Bolivia

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BOLIVIA Tras su oferta de “racionalizar y unificar” la concesión de publicidad oficial a los medios como emergencia de justificados reclamos de discriminación, el ministerio de Información Gubernamental determinó publicar semanalmente, a partir del 2 de diciembre del pasado año, la Gaceta Oficial de Convocatorias de Bolivia, destinada a divulgar “las licitaciones, invitaciones directas, avisos de remate, contratación de bienes y servicios y servicios y requerimientos de personal del sector público”, hecho que provocó molestia en los diarios independientes por el perjuicio que pudiera causarles, aunque sin que hubiesen logrado variación alguna de la decisión, fundamentada por el funcionario en el descubrimiento de supuestas irregularidades en la colocación anterior de los avisos y en el propósito de reducir gastos del Estado. La renuncia del ministro autor de la idea, registrada el 10 de este mes, puso en duda la continuidad o no de la citada publicación. Otro de los hechos más salientes fue la denuncia del grupo Comunicaciones El País, propietario del periódico El Nuevo Día, de la ciudad de Santa Cruz, de haber sido éste víctima de una querella de la cooperativa telefónica local para enjuiciar a sus directivos ante los tribunales ordinarios por haber denunciado irregularidades y despilfarro cometidos en la entidad, con el velado propósito de acallarlo. Una movilización de la Asociación Nacional de la Prensa logró que el juzgado en que se radicó la causa declinara jurisdicción y ella pasara al Jurado de Imprenta, de acuerdo con previsiones de la ley especial de 1925 que rige la materia. A la fecha la causa parece haberse diluído. Por lo demás, sigue el debate sobre el alcance de un artículo del Estatuto del Funcionario Público que el gobierno pretende aprobar y que vulneraría el derecho de la prensa a acceder sin restricciones a las fuentes de información.

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