Perú

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PERU En el Perú se mantiene vigente el libre ejercicio de la profesión periodística, así como la plural circulación de diarios y revistas. Durante el último semestre el Congreso de la República dejó sin efecto la aplicación del hábeas data en lo referido a delitos de prensa, una conflictiva figura jurídica bajo la cual se inició una secuela de acciones legales contra periodistas. El 18 de agosto el Congreso sancionó, por 56 a favor y uno en contra, la modificación del artículo 200 de la carta magna, lo que constituye la primera reforma a la constitución de 1993. Falta ahora, para concluir con el trámite constitucional, ratificar la modificación en la próxima legislatura ordinaria. Esta ratificación del poder legislativo había estado precedida de una posición legalista por parte del poder judicial. Este había ido declarando inadmisibles todos los hábeas data presentados contra periodistas. El 27 de julio, el presidente del Colegio de Periodistas de Arequipa señaló que denunciará a los malos hombres de prensa que denigran la profesión. Se llegó a esta posición como consecuencia de quejas presentadas por autoridades arequipeñas a quienes malos, o seudo periodistas habrían intentado chantajear. El 17 de agosto, relacionado con este tema, aunque enfocándolo justamente desde el ángulo equivacado, un congresista oficialista presentó un proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de la Libertad de Prensa. El 27 de abril, la Asociación de Prensa Extranjera denunció que uno de sus corresponsales fue obligado, por el propio Presidente de la República, a borrar parte del video que había grabado sobre el mandatario durante la visita a la Cárcel de Yanamayo, en Puno. Las tomas incluían a un grupo de mujeres senderistas leyendo una proclama. El Presidente declaró luego que lo que las terroristas habían estado difundiendo era una arenga subversiva y que por ello decidió no dar acceso a las cámaras de televisión. El 5 de mayo, los generales en situación de retiro, Jaime Salinas Sedó y Germán Parra Herrera, fueron acusados ante el fuero militar por haber cuestionado, a través de artículos periodísticos, al comandante general del Ejército. A pesar de que la defensa hizo hincapié en la condición de civiles que corresponde a los militares retirados, el general Parra fue condenado a 60 días en prisión condicional. El 31 de agosto, a raíz de que un grupo de accionistas minoritarios entablara demanda contra el Canal 11 de Televisión RBC, la comisión de fiscalización del Congreso pretendió intervenir en el caso, solicitando información al Ministerio Público. Tal intervención fue rechazada por la SIP mediante carta dirigida al presidente del Congreso Constituyente. A la fecha 8 periodistas están presos acusados de terrorismo sin que se les haya todavía sentenciado. Ellos son: Hermes Rivera, Wilder Tintaya, Walter Atomayta, Augusto Chacón, Juan Tuanama, José Romaní, Pedro Carranza y David Cajahuamán. No se ha podido determinar con exactitud la condición de periodistas al momento de su detención, ni el grado de participación en los hechos que se les imputa. Luego de estar detenidos por diferentes períodos, algunos por más de dos años, fueron declarados inocentes y liberados 14 periodistas acusados de vinculación con el terrorismo. Ellos son: (5-4-94) Johnny Navarro, Juan Antonio Morales, Fernando Avila, Alex Rodrigo Ramón Morales, Carlos Guerrero, Mónica Palomo, Juan José Herrera, Luis Becerra, Gisella Gutarra, Alicia Figueroa, Carmen Ramón Morales, Víctor Huerta y (29-4-94) Carlos Falcón y (6-7-94) Carlos Infante. El 21 de abril, por unanimidad la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República absolvió del cargo de difamación a los periodistas César Hildebrandt y Cecilia Valenzuela. Habían sido denunciados por el general (r) Clemente Noel, ex jefe militar de Ayacucho. El 30 de mayo, el Décimo Quinto Juzgado de Instrucción Penal, que despacha la doctora Yolanda Gallegos Canales, abrió instrucción contra los periodistas de la revista Caretas, Enrique Zileri Gibson (director), Fernando Ampuero del Bosque (subdirector) y los redactores Jimmy Torres y Abilio Arroyo, por los delitos de imprenta y difamación, en agravio de Carlos Lanberg Meléndez. Lanberg fue sentenciado, hace unos años, por estar involucrado en narcotráfico y fue justamente la revista Caretas la que destapó el caso. El 26 de julio, pese a que esta causa había sido ya resuelta en otra instancia, la acción devino en un procedimiento de embargo por un monto de 45.000 dólares, que se habría hecho efectivo de no mediar la acción del abogado de Caretas y el mismo Zileri. Liama la atención que la orden de embargo contra Enrique Zileri hubiese sido firmada un mes antes por la jueza provisional Yolanda Gallegos Canales y que posteriormente hubiese solicitado licencia de manera que la medida debió ser ejecutada en su ausencia por su reemplazante. El 19 de agosto, el