Brasil

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Los cimientos de una prensa democrática tienen por base dos pilares: la libre empresa y la libertad de expresión. Las empresas periodísticas brasileñas no enfrentan problemas en estos dos sentidos. Sin embargo, el segundo pilar vive bajo una constante amenaza. Los hechos en este período han extrapolado las amenazas, que buscan callar a la prensa. Si las recomendaciones del Plan Nacional de los Derechos Humanos (PNDH) y de la Confecom son aprobadas en el Parlamento Brasileño y sancionadas por la futura Presidenta, habrá una lista de instituciones estatales dispuestas a controlar a la prensa. En diciembre del año pasado, se realizó un Congreso Nacional de Comunicaciones que emanó cientos de recomendaciones sobre el control social de los medios de comunicación y el cambio del marco regulatorio de las comunicaciones. Las organizaciones vinculadas al mercado editorial y de comunicaciones—notablemente ABERT, ANJ y Aner—se retiraron de la comisión organizadora cuando no fueron atendidas sus reivindicaciones sobre principios constitucionales de la libertad de prensa y de la empresa. Varias conclusiones lesivas a la libertad, se pueden transformar en anteproyectos de ley. Recientemente, el presidente Lula da Silva nombró a una comisión de cinco ministros para que, bajo la coordinación del Ministro de Comunicaciones Sociales, Franklyn Martins, se incluyeran las recomendaciones del congreso en un anteproyecto. Ese anteproyecto convoca ahora en noviembre a un seminario sobre el marco regulatorio, en Brasilia, bajo el patrocinio de la Secom. Con la excusa de actualizar el marco regulatorio, las autoridades federales, al igual que en otros países, buscarán cancelar de licencias de radiodifusión. El paso siguiente será la inclusión de medidas restrictivas a la libertad de expresión y al derecho de información. A fin de octubre, fue aprobado en la Asamblea Legislativa del Estado de Ceará un proyecto de la autoría de la diputada del Partido del Trabajo Rachel Marques que crea en el estado un Consejo de Comunicación Social, según la sugerencia de la Confecom. Para entrar en vigor, esa propuesta todavía depende de la sanción del gobernador socialista Cid Gomes. El proyecto contempla que el Consejo estará vinculado a la Secretaría de la Casa Civil de Ceará, que va a elaborar una política estadual de comunicación y “monitorear, recibir denuncias y encaminar sus pareceres a los órganos competentes sobre abusos y violaciones de los derechos humanos en los vehículos de comunicación en el Estado de Ceará". El texto no especifica cuáles son tales órganos competentes para juzgar las denuncias, ni determina los cargos que podrán imponerse, aunque ha recibido el apoyo del Sindicato de los Periodistas de Ceará. En cuanto a su redacción, el texto especifica que el Consejo de 25 integrantes tendrá siete representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de Ceará y de las facultades de comunicación, ocho representantes de los medios de comunicación y diez de la sociedad civil, incluidos los sindicatos y los movimientos estudiantiles. En San Pablo, el líder del Partido del Trabajo en la Asamblea Legislativa, el diputado Antonio Mentor, presentó un proyecto que establece mecanismos regionales de control de los medios. Así como la propuesta de Ceará, la del PT paulista también prevé la creación de un consejo para monitorear los medios de comunicación. Alentada por el continuismo y por su mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Federal, la izquierda brasileña mantiene los instrumentos para concretar las amenazas incluidas en el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) y en las “conclusiones” del Congreso Nacional de Comunicaciones (Confecom) que el gobierno federal promovió al fin del año pasado. Ya hace algún tiempo el gobierno del PT viene ensayando algún tipo de control social – el nuevo nombre de la censura – sobre la actividad periodística que va más allá de los controles jurídicos existentes. En un acto de campaña de la candidata Dilma Rousseff en Campinas, en el estado de San Pablo, Lula hizo severas críticas a los medios de comunicación y vociferó que la población ya no necesita formadores de opinión. “Nosotros somos la opinión pública”. La Asociación Nacional de Periódicos, la Orden de Abogados de Brasil (OAB), la Asociación Nacional de los Editores de Revistas (ANER), criticaron los excesos del Presidente. El ataque del presidente coincidió con una serie de denuncias periodísticas sobre el tráfico de influencia e irregularidades practicadas por funcionarios vinculados a la Casa Civil. “Existe una revista de la cual no me acuerdo el nombre. Destila odio y mentiras”, afirmó Lula, en referencia indirecta a la revista Veja. Esas protestas no inhibieron a las entidades simpatizantes del PT. Días después, los centrales sindicales, MST y PCdoB promovieron un “acto contra los medios golpistas” y de apoyo a la candidatura de Dilma Rousseff. El acto, que reunió a cerca de 400 personas, ocurrió en la sede del Sindicato de Periodistas de San Pablo. Todas esas iniciativas legislativas son inconstitucionales, porque el Supremo Tribunal Federal brasileño decidió en abril del año pasado, cuando revocó la Ley de Prensa impuesta por la dictadura militar de 1964, que “no es el Estado que fiscaliza a la prensa, sino la prensa que fiscaliza al Estado”. Tales pasos constituyen el regreso a la censura de la prensa. Los ataques a la libertad de expresión no se limitan, no obstante, a intenciones, proyectos