Uruguay

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URUGUAY No se han registrado en los últimos meses hechos que hagan peligrar la libertad de prensa. Si bien en el ámbito parlamentario existen desde hace tiempo algunos proyectos que en caso de aprobarse podrían ser restrictivos de esta libertad, los mismos permanecen encarpetados y no se atisba su reactivación en el corriente período legislativo. La importación de papel y demás insumas para la confección de diarios no ha sufrido inconvenientes, a pesar de lo cual continúa en trámite ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por una decena de publicaciones del interior del país para que se disuelva la Comisión del Papel creada por un decreto del 12 de junio de 1996, entre cuyos cometidos figura la autorización y fiscalización del empleo de dicho insumo, con potestades hasta de fijar cupos de importación llegado el caso. El mayor inconveniente afrontado por las empresas y los periodistas deriva de las numerosas denuncias por pretendidas difamaciones e injurias, así como en demanda de derechos de respuesta, elevadas a los tribunales. Si bien la mayoría de los dictámenes judiciales ha desestimado estas demandas, algunos hechos registrados en las últimas semanas parecerían indicar que esta tendencia no es todo lo firme que debiera, y que siempre cabe la emisión de fallos contrarios al imperio de la libertad de prensa por parte de algunos magistrados. Por otra parte, la inexistencia en Uruguay de la norma vastamente aceptada en Derecho, que establece que en los casos judiciales" el que pierde, paga", alienta a numerosos profesionales abogados a actuar por sí mismos o incitar a sus clientes a iniciar demandas por daños y perjuicios contra empresas editoras o sus responsables, en la certeza de que nada tienen que perder, más allá de cierto tiempo de trabajo, y en cambio vislumbran la posibilidad de ganar algo de dinero. Esta práctica, que ya ha motivado la preocupación de entidades periodísticas y de diversas empresas de alcance nacional, además de ser perjudicial para todos los medios de comunicación puede resultar desequilibrante para las publicaciones de menores recursos económicas, para las que la constante contratación de defensores resulta una pesada carga. La distribución de la publicidad oficial continúa demostrando un esfuerzo por ceñirse a criterios técnicos en la mayoría de los organismos públicos.

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