Colombia

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COLOMBIA Aunque han resurgido actos de violencia contra periodistas y persisten actitudes hostiles por parte de sectores del poder judicial y del Congreso, la prensa de Colombia ha demostrado en el último semestre una vigorosa capacidad crítica y de independencia, en medio de la crisis política que ha rodeado al gobierno del presidente Ernesto Samper. La guerrilla ha persistido en sus ataques contra los medios de comunicación y dos periodistas han sido muertos en circunstancias aún no aclaradas. La impunidad en relación con los actos de violencia contra los periodistas sigue siendo un fenómeno en extremo preocupante. Asimismo, los persistentes intentos por sancionar o reglamentar la actividad de la prensa provenientes del poder legislativo. Los siguientes son los principales hechos registrados en los últimos seis meses en relación con la libertad de prensa en Colombia: Abril 3-95. Los ministros del gabinete del presidente Samper expidieron un comunicado en el que sindican al diario La Prensa, de la familia del ex presidente Pastrana, de estar realizando una campaña de difamación contra las instituciones y el buen nombre del gobierno. El diario había publicado varias denuncias en esos días sobre el posible apoyo del Cartel de Cali a la campaña de Samper y un fotomontaje del Presidente fue tildado de ofensivo. El comunicado ministerial fue criticado por varios medios de comunicación por excesivo e innecesario y suscitó una carta de protesta del ex presidente Pastrana a la SIPo Posteriormente los ministros aclararon que, aunque su declaración se había producido en forma colectiva, recogía la posición personal de ellos y no tenía la calidad de documento oficial. Abril 6-95. La directora del Diario Valletano de Valledupar, Lolita Acosta, salió ilesa de un atentado perpetrado por un pistolero que la esperaba a la salida del periódico. Se desconoce hasta el momento los móviles o autores del atentado. Abril 7-95. Dos agentes de los servicios de seguridad adscritos a la Presidencia realizaron pesquisas en la sede e imprenta de la revista Semana en relación con un informe sobre el respaldo económico que la campaña del presidente Samper habría recibido del narcotráfico. Luego de que la revista comunicó el incidente a la presidencia, el gobierno desvinculó a ambos agentes de sus cargos, mas no del servicio. Abril 9-95. Periodistas de distintos noticieros de televisión recibieron amenazas de muerte después de mostrar imágenes de las residencias allanadas de varios cabecillas del Cartel de Cali. El gobierno condenó las amenazas y ofreció protección a los periodistas, algunos de los cuales abandonaron la ciudad. Los hermanos Rodríguez Orejuela, máximos líderes del Cartel de Cali, enviaron una carta a la prensa negando ser autores de tales amenazas. Abril 12-95. Invocando un régimen especial de seguridad carcelaria, el gobierno prohibió entrevistas de los medios de comunicación con quienes se encuentren recluidos en pabellones de máxima seguridad. La medida se produjo luego de que tres noticieros de televisión pasaran extensas declaraciones de un jefe guerrillero preso, Gerardo Bermúdez, en las que rechazaba las propuestas de paz del gobierno y hacía una apología de la lucha armada. Abril 18-95. La emisora Cadena Radial Auténtica de Medellín, sufrió un atentado dinamitero que fue atribuido por la policía al grupo guerrillero ELN. Según la policía, el dueño de la emisora se había negado a pagar una millonaria extorsión al grupo subversivo. Abril 20-95. El periodista y dirigente político Gildardo Ariza fue asesinado en la granja de su propiedad en V élez, Santander, por un individuo que le hizo dos disparos a la cabeza. Ariza tenía un programa dominical en la emisora Ondas del Carare y hacía parte del movimiento político Alternativa Liberal. No se han establecido los móviles, ni los autores del crimen. Abril 30-95. Un grupo armado, disidente del M-19, secuestró a los periodístas Alvaro Mina de Radio Caracol y a Miguel Plata, de Telepacífico, en Riofrío, Cauca. Los periodistas fueron liberados a los pocos días con proclamas y mensajes de los guerrilleros. Mayo 10-95. Un equipo periodístico de El Tiempo, que realizaba una investigación sobre la falta de maestros en la región del Casanare, fue asaltado por una cuadrilla armada del ELN. El periodista, el fotógrafo y el conductor fueron