PERU
En el Perú se practica con libertad el periodismo. Sin embargo,
a raíz del autogolpe militar del 5 de abril, en el que el
Poder Ejecutivo disolvió el Congreso y suspendió parcialmente
la vigencia de la Constitución, se extinguió la base jurídica
sobre la que se asienta la libertad de prensa. Su vigencia,
por ello, es muy precaria.
El golpe se inició con la toma de los medios de comunicación
por militares armados. Durante dos días la casi totalidad
de los medios de información limeños fueron censurados.
En algunos casos aparecieron diarios con espacios en blanco.
Programas televisivos y radiales fueron cortados, más de veinte
periodistas fueron detenidos durante 32 horas. Pertenecían
al diario Super ldolo (3 detenidos), Radio Red (18 detenidos) y
Radio Antena 1 (2 detenidos). A estos medios se les vinculó con
el partido aprista.
La detención por cerca de dos días del periodista Gustavo
Gorriti, originó una gran conmoción internacional.
Gorriti, especialista en Sendero Luminoso, corresponsal en
Lima de El Pals de Madrid y ex redactor de la revista Caretas,
fue detenido en su casa sin razón aparente. Se le decomisó su
computadora y archivo personal. La computadora le fue devuelta
posteriormente con el disco duro borrado. Gorriti acusa al asesor presidencial Vladimiro Montesinos como el actor
intelectual de la detención. Esta se habría producido -según
Gorriti- en represalia por haber publicado en la revista Caretas
una investigación periodística sobre Montesinos.
El ex diputado Yehude Simons y siete redactores del semanario
Cambio fueron detenidos al comprobarse que el medio era financiado por el grupo terrorista Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru (MRTA). Esta comprobación se logró, según la policía, tras la captura del líder máximo de esa
institución, Víctor Palay.
Asimismo, fueron capturados 30 integrantes de Sendero
Luminoso encargados, entre otras actividades, de editar clandestinamente el periódico El Diario.
Tras el levantamiento de la censura, luego de una visita
del Presidente al diario El Comercio, donde pidió disculpas por
los inconvenientes causados, el gobierno señaló que en adelante respetaría la irrestricta libertad de prensa en el Perú.
En la práctica, luego de los execrables sucesos de los primeros
días del golpe, hoy en día los diarios tienen libertad para
expresar sus ideas con independencia y capacidad de crítica.
Esto pudo ser constatado por una delegación de la SIP, presidida
por el propio presidente, James McClatchy, que a principios
de julio investigó "in situ" la situación de la prensa en
el Perú.
La violencia contra los periodistas no ha cesado, como lo
demuestran los siguientes hechos:
1. Seiscientos kilogramos de explosivos destruyeron gran
parte del local donde funciona el Canal 2 de televisión en
Lima. Murieron el periodista Alejandro Pérez y tres vigilantes.
La comisión de la SIP que visitó Lima se hizo presente en el
Canal 2 con el fin de trasmitirle el apoyo de la comunidad
periodística latinoamericana. El atentado ha sido atribuido a
Sendero Luminoso. Sin embargo, las últimas versiones oficiales
no excluyen la posibilidad de que los autores pertenezcan
a un grupo terrorista vinculado a algún partido político.
2. Adolfo Izuisa, un valiente periodista radial de Juanjuí,
ciudad ubicada en la selva peruana, fue asesinado el 23 de
agosto por presuntos terroristas de Sendero Luminoso. Presentaba
seis heridas punzocortantes en la espalda y un corte profundo
en el cuello. Izuisa era un continuo denunciante de los
crímenes y demás abusos de los terroristas y narcotraficantes.
Por ello había sido amenazado de muerte en varias oportunidades.
Adolfo Izuisa, de 48 años, deja viuda y tres hijos menores.
Hada siete meses los terroristas habían asesinado al
mayor de sus hijos.
