México

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MEXICO El asesinato de un reportero y la asignación del manejo de la publicidad oficial a la agencia noticiosa gubernamental Notimex, han sido los sucesos más preocupantes en torno a la libertad de expresión durante los últimos seis meses en México. A lo anterior se agrega el olvido de algunos crímenes contra periodistas como el de Phillip True, corresponsal en México del diario San Antonio Express-News, cuyos asesinos no han sido sentenciados luego de un año del delito ocurrido en la sierra de Jalisco. El 1º de marzo el gobierno, por medio de la secretaría de Gobernación, le agregó a la agencia gubernamental de información, Notimex, la distribución exclusiva de la publicidad del sector público federal. De ello surgieron varias protestas ante el evidente intento de monopolizar el manejo de la publicidad oficial . La Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, principal organismo que reúne a este gremio en el país, calificó la decisión como un retroceso en la comunicación. José Alberto Terán, director de dicha asociación de agencias, indicó que el gobierno está retrocediendo a prácticas superadas y que sólo la libre iniciativa privada genera una sana competencia. Afirmó que Notimex le quita a las empresas la oportunidad de competir. El subsecretario de Comunicación de Gobernación, Javier Lozano Alarcón, rechazó que Notimex signifique un monopolio al argumentar que no es obligatorio convocar a un tercero para manejar la publicidad de nadie. En los medios periodísticos existe la preocupación de que un monopolio de la publicidad oficial sea utilizado para premiar o castigar a los diarios en violación a los principios de la Declaración de Chapultepec, como en primer lugar corresponde objetar que los estados operen presuntas agencias noticiosas cuyo objeto es la pura propaganda del gobierno de turno. El 13 de marzo, el grupo de diarios Reforma anunció su rechazo a los anuncios enviados por Notimex a fin de no “legitimar una práctica comercial que comprometa el ejercicio del periodismo independiente”. En otro hecho relevante, continúan los intentos de frenar la libertad de expresión con una ley mordaza. El 25 de febrero, el diario Reforma, de la ciudad de México, publicó la noticia de la realización de un decálogo para la prensa que las autoridades del estado de Tlaxcala formularon con el objetivo de saber qué hacer como funcionario ante las entrevistas de los medios. El secretario de gobierno de ese Estado, Fabián Pérez Flores, giró una circular a los demás empleados del gobierno de Alfonso Sánchez Anaya, instruyéndoles a no hacer declaraciones de prensa porque ésta ha confundido la información con “mensajes amarillistas, morbosos y destructivos”. En el documento, fechado el 27 de enero, el encargado de la política interior de Tlaxcala, giró instrucciones para que en caso de encuentros entre funcionarios y periodistas, los integrantes del gabinete apliquen un decálogo al momento de conceder entrevistas y se le sugiere ofrecer entrevistas de prensa, “sólo cuando se tengan resultados positivos o avances significativos de sus programas y obras”. Luego de estar por más de tres años empañado por confusiones y por la libertad del presunto autor intelectual, el caso de homicidio del periodista Benjamín Flores González, director del diario sonorense La Prensa, podría resolverse al ser detenidos los hermanos Gabriel e Ismael Gutiérrez, presuntos autores materiales del asesinato del periodista. Los presuntos asesinos fueron capturados el pasado 24 de febrero en el estado fronterizo de Arizona, en Estados Unidos, por varios delitos relacionados con el narcotráfico, además del crimen de Flores González. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora todavía no solicitó la extradición de ellos a tierras mexicanas para ser procesados por el homicidio en contra de Flores González, ocurrido el 15 de julio de 1997. Jaime González Gutiérrez, hermano de los detenidos en Arizona, fue liberado el año pasado y exculpado de varios cargos, incluyendo la autoría intelectual del crimen de Benjamín Flores. El 1º de febrero en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, el reportero de la revista local Multicosas, Luis Roberto Cruz Martínez, fue asesinado de varias puñaladas en la región del tórax y corazón. El homicida confeso es Oscar Antonio Jiménez González, alias “El Tony”, quien luego de ser detenido en el lugar de los hechos, escapó el día 10 de febrero del agente de la Policía Ministerial, Alfonso Gómez Chávez, quien lo custodiaba en el momento que era trasladado al Cereso, luego de que el juez tercero de lo penal lo declarara formalmente preso por el asesinato cometido en agravio del periodista. Las investigaciones arrojaron que el motivo del homicidio fue una supuesta denuncia de parte del reportero a las autoridades municipales cinco días antes del crimen, donde exponía que su vecino (Oscar A. Jiménez González) era propietario de un auto reportado como robado, un vehículo Chrysler Spirit 1983. Hugo Ramos, director general de la revista Multicosas, indicó que el homicida preparó el crimen como venganza y dentro de todo la autoridad municipal está involucrada ya que después de la supuesta denuncia por parte del reportero, el auto en referencia no salió como robado. Recién al ser detenido después del crimen por la Policía Judicial, inmediatamente el vehículo Spirit modelo 1983 blanco fue reportado robado en una ciudad de Estados Unidos. Hasta el momento el homicida sigue prófugo y el agente Alfonso Gómez Chávez, se