liberados luego de varias horas. El grupo subversivo se apoderó del vehículo tres cámaras fotográficas y el dinero en efectivo de los comunicadores. Mayo 20-95. El Senado aprobó una ley anticorrupción que contiene notables restricciones a la libertad de prensa. So pretexto de hacer respetar la reserva del sumario, el artículo 33 de dicha ley prohíbe a los medios de comunicación informar sobre investigaciones en curso contra funcionarios por el delito de corrupción hasta que se produzca un fallo definitivo. Dada la morosidad de la justicia, esta norma fue denunciada unánimemente por la prensa como una cortapisa a su labor investigativa y de denuncia de la corrupción oficial. La Procuraduría General de la República conceptuó dos meses después que dicha norma era inconstitucional pues reñía con la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía de estar plenamente informada. Contraría, además, postulados esenciales de la Declaración de Chapultepec, recientemente aprobada y suscrita por el presidente Samper. Está actualmente a consideración de la Corte Suprema de Justicia. Junio 13-95. Hombres armados al servicio de unos de los jefes del Cartel de Cali, Henry Loaiza (alias El Alacrán), irrumpieron violentamente en la sede del noticiero de televisión Noti 5 de Cali y amenazaron con represalias si se seguía informando sobre las propiedades y bienes de Loaiza. Agosto 8-95. El director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Ramiro Bejarano, demandó penalmente al director del diario La Prensa, Juan Carlos Pastrana por informaciones que lo involucran con el presunto robo de un expediente de la Fiscalía General. La Prensa denunció la demanda de Bejarano como un intento de intimidación por parte del jefe de la policía secreta. Agosto 17-95. Un comando de cuatro hombres del llamado ELN asesinó a tiros al director de la emisora Llanorámica, Iván Daría Pelayo, en Puerto Rondón, Arauca. Pelayo fue asesinado cuando se encontraba frente a la consola de su emisora. Los guerrilleros dejaron volantes en los que decían que habían ajusticiado a Pelayo por enemigo del pueblo y aliado de los grupos paramilitares. Agosto 25-95. El periodista científico estadounidense Thomas Hargrove fue liberado por guerrilleros que lo habían secuestrado hacía 11 meses. Sus captores exigian tres millones de dólares por su libertad. Hargrove trabajaba para el Centro Nacional de Agricultura Tropical (CIAT), que negó haber pagado rescate alguno. Septiembre 20-95. Fuertes ataques contra la prensa se registraron en el Senado durante un debate con el Fiscal General. Varios congresistas pidieron reglamentar más estrictamente la actividad de los medios. El senador Alberto Santofino, quien convocó el debate, anunció un proyecto de ley para modificar artículo 20 de la Constitución, a fin de evitar lo que calificó como desafueros y presión intimidatoria de los medios informativos, a los que sindicó de "secuestradores morales". Octubre 3-95. Un juzgado de Medellín ordenó recoger la edición de un libro sobre el asesinato del futbolista Andrés Escobar, escrito por el periodista César Mauricio Velásquez. La orden judicial fue producto de una acción de tutela instaurada contra Velásquez por una fiscal de Medellín cuya actuación en la investigación del asesinato del futbolista es cuestionada en el libro. Su autor apeló el fallo de tutela ante el Tribunal Superior de Medellín. Velásquez ha sido amenazado por las denuncias de su libro y una semana después de su aparición, el 23 de septiembre, fue abaleada la sede de la editorial en la ciudad de Cali. Octubre 9-95. El juzgado 73 Penal de Bogotá condenó a penas de entre 16 y 25 años de prisión a cinco personas por la muerte de Guillermo Cano, director de El Espectador. Cano fue asesinado en 1986 por sicarios al servicio del Cartel de Medellín. De los condenados, sólo uno se encuentra hoy detenido. En resumen, en Colombia se mantiene el panorama general expuesto en la pasada Asamblea de la SIP Vale decir, que ha habido una notable reducción de los atentados contra periodistas en la medida en que los grandes carteles del narcotráfico han sido desmantelados; más ataques de la guerrilla contra los medios de comunicación y una persistente amenaza proveniente del poder legislativo, y en ocasiones del judicial, que no cesa en su empeño por reglamentar y domesticar a la prensa.

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