Argentina

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ARGENTINA En la Argentina se registraron ataques físicos a periodistas, se dictaron sentencias judiciales que lesionan la libertad de prensa y se escucharon epresiones ofíciales con injustos ataques al periodismo. Además se prepararon proyectos destinados a tejer una inaceptable malla de protección a funcionarios públicos, tratando así de desalentar denuncias periodísticas sobre malos manejos en el Estado, iniciativas que sólo prosperaron parcialmente. El 14 de mayo durante la jornada comicial democrática, el presidente Carlos Menem tuvo palabras injustas para el periodismo al decir que con su victoria electoral no había "derrotado a la oposición sino también a los medios de comunicación". Pocas horas después Menem se sintió molesto por las preguntas que le hizo la periodista Patricia ]aniot, de la sección latinoamericana de la cadena CNN, por entender que eran de crítica en su contra. Menem sugirió que la entrevista no se emitiera, según declaró la corresponsal. En el balance favorable a la batalla diaria por defender la libertad de expresión, debe celebrarse el retiro que hizo el gobierno de dos de los tres proyectos de ley denominados "ley mordaza". Por los mismos se aumentaban desmesuradamente las penas por calumnias e injurias, lo que era una forma clara de desalentar la publicación de denuncias contra funcionarios públicos. Continúa a consideración del Parlamento, sin embargo otro proyecto de ley que impone fuertes multas de hasta SO mil dólares y prisión de hasta dos años para quien haga público lo que la justicia consideraría, al fin del proceso, como denuncias falsas. El denunciado tema de la corrupción y mafias en sectores vinculados con la administración pública afectó también al periodismo. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, ha sido llevado a la justicia por dos conocidos periodistas de radio y televisión (Daniel Hadad y Bernardo Neustadt) por haber dicho, en un informe a la Cámara de Diputados, que esos periodistas están infiuenciados por un empresario que el ministro denuncia como figura central de las mafias. También como consecuencia de ese debate el ministro del Interior, Carlos Corach, admitió que, respondiendo a un pedido del periodista Hadad, se había comunicado con un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda para saber si realmente se le perseguía al mismo por supuestas deudas de impuestos. "No traté de intentar detener la investigación", explicó el ministro. Desconociendo gravemente una doctrina que había primado en los últimos tiempos, la Corte Suprema condenó al periodista Horacio Daniel Rodríguez a un año y seis meses de prisión en suspenso y a una multa de 20.000 dólares por considerar que un artículo publicado en La Prensa era falso al involucrar a un ex funcionario público en un supuesto acto doloso. La preocupación que surge de ese fallo es que no se mantuvo la anterior doctrina, que obliga a demostrar la existencia de supuesta real malicia por parte del periodista o que éste no se hubiese ocupado suficientemente por averiguar la veracidad de los hechos. Un tribunal inferior, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, condenó al periodista Guillermo Cherashny a un año y seis meses de prisión encontrándole culpable del delito de calumnias e injurias contra un ex director del Servicio de Inteligencia del Estado. En esta oportunidad, como en el comentado precedente caso de Rodríguez, no se demostró ánimo de real malicia, hecho que preocupa a los medios de comunicación. El mismo Cherashny fue baleado con dos disparos de calibre 22 por la espalda el12 de junio en la calle, por dos individuos que huyeron dejándolo seriamente herido. El periodista se dirigía hacia la radio en que trabajaba. También escribía en el semanario El Nuevo Observador y se había ocupado para entonces de las luchas políticas internas que libran diferentes sectores del gobierno y de hechos de posible corrupción. La justicia inició una investigación, el gobierno repudió el atentado y hasta el presente no se ha dado con los autores del atentado contra Cherashny. Igual resultado negativo arrojan hasta el presente unos 60 ataques y amenazas anteriores a periodistas que la justicia no ha podido dilucidar y sus autores permanecen impunes, lo que agrava la inseguridad de los hombres de prensa. En una resolución judicial favorable a la prensa, la Cámara del Crimen consideró que debía accederse al pedido de un periodista para examinar el expediente relativo a la investigación de la muerte de una persona aparentemente vinculada a un caso de narcotráfico, pedido que había sido rechazado por un juez. Está pendiente de resoludón de la Corte Suprema de Justida una apelación del comentarista político Joaquín Morales Solá contra la decisión de tribunales inferiores que lo condenaron a tres meses de prisión en