Perú

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PERU Ha sido de significativa importancia la aprobación de una nueva constitución política elaborada por un congreso constituyente nombrado mediante elecciones generales. Esta se estaría sancionando luego de haber sido aprobada mediante referéndum. Los aspectos referidos a la libertad de prensa y expresión han mantenido básicamente el mismo espíritu con respecto a la constitución anterior, estableciendo clara y explícitamente los principios de libertad de ideas, opinión y expresión. Ha generado polémica la inclusión de una nueva garantía constitucional, conocida como Hábeas Data. Esta institución se utiliza en otros países con dos beneficios: por un lado, los ciudadanos -y por ende los periodistas- pueden exigir a las autoridades que se les revele datos de interés público ocultados indebidamente. Por otro lado, es un mecanismo para que el ciudadano pueda hacer que se corrija o elimine aquella información equivocada o ilegal que puedan estar manejando las entidades públicas o privadas. Pero, en el caso peruano, resulta discutible una ampliación en el ámbito del Hábeas Data. Esta deja abierta la posibilidad de que el juez, atendiendo al criterio de que una garantía constitucional pueda estar siendo amenazada, impida la publicación de alguna información que el afectado alegue es íntima y personal. La' experiencia judicial en el manejo de las acciones de garantía constitucionales hace temer que pueda haber abuso de pedidos de Hábeas Data amparados por el juez y que, de esta manera, mientras éste estudia el caso, muchas personas o funcionarios públicos logren su propósito de detener la publicación de una información de interés público. Ante la polémica, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que precisa los alcances del Hábeas Data. En él se aclara que la acción de Hábeas Data "no puede afectar el ejercicio de las libertades de información ... ". Especifica también que éste "no puede restringir el secreto profesional de los periodistas". Una novedad favorable en la nueva constitución es la inclusión del derecho al secreto profesional sancionado en el inciso 18 del mismo artículo segundo. Esta figura, aceptada desde hace mucho, cobra ahora estatura constitucional. Una serie de hombres de prensa han sufrido detenciones y procesos judiciales, la mayoría de ellos por actos presuntamente vinculados con el terrorismo. Dentro de este poco claro abanico de situaciones están los injustamente detenidos, los detenidos por vinculaciones circunstanciales con el terrorismo y los sindicados como terroristas. Se han presentado situaciones de abuso policial. Entre los acusados de terrorismo y luego liberados tenemos a Danilo Quijano, colaborador del diario La República, preso en Yurimaguas por traición a la patria y luego maltratado. Eleodoro García Sajamí, periodista radial acusado de colaboración terrorista pero quien previamente había denunciado a algunos efectivos policiales de tener vinculaciones con el narcotráfico. Walter Pérez Meza, director del diario El Día, y Willy La Torre Chunga, reportero gráfico del mismo diario, detenidos el 2 de agosto cerca a Pucallpa, localidad de la selva peruana, cuando regresaban de una reunión de agricultores promovida por la Marina. Luego de cinco días fueron liberados y las denuncias retiradas. Aún se encuentran detenidos acusados de delitos de terrorismo los periodistas Alfonso Castiglione, propietario de la emisora Stereo Chavín; José Alvarez Pachas, redactor de Cambio, acusado de apología al terrorismo y los reporteros gráficos Johnny Navarro y Pedro Valdez de El Diario. Asimismo, el locutor radial Hermes Rivera; los periodistas de Radio Salkantay Augusto Chacón Quispe, Wilbert Tintaya y Walter Apomayta. También Eduardo Sihue, acusado de apología del terrorismo por haber trabajado en el semanario Cambio. Radio San Isidro fue tomada por un grupo terrorista durante 15 minutos con la intención de propalar un casete subversivo. Sin embargo, fallas técnicas les impidieron cumplir con su cometido, por lo que debieron conformarse con llevarse dinero y documentos personales de los trabajadores. Políticos partidarios del régimen reaccionaron virulentamente a raíz de publicaciones respecto de la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. Al respecto hay varios hechos que sindican la clara posibilidad de que los autores hayan sido paramilitares. Como reacción a las publicaciones e investigaciones periodísticas hubo congresistas que amenazaron inclusive con la posibilidad de que los medios de comunicación estuvieran incurriendo en apología del terrorismo. Demás está decir que usar esta figura tendenciosamente puede servir para conculcar la libertad