encuentra detenido en la celda donde debiera estar Jiménez González. El 4 de enero, el reportero Fernando Barroso del diario Frontera en la ciudad de Tijuana, fue intimidado por cuatro hombres, uno de ellos armado. Los sicarios viajaban a bordo de una camioneta panel blanca y persiguieron al reportero. El que iba armado le apuntó directamente, gritándole que se detuviera. Barroso se agachó sin dejar de conducir su vehículo y los agresores hicieron tres disparos al aire. Fue perseguido hasta las instalaciones de Frontera. La Policía Ministerial del Estado de Baja California efectuó sin éxito varios operativos para localizar la camioneta. El 8 de diciembre, el diario El Siglo de Torreón y el periodista Carlos Ramírez denunciaron haber sido amenazados por ejercer la libertad de expresión. Las instalaciones de El Siglo de Torreón fueron baleadas por desconocidos. También el periodista Carlos Ramírez denunció que él y su familia fueron amenazados, pero mediante una llamada telefónica, la segunda que se le hacía por este medio en 15 días. Carlos Ramírez acusó a grupos priístas que se localizan en la campaña presidencial del candidato oficial. Refirió que también en otra ocasión, el columnista Alvaro Cepeda, del diario México Hoy, había sido víctima de constantes llamadas telefónicas anónimas para amenazarlo por el contenido de sus textos. Las autoridades no han realizado ningún reporte ni mucho menos expuesto a los afectados cuáles han sido las líneas de investigación y resultados. El 19 de diciembre, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, el director del periódico La Extra de Nayarit, Enrique Torres Zamora, fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). Luego de advertir que recibió amenazas de encarcelamiento por parte de esa dependencia, el periodista fue detenido bajo los cargos de infracciones de tránsito, ofensas a la autoridad y “otras denuncias” que se le siguen en el Ministerio Público –que hasta el momento no han sido informadas. Mariana García, esposa del periodista, dijo que cuando acudió ante las autoridades a informarse de los motivos de arresto, agentes de guardia le impidieron verlo y el propio director de Seguridad Pública, Xocoyootzin Rentería Vega, le negó información sobre los motivos de la detención. Torres Zamora había dedicado en los últimos meses los principales titulares del periódico a criticar al gobierno municipal y existe confusión hasta la fecha de cuál fue el motivo de su detención. El 20 de octubre en el Distrito Federal, los periodistas del diario Crónica demandaron al gobierno capitalino que deje de intervenir en la vida interna de ese medio de comunicación y que cese la persecución judicial que ha lanzado en contra de varios reporteros. En una carta publicada en el mismo diario capitalino denominada “Carta a Rosario Robles: alto a la intervención en Crónica”, quienes ahí laboran exigieron a la funcionaria que les permita buscar la forma de asociación que mejor les convenga. El diario denunció que junto con el resto de la información oficial diaria, recibió del gobierno local, un exhorto a que se le otorgue “cuanto antes” el registro legal a un sindicato que al parecer quiere constituir un grupo no mayor de nueve personas que ya no pertenecen al diario. Según Crónica, los nueve trabajadores despedidos de ese diario, forman un nuevo grupo sindical del cual dijeron que tenían todo el apoyo de las autoridades. Luego de un largo proceso legal que duró poco más de un año, el proceso de demanda por daño moral causado por el diario capitalino La Jornada en contra del presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, llegó a término. El pasado 29 de febrero del presente año, autoridades judiciales del Distrito Federal, dictaminaron la obligación del periódico La Jornada de publicar la sentencia del caso en la misma sección donde se publicó la noticia que decía en su cabezal textualmente: “ACUSAN A SALINAS PLIEGO DE CONTRATAR EL ASESINATO DE ROCHA”. La Jornada, el 27 de enero de 1997, exponía que Ricardo Salinas Pliego, había realizado una supuesta contratación para asesinar al periodista Ricardo Rocha. Esto llevó una demanda en contra del diario el 14 de marzo del mismo año de Salinas Pliego, bajo el argumento de daño moral. A once meses, el 4 de febrero del 2000, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó que la publicación del 27 de enero de 1997 del periódico La Jornada, sí causó daño moral a Ricardo Salinas Pliego, desencadenando esto la obligación del periódico La Jornada de publicar dicha sentencia en el mismo espacio donde se publicó la nota. Hasta el día 7 de marzo del presente año, La Jornada no ha publicado información alguna al respecto, encontrándose todavía en el plazo de cinco días establecido por las autoridades para que cumpla con el dictamen. En los últimos seis meses, no ha existido novedad alguna en la investigación y solución del caso de atentado contra el periodista tijuanense, Jesús Blancornelas, director del semanario Zeta, quien fuera severamente herido a balazos el día 27 de noviembre de 1997 en la ciudad de Tijuana, Baja California, en un ataque en el que murió su chofer, Luis Valero y uno de los sicarios. A pesar de las presiones que instituciones como la Sociedad Interamericana de Prensa han ejercido contra las autoridades federales mexicanas para la resolución del caso, no hay hasta el momento ningún avance, lo que confirma el clima de impunidad que prevalece en México en materia de atentados en contra de la libertad de expresión.

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