Venezuela

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VENEZUELA El segundo trimestre de 1994 ha sido particularmente difícil para Venezuela, pues a la crítica situación económica se unió el crack del sistema financiero y la agudización de los problemas políticos. Ante lo difícil del panorama, el gobierno del doctor Rafael Caldera ha optado por dictar medidas económicas enmarcadas en el llamado Plan de Estabilización y Rehabilitación Económica, entre las que se destacan la suspensión de garantías económicas y el control de cambio que pretende, según ha informado el gobierno, proteger las reservas internacionales y evitar la fuga de capitales hacia el exterior. La administración de la entrega de divisas ha sido encomendada a una Junta de Administración Cambiaria que decide las condiciones y prioridades para el otorgamiento de dólares. Como es lógico suponer, estas medidas han impactado al sector empresarial, que depende de sus divisas para la importación de los insumos necesarios para su actividad. Tal es el caso de los medios impresos de comunicación y la importación de papel. En este punto no ha habido hasta ahora ninguna traba que no sea derivada de la lentitud propia del proceso; no obstante, se mantiene la vigilia ante cualquier intento de usar la medida como recurso de presión a los medios en función de los intereses oficiales. En lo que concierne a restricciones, agresiones y atropellos a periodistas, se respira en estos momentos un clima de respeto hacia los comunicadores sociales. Las denuncias, aunque no han desaparecido del todo, han disminuido considerablemente. Como se señalara en anterior oportunidad, el Proyecto de Reforma a la Ley del Ejercicio del Periodismo fue introducido ante la Cámara de Diputados de la República, el pasado mes de febrero por un grupo de profesionales pertenecientes al Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. La intención de sancionar definitivamente este proyecto ha motivado la inmediata reacción de los gremios que agrupan al sector de la comunicación, que lo considera anticonstitucional y atentatorio contra las normas que consagran la libertad de expresión establecidas en la Constitución Nacional de la República de Venezuela. El6 de octubre de 1994, la presidenta de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, Marietta Hernández, remitió una comunicación que señala: "En nombre de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, denunciamos ante usted que la libertad de expresión está en peligro en estos momentos en Venezuela por el Proyecto de Reforma del Ejercicio del Periodismo que el Congreso de la República aprobó ya en primera discusión y comenzará su segunda discusión dentro de pocos días ... ". La comunicación culmina con la petición a la Sociedad Interamericana de Prensa de un pronunciamiento que avale la posición de la Cámara. En los mismos términos, el Presidente de la Cámara Venezolana de la Televisión, Héctor Ponsdomenech, fijó posición frente al proyecto y solicitó "la enérgica actuación de la SIP" para frenar la aprobación del proyecto y, anexo a su comunicación, las consideraciones legales y argumentos que avalan sus afirmaciones. Por su parte, el Bloque de Prensa, que reúne a editores de periódicos y medios impresos de toda Venezuela, introdujo el pasado 20 de abril una demanda de nulidad contra la Ley de Ejercicio del Periodismo de 1972 en la cual solicitar revocar nueve artículos de dicha ley. Los artículos en cuestión son los relacionados con la colegiación obligatoria, la reducción del ejercicio periodístico a aquellas actividades relacionadas con instituciones oficiales y privadas, excluyendo a las personas naturales que pudieran actuar a motus propio, el que impide a los extranjeros ejercer el derecho a difundir informaciones a través de los medios de comunicación, que confiere al Colegio Nacional de Periodistas la facultad de ser "fiel custodio" del derecho de la población a estar veraz e integralmente informada y a participar en la formulación de la política de comunicaciones del Estado, así como el que consagra de manera absoluta el secreto profesional del periodistas y que atenta contra la disposición constitucional que prohíbe el anonimato. La acción legal impuesta por el Bloque de Prensa coincidió con la llegada a Venezuela de una misión de la SIP, los días 21 y 22 de abril. Sus representantes asistieron a una serie de reuniones con los sectores que intervienen en el debate sobre la reforma al Proyecto de Ley del Ejercicio del Periodismo. La gestión de la misión de la SIP produjo malestar entre los miembros del Colegio Nacional de Periodistas y de la Comisión de Medios del Congreso, quienes lideran la acción partidaria de la reforma. Incluso en una sesión especial de la Cámara de Diputados se calificó la visita de misión internacional como un acto de intromisión extranjera que pretendía avalar la posición de quienes defendemos la libertad de expresión. En estos momentos, la Comisión de Medios del Congreso ha culminado su período de consultas a todos los sectores que han efectuado observaciones a la Ley del Ejercicio del Periodismo. En la última semana se iniciaron las discusiones internas del articulado. Se ha dicho que existe la intención de modificar los artículos relacionados con la facultad del Colegio de regular las funciones de los reporteros gráficos y los locutores, así como a eliminar las restricciones de ejercicio a periodistas extranjeros. No obstante, la tendencia es mantener los aspectos más contundentes de la reforma. En relación con las denuncias sobre atropellos a la libertad de expresión, las denuncias por violación a la libertad de prensa en Venezuela han disminuido considerablemente. A mediados de julio, se reprodujo en el diario El Universal un artículo publicado en la prensa internacional donde se criticaba la actuación del gobierno del presidente Rafael Caldera y su gestión frente a los graves problemas del país. El artículo, firmado por el periodista Carlos Ball, provocó la inmediata reacción del gobierno, que a través de remitidos publicados en la prensa venezolana calificó al columnista de "traidor a la patria, criminal mentiroso y mercenario" interesado en desacreditar la gestión del gobierno venezolano. Esta situación originó a su vez que el periodista Carlos Ball remitiera una comunicación a la SIP en la que solicitó su intervención para condenar el agravio verbal del que fue objeto. Los medios de comunicación de provincia también han visto vulnerado su derecho a la libre expresión del pensamiento y a la difusión de información. El pasado 4 de octubre, fue sacado del aire intempestivamente el programa radial conducido por la periodista Raquel Marcano y transmitido por Radio República AM en la ciudad de Maturín, Estado Monagas. La medida se produjo después que la periodista emitiera denuncias sobre supuestos actos de corrupción en los que supuestamente estarían implicados funcionarios del gobierno regional. No obstante, el director de la emisora adujo como argumentos para justificar la medida razones de carácter estrictamente administrativos. También se denunciaron atropellos a los periodistas Javier Mavarez, del diario Oriental, y las presiones de que es objeto el diario El Sol. Mavarez fue arrestado por orden de la juez que tiene a su cargo el expediente por narcotráfico formulado por la Policía Técnica Judicial contra una conexión del llamado Cartel Pereira, recientemente descubierto en la ciudad de Maturín. En el segundo caso, la sede del diario El Sol fue allanada. Como reacción a los hechos, los periodistas del Estado Monagas han realizado una serie de acciones de protesta, a la vez que han solicitado la inmediata intervención de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social del Congreso de la República, para iniciar investigaciones sobre las recurrentes violaciones a la libertad de expresión por parte de las autoridades del Estado Monagas. Durante los últimos años en Venezuela, el Colegio Nacional de Periodistas, que lleva la bandera de la reforma, ha experimentado un alto índice de abstención en sus elecciones internas, que además han sido altamente politizadas. Esto crea dudas sobre la legitimidad de su representación, además de que ninguno de los miembros de su directiva ejerce en este momento el periodismo como actividad central.

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