Nicaragua

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NICARAGUA En Nicaragua persisten los problemas que afectan la libertad de prensa. El gobierno del Presidente Arnoldo Alemán mantiene su política de confrontación con la prensa nacional, haciendo cada vez más tensa la relación con los medios y manteniendo una atmósfera de incertidumbre entre los periodistas independientes. En su tercer informe anual que presentó a la Asamblea Nacional el 10 de enero de este año, el Presidente atacó con palabras fuera de tono a los tres periódicos principales, a los que acusó de “traición a la patria” porque publicaron en campo pagado (según expresó el primer mandatario: “por unos dólares más”) una declaración del presidente de Honduras en relación con el conflicto limítrofe que se generó al haber ratificado el Congreso hondureño un Tratado de delimitación marítima con Colombia, que Nicaragua lo considera lesivo a la integridad de su plataforma continental y mar territorial. El comunicado presidencial hondureño fue publicado porque es obligación dar cabida a las diversas opiniones que son del interés público, y además como una contribución para que este conflicto se solucione de manera pacífica, diplomática y legal -en las cortes internacionales-, ya que una guerra sería catastrófica no sólo para Nicaragua y Honduras sino para todo Centroamérica. El comunicado que exponía la posición hondureña solicitaba también apegarse a soluciones pacíficas. El gobierno declaró que los diarios hondureños se habían negado a publicar un comunicado del presidente de Nicaragua y que por lo tanto debió haberse publicado el del presidente de Honduras, afirmación que sin embargo resultó falsa. El presidente también se refirió en su mensaje a los diarios, y aparentemente de manera muy especial a La Prensa, llamándolos “irrelevantes minorías e intereses familiares incrustados en el negocio de la comunicación social que además de beneficiarse de cuestionables privilegios fiscales otorgados en la pasada administración, se aprovechan para lucrarse de la más irrestricta libertad de expresión”. Además, los llamó “mercantilistas” y los acusó de haber “satanizado a priori de manera irracional y furibunda”, el diálogo o pacto político entre los partidos Liberal Constitucionalista y FSLN, que son mayoritarios en la Asamblea Nacional. Acusó a los diarios de un supuesto “ocultamiento malicioso y de los esfuerzos desinformativos” para ocultar las obras de progreso del gobierno. En el mismo discurso también atacó a algunos países y organismos internacionales que exigen mayor transparencia del gobierno y por lo que llamó el uso “sui géneris y de reinvención reciente del término gobernabilidad”. El 12 de enero, los tres principales diarios recibieron una carta del señor Byron Jerez, secretario general del ministerio de Hacienda y Crédito Público y director General de Ingresos (la carta estaba fechada el 4 de enero), en la que se negaba rotundamente la exoneración de impuestos a los vehículos automotores para los medios escritos, y la reconocía sólo a los medios radiales y televisivos, en contra de lo que dice el artículo 68 de la Constitución. Los tres diarios apelaron la decisión del director de la DGI, pero hasta ahora no ha habido ninguna resolución al respecto. El pacto del FSLN y el PLC tuvo consecuencias mucho más graves para Carlos Guadamuz y la Radio YA de la que era director-propietario, la que le fue arrebatada por medio de acciones legales que derivaron de una demanda laboral supuestamente montada para tal efecto por personas adictas al FSLN. Carlos Guadamuz fue un hombre de confianza de Daniel Ortega y se desempeñó en el gobierno sandinista como director de la Radio del Estado. Al perder el poder el FSLN, una parte de la radio estatal se convirtió rápidamente en Radio YA, bajo la figura legal de una sociedad anónima en la que Guadamuz era el principal accionista, quedando poco tiempo después como único dueño. Durante los últimos 10 años, la radioemisora y su dueño se destacaron por su combatividad a favor del FSLN. Sin embargo, Carlos Guadamuz, quien también es concejal en el municipio de Managua, se opuso enérgicamente a un plan del gobierno y el FSLN para dividir Managua en tres entidades municipales diferentes, porque supuestamente esa división afectaba sus pretensiones de ser candidato a alcalde de la ciudad capital. La controversia desembocó en una confrontación abierta entre Guadamuz y la cúpula sandinista y el 22 de diciembre de 1999 cinco trabajadores de la radio emisora entablaron una demanda laboral por US$40,000. Como consecuencia, la Juez Tercero Civil de Distrito, apoyada por un contingente de policías antimotines ejecutó un embargo preventivo contra la radio emisora y nombró a dos de los demandantes como depositarios de los bienes embargados, a pesar que, de acuerdo