Nicaragua

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Asamblea General de la SIP Santiago, Chile Octubre del 2000 Informe de Libertad de Prensa NICARAGUA El peligro más latente que existe contra la libertad de prensa en Nicaragua se manifiesta a través de mecanismos que afectan económicamente a los medios de comunicación. Entre éstos figuran el intento de aprobar una ley del salario mínimo para periodistas; el uso de reparos fiscales; la concesión o supresión de publicidad estatal; y una campaña de desprestigio contra La Prensa, sus periodistas, y otros medios. El intento de aprobar una ley del salario mínimo para periodistas, fuera de la realidad económica del país, fue archivado temporalmente después de la resolución emitida por la SIP en Cancún el 16 de marzo pasado, que condenó el proyecto. Después de varias investigaciones de corrupción gubernamental que los medios de comunicación llevaron a cabo desde enero de 1999, y especialmente a consecuencia de una importante investigación del diario La Prensa que se inició en marzo del 2000 y que culminó con la destitución de dos altos funcionarios, uno de ellos el director general de Ingresos (DGI) Byron Jerez, la Contraloría General de la República (CGR) no encontró presunción de responsabilidad penal porque se lo impedía el secreto bancario. No obstante, el 28 de septiembre ese ente fiscalizador encontró presunción de responsabilidad penal para Jerez y otros funcionarios por otro caso expuesto por el Semanario Confidencial y tratado por todos los medios independientes. Al conocerse el dictamen de la Contraloría que pedía su destitución, el director general de Ingresos llamó a una conferencia de prensa pero impidió el acceso de periodistas del diario La Prensa. La Prensa recibió un reparo de impuestos de casi medio millón de dólares, como resultado de una auditoría efectuada por la Dirección General de Ingresos que se inició tras comenzar las investigaciones periodísticas de corrupción gubernamental. El Canal 2 de Televisión, que trasmite uno de los principales noticieros, fue objeto de otro reparo millonario. El gobierno prohibió por un tiempo a los ministros de Estado aparecer en “Primera Hora”, el programa matinal estelar del Canal 2. La prohibición fue levantada tras el terremoto en la ciudad de Masaya. Los directivos de La Prensa declararon en un comunicado que consideran el reparo “arbitrario, exagerado, sin base legal y como una presión para obligarnos a variar la línea editorial”. El reparo se refiere a bonos estatales (Banco Central) que por ley están exentos del impuesto sobre la renta y que todos los bancos y muchas corporaciones privadas han invertido en ellos para aprovechar el beneficio fiscal que otorga la ley. En el caso de La Prensa, aunque la DGI reconoce la exoneración de los intereses devengados por estos bonos, no se aceptan como gasto los intereses de los préstamos bancarios que adquirió el diario. Curiosamente, el motivo del reparo a La Prensa es el único que se ha impuesto a una empresa privada por causa de la adquisición de bonos del Banco Central. La Prensa interpuso un recurso de amparo. Además del reparo, se inició una campaña de desprestigio contra La Prensa y el Canal 2 que no sólo incluía alusiones en todas las estaciones de radio y televisión del Gobierno o “amigas” del mismo, y anuncios de páginas enteras en otros periódicos y publicaciones, sino que también mantas desplegadas en las calles en las que se instaba a La Prensa y a Canal 2 a pagar sus impuestos: “Si los pobres pagamos impuestos, La Prensa que pague”, se leía en una. Otra decía: “El pueblo sabe....Lic. Byron Jeréz La Prensa y Canal 2 la escribe al revés”. Como resultado de la investigación de La Prensa, el diario del Partido de gobierno La Noticia y otros medios oficialistas lanzaron una campaña de desprestigio contra sus dos jefes de redacción, Eduardo Enríquez y Roberto Fonseca, acusando falsamente a uno de aceptar coimas de la Contraloría General de la República, y al segundo de haber introducido ilegalmente al país un automóvil libre de impuestos. En el caso de Enríquez, éste entabló una demanda judicial por calumnias al diario La Noticia, cuyos directivos debieron retractarse públicamente de las acusaciones. En septiembre, Carlos Briceño, propietario y director de Telenica Canal 8, denunció que los auditores de la DGI habían llegado a su empresa pocas semanas después de que el presidente Alemán criticara a Briceño por su gestión como su primer secretario de prensa, cargo que desempeñó durante el primer año de gobierno. Alemán responsabilizó a Briceño del fracaso en su política de comunicación y su distanciamiento con los medios. El 26 de septiembre el Seguro Social dio a Canal 8 72 horas para cancelar una deuda de 1.450.000 córdobas (111.500 dólares) o cobrarla por la vía judicial embargando la empresa. El adeudo no pagado al Seguro Social en córdobas es de 57.000 por cuota laboral, 180.000 por cuota patronal, 134.000 por intereses y un millón por recargos. Briceño alega que el cargo se originó en 1996 y que desde esa fecha su empresa ha pagado sin recibir servicios para sus empleados y que ha tratado de hacer arreglos para que le dispensen los recargos que es lo normal, según Briceño. Con referencia a la concesión de publicidad estatal, el gobierno ha favorecido a los medios que apoyan su gestión y los medios radiales que no apoyan al gobierno se quejan de discriminación. En lo que se refiere a los diarios escritos, los datos comparativos del período de enero a mayo, tanto del año 1999 como del año 2000: La Prensa: año 99: US$ 322.136 año 2000: US$ 266.227 - Decreció $ 55.909 Nuevo Diario: año 99: US$ 291.782 año 2000: US$ 