de prensa. Sobre este mismo tema el diario La República manifestó su protesta por un comunicado del ejército peruano, en el cual cuestionaba la veracidad de una información que recogía declaraciones del comandante general del ejército. Los medios de difusión se solidarizaron con La República. Una manifestación de protesta realizada por el Colegio de Periodistas del Perú fue violentamente disuelta por efectivos policiales. Varios colegas entre los que se encontraba el decano de la orden, Miguel Calderón Paz sufrieron daños físicos. Mediante una orden municipal se intentó clausurar el canal de televisión UHF 45 de Villa El Salvador, distrito de las afueras de Lima. Ante el apoyo de la opinión pública la clausura no se concretó, pero sí cerraron el salón que esporádicamente servía de seto Una nueva amenaza masiva contra hombres de prensa se produjo en la ciudad de Ayacucho por parte de Sendero Luminoso. A mediados de julio, al reportero Juan Ponce de la revista Oiga, medio crítico del gobierno, no se le permitió acompañar a la delegación presidencial en sus viajes alrededor del país. Esta restricción se amplió luego a una serie de revistas de oposición al gobierno entre las que están Caretas y Sí. El 28 de mayo se presentó al Congreso un proyecto de ley con la finalidad de modificar cinco artículos del código penal: 154, 164, 169, 240 Y 249. Dichas modificaciones en los dos primeros artículos pretenden que a temas de interés público no se pueda alegar la protección de la intimidad de las personas. Por otro lado, se procura mejorar la norma que penaliza la clausura de medios. Finalmente, precisa los alcances de los artículos relacionados con la información económica, dejando abiertas posibilidades riesgosas para la actividad periodística. Se hizo público el proyecto de reglamento de la ley de telecomunicaciones, en el que se plantea la posibilidad de que el ejecutivo pueda autorizar al comando conjunto de las fuerzas armadas a asumir el control de los medios de comunicación en caso de guerra o emergencia nacional. Al respecto preocupa la imprecisión del concepto emergencia nacional en un país en el que aún subsiste el terrorismo y, por ende, leyes de emergencia. Por su parte, el ministro de Transporte y Comunicaciones prometió realizar las correcciones necesarias. Se presentó un proyecto de ley ante el Congreso mediante el cual se busca exonerar a diarios y revistas del 180/0 del Impuesto General a las Ventas. El director del diario Expreso, Manuel D'Ornellas, y la redactora Liz Mineo, fueron denunciados por el delito de difamación al ex-presidente Alan García. Sin embargo, el vigésimo cuarto Juzgado penal de Lima consideró a ambos periodistas inocentes y los absolvió. La acusación versaba sobre la presunta participación de García Pérez en la desaparición de 48 kilos de oro de la empresa Centromín Perú. La juez provisional María Carrasco Matuda afirmó que "las publicaciones cuestionadas se hicieron en el uso del derecho de opinión y de libertad de prensa que el Estado reconoce, respeta y garantiza". Enrique Zileri, director de la revista Caretas, volvió a ver incrementada su pena de 12 a 18 meses de prisión condicional por el juicio que le siguiera Vladimiro Montesinos, asesor del presidente de la república y uno de los hombres fuertes del gobierno. Ahora la multa, de aproximadamente $10.000, le ha sido aumentada en más de 50%. Resulta sintomático que ambos incrementos se han otorgado cuando la juez provisional del Juzgado 41 se hallaba de licencia y el cargo era ocupado por el juez suplente José Ludovico Valles Navarro. Caretas informó sobre relaciones de dependencia entre dicho juez suplente y el asesor presidencial. Sobre este caso, Caretas ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El semanario Caretas fue enjuiciado por la sala penal de la Corte Suprema a raíz de una publicación en la que se denunciaba un caso de intento de soborno en el que estarían involucrados magistrados de esta sala. Caretas amparaba la denuncia periodística en una grabación y en la existencia de una denuncia ante el órgano de control interno que a pesar de tener tres semanas de presentada no había sido actuada. Posteriormente, el propio Presidente de la Corte Suprema estuvo en desacuerdo con la denuncia contra Caretas, siendo ésta retirada. Hugo Bustíos, periodista de la revista Caretas, fue asesinado en Ayacucho cuando se dirigía a cubrir un atentado terrorista. Testigos del hecho habían reconocido a tres militares como los presuntos autores. El juez provincial de Huanta y el fiscal se pronunciaron a favor del archivamiento del caso Bustíos, quedando los aparentes agresores libres de toda responsabilidad.

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