BRASIL
Los crímenes contra la prensa en Brasil continúan impunes. Ocho asesinatos perpetrados entre
1995 y 1998 continúansin castigo y sus procesos siguen un lento camino burocrático. Los acusados
están libres o los casos no han sido dilucidados. La ANJ Brasil y la vicepresidencia de la Comisión de
Libertad de Prensa e Información de la SIP han venido insistiendo sistemáticamente ante el Poder
Judicial que se tomen las providencias necesarias, ya que consideran que la impunidad es un estímulo
para seguir cometiendo nuevos delitos.
El primer resultado puede anunciarse hoy, en esta Asamblea: Se acaba de fijar fecha para juzgar al
acusado de asesinar al periodista Zaqueu de Oliveira, en la ciudad de Barroso, estado de Minas Gerais,
en 1995. El Tribunal de Justicia del estado de Minas Gerais someterá a juicio popular al acusado, José
Carlos de Souza, el17 de noviembre de 1999, a las 9 de la mañana.
En lo que se refiere a las leyes, los periodistas brasileños y el Congreso Nacional vienen insistiendo
desde 1991 que se revoque la actual Ley de Prensa de 1967, dictada bajo el régimen militar. Actualmente,
el texto que se discute en la Cámara de Diputados es el presentado por el diputado Vilmar Rocha,
del Partido del Frente Liberal del estado de Goiás, aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia
en agosto de 1997, el cual, según el reglamento, está en condiciones de ser sometido a votación en el
Pleno.
El problema surgirá en caso de que el proyecto de ley no acoja la sugerencia de establecer criterios
para el cálculo de los valores máximos indemnizatorios por daños morales. Esta propuesta ya fue
presentada al presidente de la Cámara, diputado Michel Temer. La amenaza de condenas absurdas
totalmente desproporcionadas con respecto al presunto daño causado, podría provocar el cierre de
periódicos y conducir al nefasto ejercicio de la autocensura, tanto por parte de periodistas, como de los
órganos de prensa.
Por otro lado, se encuentra en trámite en el Congreso Nacional el proyecto de ley N° 2.961/97 presentado por el Ejecutivo, el cual es una iniciativa para cercenar la libertad de prensa al prohibir a los
medios de comunicación la divulgación de declaraciones de autoridades policiales, administrativas o
judiciales, sobre investigaciones y procesos en curso tanto en la Policía como en el Poder Judicial,
hasta que éstos hayan concluido.
De ser aprobado, dicho proyecto de ley constituiría una verdadera "mordaza" para la prensa, ya
que los hechos sólo podrían ser divulgados luego de que el proceso judicial haya sido ventilado y que
el juez haya dictado sentencia. Además, prohibir que las autoridades informen sobre los hechos que
no constituyen secreto de justicia atenta contra la Constitución Federal, limita las informaciones a la
sociedad e impide las denuncias sobre casos relevantes que son de interés público, inhibiendo así el
periodismo investigativo.
El proyecto de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Correos constituye también motivo
de preocupación para la Asociación Nacional de Diarios -ANJ Brasil. Dependiendo de la interpretación
del texto, la distribución de diarios y revistas pasaría a ser realizada obligatoriamente por la empresa
estatal o mediante un registro en una repartición pública determinada. Tal hecho sería inaceptable
en un clima de libertad de prensa. Es por ello que la referida entidad presentó al gobierno federal,
a través de la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos, la propuesta de incluir un párrafo con el
siguiente texto: "Quedan excluidas del Servicio Postal las actividades de distribución y entrega a domicilio
de revistas, libros y periódicos".
Por otro lado, también hay buenas noticias con respecto a las leyes. A solicitud de la ANJ, el ministerio
de Justicia retiró del anteproyecto de reforma del Código Penal brasileño el artículo que establecía
el concepto de "publicidad opresiva".
El referido artículo prohibía la divulgación de noticias sobre procesos en curso, alegando la posibilidad
de interferir en la decisión de los jueces y jurados, admitiendo la posibilidad de que un medio de
comunicación desarrolle una "campaña" con el objetivo de "coartar" a los jueces, testigos, o cualquier
otra persona involucrada en el proceso judicial. El alegato muestra una visión totalmente distorsionada
del trabajo que realiza la prensa.
Uno de los hechos más relevantes en el campo de la libertad de prensa en Brasil en los últimos seis
meses, fue la visita de la misión de la SIP, a principios del pasado mes de agosto. El objetivo era tratar
el asunto de los crímenes impunes contra periodistas y establecer contacto con las autoridades de los
poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo.
