Colombia

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COLOMBIA La prensa colombiana continúa sometida a actos de violencia por parte de grupos fuera de la ley y a limitaciones oficiales por parte de entidades del Estado. Cuatro comunicadores han sido asesinados en los últimos seis meses. Por otro lado, la controvertida ley de televisión del gobierno de Ernesto Samper entró en vigencia y varias medidas de la nueva Comisión Nacional de Televisión han despertado enérgicas críticas por su índole restrictiva. Los siguientes son los principales hechos registrados en los últimos seis meses: Marzo 18: Freddy Elles, fotógrafo independiente al servicio de tres diarios, fue asesinado en Cartagena. Elles, quien también trabajaba como taxista nocturno, fue encontrado asesinado dentro de su vehículo. Su muerte fue atribuida a robo, pero por la forma del crimen -esposado, arrodillado, apuñalado- no se ha descartado que fuera una represalia motivada por su profesión de reportero gráfico. Marzo 20: Gerardo Bedoya, director de las páginas de opinión de El País, de Cali, fue asesinado por un sicario que le disparó cinco veces. Se presume que su muerte fue ordenada por narcotraficantes. Ocurrió a los tres días de publicada una columna suya en que los criticaba severamente y abogaba por su extradición a los Estados Unidos. Marzo 28: El Procurador General de la Nación advirtió que la ley de televisión era inconstitucional en dos artículos: el que suspende la prórroga de los contratos y el que obliga a la Comisión Nacional de Televisión a evaluar cada seis meses el contenido de los noticieros. Abril 4: Una fiscal de Bogotá precluyó el proceso que se adelantaba contra el columnista de El Espectador, Santiago Peña Daza, denunciado por injuria y calumnia por un ex funcionario del Estado. La Fiscalía determinó que un asunto es ejercer el derecho de opinar y otro el de demostrar ánimo de injuriar o calumnia, lo cual no se configuró en el caso de Peña. Abril 12: Dos bombas de 20 kilos de dinamita fueron explotadas por el grupo guerrillero ELN contra las instalaciones de TV Cable de Bucaramanga. El atentado dejó heridos a dos técnicos de esta estación. Abril 17: Un juez de Cali condenó a 40 años de prisión aJesús Arney Guzmán, hallado culpable del homicidio del periodista Manuel José Martínez, ocurrido en septiembre de 1993. Martínez tenía un programa radial que se caracterizaba por sus denuncias cívicas y críticas a la corrupción. Mayo 3: Fuertes críticas suscitó una reglamentación expedida por la Comisión Nacional de Televisión (CNT) para controlar los contenidos de sexo y violencia en este medio. La medida fue calificada como una amenaza para la libertad de información de los noticieros y también para la libertad comercial de las agencias de publicidad. Mayo 19: La periodista EIsa Alvarado; su esposo, el investigador Mario Calderón; y su padre, Carlos Alvarado, fueron acribillados a balazos en su departamento en Bogotá por cinco sujetos vestidos de negro que mostraron carnés falsos de la Fiscalía. Alvarado y Calderón eran investigadores del Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP), organismo de Derechos Humanos de la Compañía de Jesús. Su asesinato fue atribuido a grupos paramilitares de extrema derecha. El 29 de septiembre pasado fueron detenidas cinco personas sindicadas como autores materiales del crimen. Junio 23: El grupo guerrillero de las FARC anunció que considerará objetivos militares a los periodistas que, en su concepto, hagan apologia del militarismo. Julio 3: La emisora Voz del Yopal, en la región petrolera de Casanare, fue conminada por la guerrilla del ELN a difundir los comunicados de esa organización subversiva. La emisora, en general los periodistas de esta zona, son objeto de una doble presión, ya que los grupos paramilitares que allí operan también los han amenzado si difunden los comunicados guerrilleros. Julio 8: La Comisión Nacional de Televisión prohibió al ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, seguir ejerciendo su trabajo como reportero en el noticiero QAP por carecer de tarjeta profesional. La determinación revivió la polémica