Uruguay

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URUGUAY La proximidad del acto electoral -el próximo 31 se realizan las elecciones generales para elegir el presidente de la República y a senadores y diputados-lamentablemente ha tenido efectos negativos en cuanto a la vigencia de la plena libertad de prensa en el Uruguay. La Asociación de la Prensa Uruguaya, sindicato que agrupa a periodistas y cuyas denuncias hemos recogido en informes anteriores, protestó públicamente por el tratamiento dado a periodistas por el personal de seguridad del candidato a la presidencia de la república del Encuentro Progresista-Frente Amplio, coalición de agrupaciones de izquierda que es uno de los tres partidos políticos con posibilidades de triunfo en las elecciones. Si bien éste remitió a la gremial una carta en la que brindó sus explicaciones, APU consideró "insatisfactoria" esa respuesta, debido a que si bien expresa "una disposición para dialogar e intentar establecer normas en el futuro, no hay un pedido de disculpas formal", según manifestaron a la prensa los integrantes de la Directiva de la Asociación. El caso más serio y peligroso, sin embargo, está referido a la distribución de la publicidad oficial, en la que notoriamente en los últimos meses se ha retornado a una práctica discriminatoria lesiva para la libertad de prensa. La SIP ha recibido denuncias muy serias, algunas de las cuales incluso se han hecho públicas, sobre un manejo arbitrario de estos recursos públicos, que en casos puede transformarse en la causa de cierre de alguna publicación y en otros reporta beneficios y favoritismo. Cabe señalar que en Uruguay, las empresas estatales figuran entre los principales avisadores y en estos momentos de recesión económica su incidencia es aún mayor, lo que hace más grave la situación. Este tema fue planteado ante la Presidencia de la República y ha habido preocupación y algunas acciones tendientes a superar la situación, con éxito en algunos casos pero sin efecto notorio en otros considerados muy graves. El sistema jurídico uruguayo prevé una autonomía e independencia para los organismos estatales que efectivamente hacen dificil intervenir, incluso al propio gobierno, para detener este tipo de manejo discriminatorio. También se ha denunciado el caso de presiones a medios y periodistas, por parte de un banco privado de capitales argentinos, por haberse recogido informaciones difundidas en Argentina que señalaban a uno de los principales de dicho banco con un caso que se investiga en ese país vinculado con el Banco de la Nación e IBM. No ha habido novedades sobre modificaciones o la eliminación de algunos artículos contenidos en el nuevo Código del Proceso Penal que son lesivos para la libertad de prensa. Según informaciones obtenidas por la propia SIP, habría legisladores que estarían dispuestos a posponer la entrada en vigencia del Código, prevista para febrero del año 2000, por un año más. Continúan presentándose en juzgados de todo el país casos de juicios contra la prensa. Jueces, intendentes (alcaldes), funcionarios municipales y hasta oficiales de policía, se han sumado a abogados y ciudadanos comunes en sus reclamos contra periodistas y medios de información por dar a conocer datos en el legítimo ejercicio de su función. Normalmente las acciones se inician con una demanda de publicación de la versión contraria a la difundida, en el ejercicio del "derecho de respuesta", que en Uruguay está reconocido por ley. Los jueces suelen ser sumamente generosos en el otorgamiento de estos pedidos, obligando a los profesionales de la comunicación y sus medios a publicar versiones con las que no están de acuerdo. Pero además, a continuación las demandas derivan generalmente en reclamaciones económicas por astronómicas cifras, y en ocasiones también en acciones penales que hasta el momento los magistrados han manejado con objetividad y criterio. No obstante, los resquicios de una Ley de Prensa que contiene elementos reguladores reiteradamente denunciados ante esta Asamblea, mantienen una "espada de Damocles" pendiendo permanentemente sobre los profesionales. Un antecedente positivo para frenar estos excesos fue logrado en mayo pasado cuando en un juicio entablado contra el diario La República de Montevideo, el tribunal actuante juzgó que debe admitirse diferencia entre información periodística y proceso judicial, eximiendo a la primera de la exactitud semántica y fáctica a la que debe ceñirse ésta última.

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