Puerto Rico

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PUERTO RICO Se han suscitado situaciones que amenazan la libertad de prensa en el país y que ilustran un peligroso patrón con que el gobierno persiste en su intento por manipular a los medios. El periódico El Nuevo Día radicó, el 9 de diciembre de 1997, una demanda en el Tribunal Federal de San Juan contra el gobernador de Puerto Rico y siete funcionarios de su gobierno, por acciones contra el periódico que violan la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y la ley federal de derechos civiles, cartas legales que rigen en Puerto Rico dentro de su condición de Estado Libre Asociado. La demanda está en estos momentos en el proceso de descubrimiento de pruebas. El juez federal José A. Fusté ha señalado la fecha del 19 de mayo de 1999 para el inicio del juicio. No obstante, debido a la política de la administración del gobernador Pedro Rosselló de obstaculizar la labor informativa de El Nuevo Día, el periódico se vio precisado a radicar tres demandas en los últimos meses en el Tribunal Superior de San Juan contra tres dependencias del gobierno -la Fundación Educativa para la Libre Selección de Escuelas, el Departamento de Educación y el Banco Gubernamental de Fomento- que se habían negado a entregar documentos públicos al diario. Después de varias vistas, el tribunal ordenó a las distintas oficinas de gobierno dar al diario libre acceso a la documentación pedida. En adición, otras 13 oficinas del gobierno han rechazado peticiones del periódico de documentos públicos. En una carta modelo, escrita en inglés, estas dependencias aducen, entre las razones de su negativa, el pleito en los tribunales federales que radicó El Nuevo Día. Dentro de la estrategia del gobierno de utilizar presiones o conceder privilegios para castigar o premiar la atención periodística de los medios de información, según afecte sus intereses, el diario El Vocero sometió una demanda contra The San Juan Star. El pleito, radicado por competencia desleal, involucra a cuatro funcionarios y a varias instituciones de gobierno. El recurso alega que The San Juan Star es subsidiado por el gobierno de Puerto Rico a través de favoritismo en las pautas de anuncios oficiales, y de trato preferencial en el cobro de las deudas del diario con distintas dependencias públicas. Específicamente se indica que The Star debe altas sumas a los departamentos de Hacienda y Trabajo, y que a pesar de que su certificado de incorporación está vencido, el departamento de Estado no ha sancionado al diario. Asimismo, se alega que el comisionado de Instituciones Financieras, funcionario que regula la industria bancaria, impartió instrucciones para que los bancos publicaran sus anuncios en The Star. La demanda incluye la declaración jurada de un vendedor de anuncios de El Vocero que atestigua que un funcionario de la oficina del comisionado le reveló las instrucciones que tenían. La denuncia incluye al secretario de Educación por una supuesta donación de periódicos con fines educativos en las escuelas públicas que anunció The Star, pero por el cual el departamento de Educación desembolsó $300.000. A su vez, en julio, salió a la luz una comprometedora carta escrita por el exdirector de la Oficina de Comunicaciones del gobierno, Alberto Gouchet, en que en su calidad de asesor de The San Juan Star, solicita al secretario de la Gobernación, Angel Morey, su intervención para aumentar los anuncios de las oficinas públicas a ese diario, arguyendo que "logró convencer" al presidente de The Star a adoptar posiciones editoriales favorables al gobernador Rosselló. Si bien el secretario Morey dijo que "cartas como ésas se reciben todos los dias" y que el presidente de The San Juan Star, Gerry Angulo, desautorizó al asesor Gouchet para actuar en nombre del periódico, es evidente que al enviarse la carta se partió de la premisa de que la petición podía ser considerada en las altas esferas del gobierno. Hasta septiembre de 1998, la publicidad del gobierno central en los medios impresos suma $13.456.712, y se reparte en estos porcentajes: El Vocero, 51%; The San Juan Star, 27%; periódicos regionales, 15%. La exclusión de El Nuevo Día de los anuncios del gobierno desde abril de 1997 alcanza también a su publicación hermana, Primera Hora. También hay que dejar constancia del hostigamiento que sufrieron los periodistas asignados a cubrir la reciente huelga de los empleados de la compañía telefónica en contra de su venta a empresas privadas. En un incidente, dos patrullas de la policía rociaron un material irritante a un grupo de siete fotógrafos periodistas, en un franco intento por perjudicar su labor. Por otra parte, en el final de la huelga, y, paradójicamente, durante la semana de la prensa, más de cinco periodistas fueron agredidos por miembros del sindicato telefónico mientras informaban sobre la asamblea de trabajadores convocada para terminar el conflicto. Posteriormente, el veterano y respetado periodista de The San Juan Star, Manny Suárez, demandó al presidente de ese periódico, Gerardo Angula, alegando que, en concierto con funcionarios del gobierno han tomado medidas de represalias contra él, por motivos políticos, violando sus derechos civiles, entre ellos, el de ejercer su libertad de expresión. Suárez dice que como parte de un entendido entre el gobierno y Angula, se le excluye a él de asistir a conferencias de prensa sobre asuntos políticos, y de casos en el Tribunal Federal de San Juan en que esté involucrado el gobierno. Como parte de la evidencia de su demanda, Suárez dio a conocer copias de cartas del presidente de The San Juan Star, a jefes de agencias, reclamando una mayor cantidad de anuncios, incluyendo la cantidad de dinero que esperaba recibir, y una carta al secretario de prensa del gobernador, Pedro Rosario Urdaz, en la cual incluía copia de sus cartas a los jefes de agencias solicitando anuncios. El 19 de octubre salió al mercado un sexto diario, El Mundo, perteneciente al grupo El Vocero

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