311.788 - Incrementó $ 20.006 La Tribuna: año 99: US$ 149.691 año 2000: US$ 99.402 - Decreció $ 50.290 La Noticia: año 99: US$ 38.216 año 2000: US$ 220.629 - Incrementó $182.413 En este período, la Dirección General de Ingresos (DGI) pautó solamente 50.000 dólares con La Prensa. En comparación, pautó 200.000 con El Nuevo Diario; 330.000 con La Noticia, y cero con La Tribuna. La Noticia es el diario oficial que responde al Partido Liberal en el poder, tiene solamente el 3 por ciento del mercado de circulación entre los medios escritos mientras que casi el 100 por ciento de su publicidad proviene del estado. La Tribuna se encontraba en este período en una crisis económica que afectó su circulación y calidad informativa lo cual la llevó a la quiebra unos meses después. El 8 de septiembre, aprovechando el Día Internacional del Periodista, el presidente Alemán ofreció un desayuno a la prensa nacional y extranjera en el que prometió una nueva etapa en las relaciones con los medios de comunicación que hasta la fecha ha sido antagónica desde su inicio como primer mandatario. “He cometido errores que de ahora en adelante serán cosa del pasado”, dijo Alemán y prometió que en el futuro no habrá discriminación en la distribución de publicidad estatal por razones políticas. Aún es muy pronto para valorar el cambio en la pautación estatal, pero se ha notado una mejoría en algunos entes estatales como la DGI que discriminaban contra la La Prensa. En ese sentido, la DGI ya ha pautado un 21% de sus anuncios en La Prensa, aunque continúa pautando más en otros diarios: un 39% en El Nuevo Diario y un 40% en La Noticia. A principios de mayo, se aprobó en lo general el Código Penal, pero hasta este momento continúa sin aprobarse la versión final que sustituirá al Código actual que tiene más de 100 años. Aunque el proyecto protege el derecho a la información en su Art. 372, que establece penas para quienes mediante coacción, amenaza, intimidación o soborno impidan el ejercicio de la libertad de expresión, los artículos 199, 200, 201 y 202 protegen la intimidad de las personas. Estos artículos están redactados de forma que, según juristas y periodistas, coartarán la labor de denuncias de corrupción y otros vicios de la administración pública. Por ejemplo, el Art. 200 dice: “La persona que tenga noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, y lo revele sin causa justificada, será penada con prisión de uno a dos años e inhabilitación especial por el mismo período de la pena aplicada”. El Art. 199 se refiere en términos similares a correspondencia, papeles o grabaciones no destinadas a la publicidad, y el 202 se refiere a registros informáticos, bases de datos, etc. El Consejo Supremo Electoral (CSE) publicó una resolución que regula la propaganda de los cuatro partidos políticos que participan en la campaña electoral de las elecciones municipales de este año (del 21 de septiembre al 1 de noviembre del 2000). Estas resoluciones limitan las páginas de anuncios de los partidos políticos participantes en la prensa escrita y limitan el tiempo de los anuncios en radio y televisión. También prohibe a los medios aceptar anuncios de partidos y movimientos que no estén participando en las elecciones. Un día después que se inició oficialmente la campaña, Silvio Américo Calderón, del partido de Gobierno, vocero y magistrado del CSE, llamó a Octavio Sacasa, dueño del Canal 2, ordenándole que suspenda un spot del Partido Conservador que, según el Magistrado, estaba reñido con el artículo 107 de la nueva Ley Electoral por usar las palabras “Pacto y Corrupción”. El artículo estipula que la propaganda deberá versar sobre programas, valores, principios, además de promover la trayectoria política, cualidades y virtudes de los candidatos “a quienes se prohibe denigrar, ofender o descalificar a sus adversarios”. Los delitos electorales, según la misma ley, serán sancionados con arresto de 30 a 180 días. Tanto el presidente del Partido Conservador como el candidato a alcalde de Managua por el mismo partido, desafiaron la prohibición e hicieron una protesta en todos los medios saliendo con un bozal en la boca y declararon que preferían la cárcel a suspender el spot. El Canal 2 pidió una orden por escrito del Consejo Supremo Electoral, el cual publicó un comunicado negando que el CSE como cuerpo colegiado haya ordenado, ni de forma verbal ni por escrito, la suspensión del spot del Partido Conservador. El general retirado Joaquín Cuadra, presidente del Movimiento de Unidad Nacional que está por legalizarse como partido y que no participa en las elecciones municipales, también se negó a suspender la propaganda de su partido. El 15 de agosto el ex General Humberto Ortega acusó a El Nuevo Diario por injurias y calumnias por una publicación del diario en que ligaba al General Ortega con el capital de la familia Centeno Roque, la cual se vio envuelta en un escándalo financiero fraudulento de grandes proporciones que hizo quebrar a uno de los bancos más grandes de Nicaragua. El juicio se ha desarrollado con dilatorias legales y el 14 de agosto la jueza María José Morales rechazó el escrito acusatorio por “oscuro y contradictorio”. El director de El Nuevo Diario, Danilo Aguirre Solís, declaró que su asistencia al trámite conciliatorio sería para “defender la libertad de expresión”. A finales de marzo apareció nuevamente Barricada, ahora como semanario y como órgano oficial del Partido Sandinista (FSLN). Se publicaron pocos números y dejó de salir en julio. Por otro lado en el mes de julio también desapareció La Tribuna, uno de los cuatro diarios que circulaban en Nicaragua.

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