La misión estuvo encabezada por el presidente de la SIP, Jorge Fascetto, e integrada por Alberto
Ibargüen (!he Miami Herald), Diana Daniels (Washington Post), Scott Schurz (The Indiana Times), Carlos
Molina, coordinador de libertad de prensa de la SIP, Paulo Cabral, vicepresidente para Brasil de la
Comisión de Libertad de Prensa e Información, y Deusdedith Aquino, del diario Estado de Minas.
La misión de la SIP solicitó ayuda al presidente de la República para que se castigue a los responsables
de los asesinatos de los periodistas Zaqueu de Oliveira, en Minas Gerais, y Aristeu Guida da Silva,
en el estado de Rio de Janeiro, ambos perpetrados en 1995 y que continúan impunes. El presidente
Fernando Henrique Cardoso prometió agilizar los procesos a través de su ministro de Justicia. En dicha
ocasión, se propuso que los crímenes contra periodistas y órganos de prensa sean considerados como
atentados contra los derechos humanos.
Del mismo modo, en la reunión sostenida con el presidente del Supremo Tribunal Federal, ministro
Carlos Mário Velloso, la misión de la SIP solicitó apoyo para el pronto esclarecimiento de los casos
y castigo de los responsables por ocho crímenes contra periodistas en el Brasil, ocurridos entre 1995 y
1998. El presidente de la Corte Suprema brasileña decidió cursar sendas cartas a los presidentes de los
Tribunales de Justicia de los estados donde ocurrieron los crímenes, en las que afirmaba que "las investigaciones
y el castigo de los culpables constituyen un asunto de suma importancia para la Justicia
brasileña". El presidente del Supremo Tribunal Federal también se declaró a favor de la federalización
de los crímenes contra la prensa, dentro de la reforma del Poder Judicial, y manifestó que defendería
esa posición.
Por otro lado, las conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Michel Temer,
giraron alrededor de la nueva ley de prensa brasileña. El presidente de la SIP le informó que la Sociedad considera que "la mejor ley de prensa es aquélla que no existe", defendiendo la revocatoria, pura y
simple, de la actual legislación, vigente desde 1967.
Señaló que sería importante incluir en la nueva ley, criterios para el cálculo de valores
indemnizatorios por daños morales contra los medios de comunicación. Afirmó que, en su opinión,
solamente faltaría resolver este punto para que el proyecto de ley presentado por el diputado Vilmar
Rocha pueda ser sometido a votación en el pleno.
Estando la misión de la SIP todavía en Belo Horizonte, se reunió con el presidente del Tribunal de
Justicia del estado de Minas Gerais., oportunidad en la que se solicitó la fijación de una fecha para el
juicio del asesino del periodista Zaqueu de Oliveira, muerto en 1995, en la ciudad de Barroso, a 100
kilómetros de la capital del Estado. El proceso estaba en condiciones de ser llevado a juicio popular,
faltando únicamente que el procurador general de Justicia de Minas Gerais, Epaminondas Fulgencio,
nombrara al fiscal.
Hace unos días el presidente del Tribunal de Justicia de Minas Gerais informó que el juicio ha sido
fijado para el próximo 17 de noviembre, a las 9 de la mañana, en el tribunal de la ciudad de Barbacena,
a 200 kilómetros de la capital del Estado. Este resultado, objetivo de la misión de la SIP, ciertamente fue
una prueba del importante aporte de la Sociedad a la causa de la libertad de prensa en el Brasil en estos
momentos.
En 1999 ocurrieron los siguientes hechos relacionados con censura y agresiones:
-El 2 de marzo, dos periodistas de Andradina, António Crispim (Jornal da Regií'ío) y Marco Aurélio
de Souza Santos (Debate), fueron procesados penalmente por haber presenciado un delito flagrante e
informar del mismo en sus respectivos diarios.
-El 2 de abril, e! juez Cléber Lúcio de Almeida, de la 29·" Junta de Conciliación y Procesos, de la
Justicia del Trabajo de Belo Horizonte, capital del Estado de Minas Gerais, logró reeditar la censura a los
medios de 'comunicación para impedir que su nombre estuviese involucrado con el escándalo de la
venta de licencias de conducir por parte de funcionarios del Departamento Estatal de Tránsito - Detran,
de Minas Gerais.
La reportera del Diário da Regií'ío, Cecília Demian, fue absuelta el 13 de mayo de 1999, en el proceso
iniciado por el fiscal Odival Cicote, de la 3ª Fiscalía de Sao José do Rio Preto. Cicote pidió la condena de
la periodista por injuria, un delito previsto en el artículo 22 de la Ley de Prensa. El juez Osni Assis
Pereira, de la 3" Sala Penal, consideró improcedente dicha reclamación.