con la ley, el depositario debía ser el mismo Guadamuz. El resultado fue que Guadamuz perdió el dominio de la Radio YA. Otro transmisor, en la banda FM, que también operaba Guadamuz con la razón de Radio Stéreo Ya, fue robado en el sitio donde estaba instalado. La entidad reguladora de frecuencias (TELCOR) canceló la frecuencia de Radio Stéreo Ya, a la que acusó de no pagar la licencia correspondiente. El caso es que ahora Radio Ya está siendo operada por los demandantes depositarios que dieron a la empresa radial el nombre de Nueva Radio Ya. El 1° de marzo, el presidente presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley denominado “Ley de Protección, Dignificación y Estímulo del Ejercicio del Periodismo”. En este proyecto se propone fijar legalmente un salario mínimo de US$ 500.00 para los periodistas de radio y medios escritos, y de US$ 1,500.00 para los periodistas de televisión, lo que está muy por encima del salario que paga el Estado a médicos, maestros y policías. Comparativamente, el salario de un maestro no pasa con todas sus compensaciones de US$ 80.00, el de un director de colegio no pasa de US$ 120.00, el de un médico es de US$ 300.00 y un director de hospital devenga US$ 400.00. El proyecto de ley propone además -en el artículo 5- conceder a los periodistas que cumplan 60 años, una pensión de gracia de por vida de US$250.00 mensuales, pagada con fondos del presupuesto nacional. Y en el artículo 8 concede a los periodistas que hayan cumplido diez años de labor o que estén pensionados, el derecho de introducir un vehículo libre de impuestos cada cuatro años, cuyo valor CIF no exceda de US$15,000. Además, la supervisión y aplicación de la ley correría a cargo de una comisión de la secretaría de Comunicación Social, el Seguro Social, el Ministerio del Trabajo y las dos Asociaciones de Periodismo, que tendría la facultad de imponer multas hasta la suma de US$4,000 (cuatro mil dólares) a los medios que no cumplan con lo establecido en la misma ley. Cabe señalar al respecto, que el presidente Alemán desestimó una solicitud de subir los salarios en el sector público por estar cumpliendo un ajuste económico estructural. El proyecto de ley para que el Estado dicte los salarios de los periodistas ha sido criticado ampliamente porque se le considera como una iniciativa para crear división en el gremio y entre los dueños de medios y los periodistas. En una reunión en Managua de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y de la organización Internacional de Periodistas (OIP), éstas apoyaron un salario mínimo para los periodistas porque en su gran mayoría éstos no gozan de salarios dignos, pero rechazaron en su declaración la propuesta del presidente Alemán porque “implica el cierre de pequeñas empresas y el desempleo para colegas que trabajan en forma asociativa, así como el despido de los periodistas de las empresas que no pueden afrontar los costos de operación”. El proyecto de ley ha sido fuertemente criticado por la empresa privada (COSEP), la Cámara de Comercio Nicaraguense Americana (AMCHAM), el Instituto Nicaraguense de Desarrollo (INDE); y el Comandante Daniel Ortega declaró que su partido no lo apoyará en la Asamblea Nacional. Muchas empresas periodísticas no podrán mantener estos salarios y tendrán que cerrar. El gobierno continúa aplicando su política de castigo económico a los medios que lo critican, o bien de premio para los medios que lo apoyan, para lo cual manipula la asignación de la publicidad estatal. Dos de los tres periódicos y el principal canal de televisión están afrontando actualmente y desde hace más de un año, reparos cuantiosos de impuestos que aún no son resueltos. Si bien aunque es normal que los negocios sean auditados por la oficina de la DGI, estas auditorías se hacen de una manera aleatoria. Pero en este caso, las auditorías han recaído en los medios más independientes y críticos. Una reforma al Código Penal está siendo estudiada por la Asamblea Nacional, y según el borrador que se ha hecho público es más positiva en relación con las disposiciones que están en vigencia actualmente. Por ejemplo, en lo relativo a las injurias y calumnias, el anteproyecto estipula que las penas serán de “días de multa”; esto significa que la pena será correlativa al salario de la persona condenada por esos delitos, en tanto que hasta ahora la ley establece sumas muy altas e iguales para todos. Además se plantea eliminar la disposición de que después de tres días de no haberse enterado la multa se ordena la suspensión del medio sin quedar eximido de los pagos de salario y prestaciones al personal de trabajo, así como la disposición sobre la coautoría de los directores, editores o propietarios de los medios de comunicación en los delitos de injurias y calumnias.

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