3. Otro periodista radial, Santiago Jau, propietario de varias
estaciones en ciudades al norte de Lima, fue asesinado por
cuatro terroristas de Sendero Luminoso. Jau, que vivía amenazado
de muerte, se había negado a pagar cupos. Anteriormente,
una de sus propiedades había sido bombardead
4. En Huacho, 100 kilómetros al norte de Lima, fue secuestrado
por cinco presuntos paramilitares el periodista Pedro
Yauri, ex corresponsal del diario limeño El Nacional. Los
hechos se produjeron el 25 de agosto y hasta la fecha no se
tiene conocimiento de su paradero, aunque se teme lo peor.
El periodista había sido acusado de apología del terrorismo a
raíz de que elementos de Sendero Luminoso ingresaron. la
cabina de radio mientras trasmitía su programa político, obligándolo a trasmitir tres casetes con propaganda subversiva. El juez consideró ano ha lugar" a la apertura de instrucci6n.
Con estos cuatro casos asciende a 35 el número de periodistas
muertos o desaparecidos por motivos relacionados con
el ejercicio de la profesión desde 1980, cuando se inició la etapa de violencia en el país.
La captura de Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista
Sendero Luminoso, podría ser un primer paso para que
esta lista necrológica de periodistas disminuya cada vez más.
En el período transcurrido desde la Reunión de Medio
Año en marzo, no se cumplió con derogar y corregir los artículos
del Código Penal y Decretos Supremos que afectan l.libertad
de prensa y que fueron anunciados hace seis meses en
la reunión de Santo Domingo. Ello, a pesar de las opiniones
favorables expresadas por representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La convulsionada situación política que vive el país ha dificultado una solución adecuada.
Pero ello no es óbice para exigir una vez más al gobierno, que
ahora detenta poderes legislativos, que disponga que los articulas que conculcan la libertad de prensa sean derogados o
adecuados, según l. promesa planteada por el Colegio de Ahogados
de Lima.
Un fallo de la Corte Suprema sentenció a Enrique Zileri,
director de la revista Caretas, por el delito de difamación en
agravio de Vladimiro Montesinos, ásesor del presidente
Fujimori y su hombre de confianza ante el aparato de inteligencia del país. La ejecutoria de la Corte Suprema no cuenta con fundamentación alguna, y los dos fallos de instancias inferiores incluyen fundamentaciones distintas. Desde el inicio del juicio surgieron preocupaciones por su desenvolvimiento.
Había tres razones para ello:
1. La querella había sido interpuesta nueve meses después
de producido el supuesto hecho difamante (haber calificado
de Rasputina Montesinos).
2. La fecha de la denuncia coincidía con la semana en que
Caretas tenía en prensa una edición que incluía una carátula
sobre Montesinos con un amplio informe en las páginas interiores.
3. En la notificación (mas no en la sentencia) la jueza hada
mención al Artículo 317 del Código de Procedimientos Penales.
Este le permite al juez prohibir a los medios de comunicación
que publiquen informaciones sobre los temas y personas que él señala. Según la jurisprudencia, este artículo es sólo aplicable a los casos de apología del delito; sin embargo,
en este caso se hada extensivo a la figura de difamación.
Estas razones permiten pensar que el motivo del demandante
no era buscar una satisfacción legal, sino impedir la publicación del informe en Caretas, 10 que logró. Ante este fallo, que sienta una jurisprudencia inmensamente peligrosa para el libre desempeño del periodismo, Enrique Zileri ha elevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
para que luego pueda ser definitivamente sancionado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También en el ámbito de regulaciones se han podido notar
continuas trabas interpuestas por el gobierno al libre desenvolvimiento de la actividad informativa. Casos como el de
impedir el acceso de periodistas a diferentes actos públicos
motivaron un mensaje de protesta del presidente de la SIr al
presidente Fujimori. Ello es en la actualidad especialmente
sensitivo por la falta de democracia en el país.
Dentro de este mismo tema, el Banco Central de Reserva
publicó un comunicado en el que sostiene el derecho de
dejar de publicar en su Resumen Semanal aquella información
que considere reservada. Hasta la fecha esta restricción no se
ha producido.