periodista Jesús Alfonso Castiglione fue sentenciado a una pena de 20 años de prisión por el delito de colaboración con el terrorismo. La defensa de Castiglione apeló, basándose en que en ningún momento ha sido probada su vinculación con el terrorismo, sino, más bien, lo que se probó fue la inexistencia de esa colaboración. Castiglione fue juzgado en reserva por un tribunal sin rostro, tipo de juicio que no permite el acceso al periodismo. Diversas instituciones internacionales han adoptado a Castiglione como "reo de conciencia". El 1 º de abril fueron también sentenciados por terrorismo José Alvarez Pachas y Eduardo Sihue Cano, ambos a seis años. Estos dos, junto con Pedro Valdez Bernales, se encuentran desde hace unos días en huelga de hambre. Fueron sentenciados por difamación los siguientes periodistas: el 18 de mayo, Guido Falcón Nivin, Wilfredo Mendoza, y Rony Flor de Radio Minería y el 26 de mayo Wilfredo Peláez, de 65 años, periodista de El Diario de Chimbote, quien murió de ataque al corazón en momentos en que lo detenían. El 1 de abril, la alcaldesa de lea, Rosa Zárate Sánchez, incitó a un grupo de sus seguidores para que agredieran al corresponsal del diario El Comercio, José Rosales Vargas. El hecho no prosperó gracias a la actitud moderada de los moradores del pueblo jóven Túpac Amaru. Ese mismo día Rosales Vargas había informado sobre un reclamo de los pobladores por la falta de apoyo de parte de la autoridad municipal. El 29 de abril, también en lea, elementos de seguridad de la misma alcaldesa Rosa Zárate Sánchez atacaron a cuatro periodistas mujeres que trataban de entrevistarla: Rossi Olivares y Rita Clemente, corresponsales de los canales 2 y 13 de Lima, así como Jenny Torrealva y Zuli Jaime, reporteras de dos radioemisoras de lea. Los efectivos de seguridad de la alcaldesa les rompieron los micrófonos y las grabadoras que portaban. El 19 de agosto, la Federación Nacional de Vendedores de Diarios, Revistas y Loterías impidió mediante la fuerza y la amenaza la normal distribución del diario La Mañana. Ello fue como reacción a la decisión de sus directivos de contratar a una empresa privada para que distribuya su periódico. Los miembros de la federación llegaron inclusive hasta la agresión física contra aquéllos que pretendían vender La Mañana. A los días de iniciada esta acción fueron colocadas dos bombas en las afueras del diario, que no detonaron. Posteriormente, doce hombres trataron de ingresar al lugar con la aparente intención de malograr los equipos del diario. Fueron descubiertos y rechazados a balazos por la policía. Toda esta situación ha sido repudiada por la SIP, los medios de prensa y los organismos políticos y económicos del país. A la fecha, La Mañana continúa distribuyéndose con dificultad. El 7 de septiembre, en Sullana, Piura, personal de seguridad incautó la película fotográfica del reportero gráfico del diario La República, Reynero Guerra, quien había tomado vistas del general Howard Rodríguez Málaga, jefe de la primera región militar, repartiendo calendarios con la imagen del presidente Alberto Fujimori en abierto acto de proselitismo político. Según un editorial del diario La República, en el fragor del decomiso el general ofreció comprarle las fotos al fotógrafo a lo que éste se negó. Inmediatamente el personal de seguridad le quitó el rollo y lo veló. Minutos después la redactora del mismo diario, Lily Guevara, se acercó al general para pedirle una explicación. Este le respondió que se estaba atentando contra su persona, al tomársele fotos comprometedoras. El hecho fue rechazado duramente por la SIP y medios de prensa. Días después, el ministro de Defensa, llamado a informar al Congreso, señaló que el responsable había sido un oficial de menor jerarquía quien había sido sancionado con arresto. Otras denuncias por agresión: el 23 de abril, César Flores, corresponsal de la radioemisora Antena Uno en Huanta, Ayacucho; el 1 º de junio, Mary Eriquito, corresponsal de Radio Onda Azul de Queluyo, Puno; el 5 de junio, Andrés Kant, de Radio San Sebastián, y el 20 de junio, Luis Velázquez, decano del Colegio de Periodistas de Huánuco y director del noticiario regional de Global Televisión. Continúa rigiendo el artículo 157 del Código Penal que castiga el mantener archivos periodísticos con "datos referentes a las convicciones políticas"; igualmente los artículos 154 y 164 que tratan del derecho a la intimidad pero que exceptúan los hechos que son de interés público. Por su parte, el artículo 249 no exige el dolo como requisito para penar la difusión de noticias que causen malestar o alarma económica; el 331 no especifica adecuadamente qué es información secreta, sin embargo, sanciona a quien la publica. Igualmente, se mantienen inalterables los decretos legislativos de pacificación 733, 743 Y 746 que, de abusarse en su aplicación, podrían generar serias agresiones a la libertad de prensa.

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