sobre la inconstitucionalidad del llamado "Estatuto del Periodista" que exige una tarjeta profesional expedida por el Ministerio de Educación para trabajar como periodista. La Asociación Nacional de Diarios (Andiarios) anunció que demandará esta ley ante la Corte Constitucional. Julio 30: En una apretada decisión de cinco votos contra cuatro, la Corte Constitucional aprobó en forma parcial la controvertida Ley de Televisión del gobierno Samper. La Corte echó abajo el artículo que ordenaba a la Comisión de Televisión revisar el contenido de los noticieros, pero aprobó el que consagraba la revocatoria de los contratos de la actual programación. Los cuatro magistrados que salvaron su voto dejaron constancia de que esta ley, por su ánimo vindicativo, sentaba un grave precedente contra la libertad de expresión en este medio. El noticiero QAP anunció que no se presentaría a la nueva licitación por considerar que bajo el actual gobierno no existen garantías mínimas de equidad. Julio 31: El presidente Samper se entrevistó con una delegación de la SIP en Guatemala y le informó sobre los resultados del programa para derechos humanos de la Presidencia, establecido para dar seguimiento a los casos de periodistas asesinados. Agosto 19: Los ministros de Comunicaciones y de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar y Saulo Arboleda, renunciaron a sus cargos luego de revelarse tráfico de influencias en la adjudicación de emisoras FM. Ambos dimitieron tras el escándalo que suscitó la divulgación de una conversación telefónica en la que ambos expresaban la intención de adjudicarles emisoras a periodistas "amigos" que resultaron vinculados con el llamado Cartel de Cali. Septiembre 30: Amenazas de muerte contra los periodistas y congresistas que defienden la extradición, anunció en un comunicado repartido a los medios de comunicación el grupo conocido como "Los Extraditables". En él mencionan al subdirector de El Tiempo, Enrique Santos Calderón, por una columna suya del 21 de septiembre en la que cuestiona la posición del gobierno y el Congreso frente a la extradición. "Los Extraditables" aparecieron a mediados de los años 80 y se adjudicaron asesinatos de políticos y periodistas, secuestros y atentados terroristas para evitar la extradición. Octubre 7: En cumplimiento de su plan de sabotaje electoral, la guerrilla de las FARC conminó a los medios de comunicación del departamento del Huila, en el sur del país, a abstenerse de divulgar cualquier información sobre candidatos a cargos de elección popular. Amenazaron con atentar contra los periodistas y medios que no cumplan con esta exigencia. Octubre 8: El camarógrafo del "Noticiero 12:30", Richard Vélez, abandonó el país con el auxilio de la Cruz Roja Internacional, tras recibir reiteradas amenazas contra su vida. La última ocurrió el 5 de octubre, cuando un individuo lo intimió revólver en mano en la calle. Vélez había filmado a comienzos del año escenas de atropellos del Ejército durante un paro de campesinos cocaleros en el Caquetá. En esa ocasión fue golpeado por unidades militares y se investiga si las denuncias que formuló contra los uniformados tienen que ver con las amenazas. Un operario técnico murió y una locutora quedó herida al explotar dos bombas en las oficinas de Radio Cadena Nacional y Radio Monumental en la ciudad de Cúcuta. La policía atribuyó el atentado al grupo guerrillero ELN. El hecho forma parte de la campaña de la guerrilla para sabotear las elecciones regionales del próximo domingo 26 de octubre. En conclusión, persiste un clima de violencia e intimidación contra periodistas por parte de narcotraficantes, guerrilleros y militares. Aunque es de destacar la captura de los asesinatos materiales de los comunicadores del Cinep, crímenes como el de Gerardo Bedoya continúan dentro de la más absoluta impunidad. Por otra parte, la entrada en vigencia de la nueva ley de televisión y las actuaciones iniciales de la Comisión Nacional de Televisión son motivo de preocupación por su carácter restrictivo y su falta de independencia frente al gobierno.

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