suspenso por supuestas calumnias contra un ex fundonario del anterior gobierno del presidente Raúl Alfonsín. La Cámara del Crimen lo consideró culpable, a pesar de que el periodista no había rozado la intimidad del ex funcionario. Fuertes multas fueron impuestas a otros periodistas por supuestas calumnias. Eduardo Pablo García, cuyo nombre profesional es Eduardo Aliverti, fue condenado a indemnizar con $20.000 a un ex funcionario en un fallo de duras críticas contra los medios de comunicación. Los periodistas Alberto Ferrari y Marcelo Helgfof fueron multados con $25.000 como indemnización a una jueza civil que se consideró agraviada en la revista El Porteño. Tomás Sanz fue condenado a un mes de prisión en suspenso por haber publicado, aunque sólo como referencia, y usando el condicional, fragmentos de un artículo de la revista uruguaya Brecha, que dio origen a que el senador Eduardo Menem, hermano del Presidente, iniciara acciones contra esa publicación. Las precauciones adoptadas por el periodista no fueron suficientes para el tribunal. Por otro lado un tribuna! de la provincia de La Pampa falló a favor del diario La Arena, acogiendo la doctrina de real malicia y condenó al querellante, un ex funcionario del banco oficial al pago de las costas judiciales. Hace sólo dos meses se supo que el senador Eduardo Vaca, del partido Justicialista en el poder, había elaborado un insólito anteproyecto de ley destinado a prohibir la difusión de informaciones calificadas como "secretos de Estado" o consideradas "sensibles" por el gobierno. En suma, se trató de instaurar una virtual dictadura informativa, basada en oscuros principios de "intereses nacionales". La pronta reacción de los medios de prensa hizo que el senador Vaca declarara que no se proponía efectivizar la presentadón del proyecto y que sólo se trataba de un trabajo preliminar. Si bien la Constitución garantiza a los periodistas (art. 43) no estar obligados a dar a conocer la fuente de una información, la jueza Angela Braidot, a requerimiento de la Cámara Nacional de Apeladones de la Capital Federal -un tribunal que funciona en la dudad de Buenos Aires- dispuso en septiembre un allanamiento a La Nación. Igual procedimiento fue realizado en Crónica, de Buenos Aires, y en la oficina en Buenos Aires del diario La Capital, de Mar del Plata. Un oficial de la policía fue mandado por la justicia a allanar el edifido de La Nación en búsqueda de las notas originales que sirvieron para la publicadón de una noticia, y para establecer la identidad del periodista que la redactó y las fuentes que utilizó para su elaboración. La informadón, publicada dos años atrás, se refería a un juido entre dos personas por supuestas calumnias e injurias, en la cual los diarios no estaban implicados. Esta medida judidal provocó un franco repudio de la prensa, del Parlamento y de entidades del país, ya que fue claramente una violación a la Constitudón. Del diario La Nación la policía sólo se llevó una fotocopia de cómo había aparecido la noticia, el 23 de septiembre de 1993. La jueza tampoco pudo lograr sus propósitos en los otros dos diarios mencionados. El saldo favorable de ese acto de intimidación y censura fue que la Cámara de Diputados, actuando aceleradamente, aprobó una modificación al Código Procesal Penal (Artículo 243 bis) protegiendo el secreto profesional de los periodistas. Algunos jurisconsultos habían alegado la necesidad de perfeccionar la protecdón constitucional con una reforma espedfica del Código, que deberá consagrarse cuando el Senado trate la inidativa ya con media sandón parlamentaria. De esta manera, periodistas, editores y propietarios de los medios de comunicadón sodal podrán abstenerse de prestar declaradón testimonial ante la justicia sobre informaciones obtenidas en el ejerdcio de su labor profesional. Casi al mismo tiempo que la acdón en Buenos Aires, un juez en la provincia de Santiago del Estero intervino la empresa que edita el periódico Nuevo Diario como consecuencia de una querella por injurias promovida por un abogado que antes había mantenido relaciones profesionales con esa empresa. El juez había desplazado al director de la firma y designado a un reemplazante. Sin embargo, la intervención poco duró, ya que el mismo juez la anuló 24 horas después, en virtud de las protestas generalizadas. Existía la sospecha de que la medida podría haber estado vinculada con una intriga política pues el periódico acostumbraba criticar a ciertos sectores del oficialismo provinciano. No sólo medios escritos recibieron abusivas intervenciones judiciales. Una jueza ordenó el allanamiento y secuestro de una filmación hecha por Crónica TV de una persona bajo proceso, después condenada, por entender que los periodistas hicieron la entrevista sin la autorización de un camarista que se sintió, por ello, ofendido.

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