentes judiciales. De acuerdo con la denuncia que realizó Sánchez ante la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en el momento en que pagaba el importe de su traslado, dos sujetos que se presentaron como agentes judiciales lo obligaron a permanecer en el taxi. Después que el operador puso en marcha el vehículo por instrucciones de los presuntos agentes, éstos golpearon al periodista en el pecho y en las rodillas, al tiempo que lo insultaban y lo amenazaban con una pistola. El secuestro duró dos horas, según el relato del periodista. En ese lapso lo mantuvieron con los ojos vendados y las manos fijas en las piernas. Sánchez fue despojado de 11.000 pesos, además de tarjetas de crédito, un teléfono celular y un radiolocalizador. Los secuestradores hicieron referencias al periodista sobre un supuesto daño que le había causado a una tercera persona, al parecer un legislador, quien presumiblemente los contrató. Posteriormente, Freddy Secundino Sánchez fue abandonado en las calles de Galicia, en la colonia Alamos del Distrito Federal, no sin antes ser amenazado con represalias si daba parte a las autoridades. El 2 de agosto en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, el propietario de la cadena de periódicos El Debate, Ildefonso Salido Ibarra, de 62 años, fue secuestrado por desconocidos que lo interceptaron a las siete de la mañana en la Ciudad Deportiva cuando realizaba sus habituales ejercicios físicos. El 5 de agosto Salido Ibarra fue liberado en estado de salud normal luego de haber cubierto el rescate y sin la intervención de las autoridades. El aspecto económico fue en apariencia el móvil del delito. No obstante, el secuestro levantó alta preocupación del gremio porque se realizó a un mes de las elecciones presidenciales. El 17 de abril guardaespaldas de la presidenta del PRI, Dulce María Sauri Riancho, agredieron al reportero gráfico del diario nacional Reforma, José Armando Alemán, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Alemán fue agredido por guardaespaldas de Sauri luego de que intentara fotografiar el registro del candidato priísta a la gobernación de Morelos, Juan Salgado Brito. En el incidente con los elementos de seguridad, el fotógrafo perdió su equipo. Una parte se la llevaron los guardaespaldas y la otra quedó destruida. El 18 de mayo ante la insistencia del reportero gráfico de la revista española Quién, David Oziel Aguilar, el guardia personal de la actriz Julia Roberts, Joe Keideth, golpeó al periodista en la ciudad de Real de Catorce. El 7 de junio en la ciudad sureña de Campeche, Campeche, la senadora Layda Sansores Sanromán irrumpió en un desayuno de periodistas con autoridades locales, celebrado por el “Día de la Libertad de Prensa”. Su objetivo fue enfrentarse verbalmente a un grupo de corresponsales de varios medios informativos, indicando que su intervención sin invitación en ese desayuno tenía como propósito exponer la “Alianza por Campeche que exige periodismo libre, sin mordaza”. La senadora, junto con un grupo de seguidores, golpeó y empujó las paredes y puertas de aluminio de un conocido hotel de esa ciudad, provocando varios daños donde se efectuaba el acto. El 22 de junio Lilly Téllez, comunicadora del noticiero nocturno de TV Azteca, sufrió un atentado en la Ciudad de México, donde resultaron heridos su chofer y sus dos escoltas debido a los más de 20 balazos de distintos calibres que hicieron impacto en los vehículos en que viajaban. Téllez fue víctima del ataque luego de que abandonara la emisora por la noche, poco después de concluir su participación en el noticiero. Al parecer en ese momento tres sujetos estaban en la banqueta de un puente de la vía que tomaron los vehículos de Téllez y sus guardaespaldas y dispararon contra la periodista. De ello resultaron con heridas en el cuello, el chofer de Lilly Téllez y dos personas de seguridad. El 15 de agosto se hicieron varios disparos contra el despacho del periodista Ricardo Alemán, desde un edificio vecino en la Ciudad de México. Los impactos causaron leves desperfectos materiales en la oficina del periodista, que se hallaba ausente en el momento de los hechos. El 19 de septiembre Marco Vinicio Blanco, reportero de La Crónica de Baja California fue agredido por dos sujetos cuando circulaba en su vehículo en la ciudad de Mexicali, Baja California. Los individuos trataban de cerrarle el paso y le apuntaban constantemente con un arma de fuego. El 19 de mayo el reportero Melitón García, del periódico El Norte de Monterrey, Nuevo León, fue sometido a investigación penal porque mediante un acta de nacimiento falsa obtuvo una credencial de elector con nombre distinto al que ostenta. El periodista estaba haciendo un reportaje investigativo con el que pretendió alertar sobre fallas del Registro Federal de Electores y del padrón electoral. El 19 de agosto, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a pocas horas del proceso electoral en el Estado, el gobernador Roberto Albores Guillén ordenó retirar de la circulación ejemplares del diario La Jornada y demás periódicos de circulación nacional. Los paquetes de periódicos llegaron al aeropuerto de forma normal, desde el Distrito Federal. Sin embargo, se constató que fueron interceptados y no entregados en los puntos de venta. Para La Jornada, no es el único caso de censura por parte del gobierno del Estado y en noviembre de 1999, Albores Guillén decomisó el periódico porque éste daba cuenta del incidente en torno a un supuesto intento por deponerlo del cargo. El 11 de agosto en Xalapa, Veracruz, periodistas organizados de la zona de Martínez de la Torre denunciaron la actitud autoritaria y prepotente del delegado de la quinta región de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, general Javier Herrera Barrera, por cuyas órdenes un grupo de policías secuestró y privó de la libertad al corresponsal del diario La Opinión de Poza Rica, Jesús Mejía Lechuga. El 20 de agosto, en el Distrito Federal, las oficinas del periódico bimensual La Llovizna, que dirige el fotógrafo Pedro Valtierra Ruvalcaba, fueron saqueadas en un hecho extraño ya que los ladrones, además de sustraer equipo de computación y fotográfico valuado en 35.000 pesos, se llevaron documentos con información periodística y administrativa. El 17 de septiembre en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, la fracción legislativa del PAN exigió que el noticiero radiofónico “Vértice Informativo”, conducido por Jorge Acuña, ex coordinador de prensa del PRD, salga del aire debido a que sus conductores presuntamente están ligados con el PRD-gobierno y se han dedicado a golpear a la oposición y defender al mandatario Ricardo Monreal Avila. El 19 de septiembre, Antonio Pinedo Cornejo, director de la revista Semanario, de Ciudad Juárez, fue detenido por la Policía Judicial del Estado de Chihuahua en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por la juez cuarto de lo penal. Javier Benavides González, jefe de la policía municipal de Ciudad Juárez hasta el 22 del mes, presentó una demanda en contra del periodista luego de la publicación en la citada revista de un reportaje donde se afirmaba que el ex comandante protegía a narcotraficantes. El artículo exponía casos de personas vinculadas con esa actividad. Al salir del Centro de Readaptación Social de Ciudad Juárez, el 20 de septiembre Antonio Pinedo luego de depositar una fianza de 15.000 pesos, indicó que su aprehensión era un atropello no sólo contra él, sino contra la libertad de expresión.

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