-El 26 de mayo, a la periodista Maria Elena Covre y el fotógrafo Junior Vignola, ambos del Diário
da Regií'ío, de Sao José do Rio Preto, estado de Sao Paulo, se les impidió continuar con la investigación
de la denuncia de expulsión de alumnos y violencia escolar en la escuela estatal Galante Nora.
-El 31 de mayo, la periodista Tania Martins y el reportero gráfico Paulo Ricardo Rocha, ambos de!
diario Meio Norte, de Teresina, capital del estado de Piauí, vieron y fotografiaron al policía militar
Carlos Alberto Pires da Silva, del 1 ero Batallón de la Policía Militar, cuando golpeaba violentamente a
un niño de la calle. Al percatarse de ello, el efectivo policial, además de agredirlos verbalmente, apuntó
con su revólver a la cabeza del reportero gráfico, lo amenazó de muerte y le propinó un puñetazo en el
estómago.
-El 6 de julio, e! coronel Josias Quintal, secretario de Seguridad Pública del estado de Rio de
Janeiro, prohibió a la policía conceder entrevistas a los medios de comunicación. El presidente de la
ANJ, Paulo Cabral, y el vicepresidente responsable de la Comisión de Libertad de Expresión, Renato
Sim6es, cursaron una carta al gobernador del Estado, Anthony Garotinho, manifestando su extrañeza
con el procedimiento del secretario, quien para los dirigentes de la entidad, "fue el resultado de una
orientación equivocada de la autoridad respondable del sector de Seguridad Pública de ese Estado".
-El 23 de julio, un grupo de manifestantes de la "Marcha de los Desposeídos", en la que participaban
trabajadores sin tierra, desempleados y otros "excluídos", invadió el patio de la casa sede del diario
Zero Hora, en la ciudad de Porto Alegre, estado de Rio Grande do Sul, pero no llegó a la sala de redacción,
ubicada en el tercer piso, porque los vigilantes de la empresa cerraron las puertas.
-El 28 de julio, el diario Folha de S. Palt/o denunció que un grupo de seis soldados del Batallón de
Choque de la Policía Militar que reprimía una protesta de camioneros en la autopista Anhanguera, en
B-XXII
el estado de Sao Paulo, confiscó nueve rollos de película al reportero gráfico Marcos Peron. Según el
diario, los rollos ya habían sido utilizados por el fotógrafo y mostraban el momento en que cerca de 50
efectivos policiales invadían una estación de gasolina cerca del control de peaje de Nova Odessa, en el
kilómetro 117 de la carretera, rompiendo vidrios de por lo menos cinco camiones que se encontraban
allí y obligando a los conductores a abandonar el local.
-El 9 de agosto, el alcalde de Recife, Roberto Magalhaes, se presentó a la redacción de lornal do Comércio,
portando un arma de fuego y profiriendo amenazas al columnista Orismar Rodrigues por haber publicado
notas, según él, ofensivas. Magalhaes, ex gobernador del Estado y diputado federal, se irritó ante
la insinuación de que él sería el autor de una supuesta censura a una obra del artista plástico Francisco
Brennand en conmemoración de los 500 años del descubrimiento de Brasil.
-El 16 de agosto, el periodista Nelson Gon~alves, editorialista político de lornal da Cidade, sufrió
un atentado a tiros en Bauru, al interior de Sao Paulo. Gon~alves había salido de la redacción del diario
alrededor de las 23 horas y al llegar a casa, cuando se disponía a guardar su auto en el garage, fue
abordado por dos hombres que le dispararon cuatro veces desde una motocicleta.
-El 20 de agosto, la 1ª Sala del Tribunal de Justicia del estado de Sao Paulo ordenó al diario Debate
pagar una indemnización equivalente a mil salarios mínimos (cerca de R$136,000) al juez Antonio
José Magdalena. El tribunal de justicia desbarató el argumento de la defensa, que alegaba que el caso
debería cumplir con las exigencias de la Ley de Prensa en lo que respecta a los topes indemnizatorios.
El juez alegó daños morales por los reportajes publicados por el diario.
-El 15 de setiembre, el gobernador del Distrito Federal, Joaquim Roriz, pretendiendo cercenar la
libertad de prensa, amenazó públicamente al diario Correio Brazi/iense, de Brasilia. Demostrando una
evidente incomprensión del rol que juega la prensa, de informar y opinar libremente, el gobernador
reaccionó ante un artículo publicado por el diario por considerarlo contrario a su política de distribución
gratuita de terrenos, dijo: "quiero enfrentarme con el diario" e instó a la población a no leer el
Correio Braziliense.