o amenazas. En septiembre, el juez José Liberato Costa Póvoa les impuso, en una decisión, la censura previa a 84 medios de comunicación del Estado de Tocantins y de otros estados, prohibiéndoles divulgar cualquier noticia en referencia a un escándalo que alcanzaba al gobernador y al candidato a reelección Carlos Gaguim (PMDG-TO) y al Procurador General del Estado, Haroldo Rastoldo. Los dos fueron citados en intercepciones telefónicas promovidas por la Policía Federal con autorización judicial, cuyo objetivo fue respaldar la investigación sobre la sobrefacturación de precios en la prestación de servicios de limpieza. Según denuncias publicadas por los periódicos, la esposa del juez, Simone Cardoso da Silva Candeo Póvoa, había sido nombrada a un cargo de asesora al Gobierno de Tocantins que garante R$ 3,6 mil reales mensuales más para el ingreso de la pareja Póvoa. El Tribunal de Justicia de Tocantins revocó la decisión del juez. La decisión del magistrado de Palmas provocó el repudio de las entidades de prensa. En el Estado de Paraná, el candidato a gobernador estadual, Beto Richa (PSDB), consiguió prohibir la divulgación de los resultados de cinco encuestas de intención de voto. Para la ANJ, la prohibición es censura previa. En el Sur de Brasil, sigue el calvario judicial del periódico gaucho Já y su propietario, el periodista Elmar Bones, debido a una historia publicada hace 10 años bajo el titular “Caso Rigotto – un golpe de US$ 65 millones y dos muertes no aclaradas”. Libre de comentarios, pero repleto de informaciones, la historia mereció algunos de los más importantes trofeos regionales de periodismo, como el Esso Regional y el ARI, de la Asociación Riograndense de Prensa. Sin embargo, el periódico fue condenado a pagar una indemnización civil incompatible con su capacidad económica y tuvo que cerrar sus puertas. El reporte contaba la participación de Lindomar Rigotto, hermano del entonces diputado estadual y después del gobernador Germano Rigotto – en una licitación pública de la Compañía Estadual de Energía Eléctrica. Indicado por el hermano para la dirección financiera de la empresa, Lindomar acabó protagonizando el escándalo que resultó en una Comisión Parlamentaria de Investigación que los acusó a él y a otras once personas y once empresas. Según el informe final de esa Comisión, el esquema fue montado por Lindomar. “De todo lo que fue investigado, se comprobó la práctica de corrupción pasiva y enriquecimiento ilícito de Lindomar Vargas Rigotto”, escribió el relator de la CPI, el diputado Pepe Vargas (PT-RS). El Ministerio de Cultura elabora un proyecto de ley para ser enviado al Congreso Nacional que contempla, entre otras cosas, que los derechos autorales de los textos periodísticos caerán en el dominio público después de ser publicados por primera vez. Se trata de una contradicción, ya que Brasil fue uno de los signatarios del primer acuerdo internacional en defensa de la propiedad intelectual. Entre otros hechos relevantes, se destacan los siguientes: El 10 de julio, el periodista radial Rodrigo Santos, de la Radio Cidade, de Brusque (SC), fue agredido en represalia por sus informes denunciando interferencias indebidas en la selección de árbitros de fútbol. La agresión fue practicada por el hijo del presidente de la Federación Catarinense (del Estado de Santa Catarina) de Fútbol y asesor de la entidad, Delfim Peixoto Neto. El origen del ataque habría sido un video divulgado por el periodista radial en su blog en el internet en el cual un director de la FCF revelaba que Peixoto Neto venía interfiriendo en la indicación de árbitros. Debido a los golpes y las patadas sufridos, Rodrigo Santos perdió la consciencia y tuvo que ser conducido a un hospital. El 18 de septiembre, el presidente Lula afirmó, durante un acto de campaña, en Campinas, que “vamos a derrotar a algunos periódicos y revistas que se comportan como un partido político”. En seguida, todavía refiriéndose a la prensa, dijo que “esa gente no me tolera”. En una nota, la ANJ lamentó que el presidente se hubiera olvidado de sus propias palabras, pronunciadas en 2006, al firmar la Declaración de Chapultepec, cuando declaró textualmente: “… yo debo a la libertad de prensa de mi país el hecho de haber conseguido nosotros, en 20 años, llegar a la Presidencia de la República de Brasil. Perdí tres elecciones. Dudo que haya un empresario de prensa que, en algún momento, me haya visto hacer una queja o culpar a alguien porque yo perdí las elecciones”. El 18 de octubre, en la ciudad de Caicó (PB), el periodista Francisco Gomes de Medeiros, de 46 años, fue alcanzado por tiros disparados por un sospechoso a bordo de una motocicleta cuando estaba sentado en frente de su residencia en el barrio Paraíba. Gravemente herido, Francisco todavía fue llevado a un hospital próximo, pero falleció poco después. La policía detuvo a un sospechoso que confesó haber cometido el crimen en represalia a sus denuncias contra el narcotráfico. Popularmente conocido como F. Gomes, el periodista mantenía un blog en el internet y era director del departamento de radio periodismo de la Radio Caicó AM, donde presentaba el programa Comando General. El 30 de octubre, en Três Rios, Paraíba do Sul (RJ), el periodista José Rubem Pontes de Souza, de 39 años y director-presidente de Entre-Rios Jornal, fue baleado fatalmente en el cuello por un sujeto que se movilizaba en un automóvil y se dio a la fuga. El ataque ocurrió luego de salir de una fiesta en un bar. Souza fue llevado a un hospital cercano donde falleció. Hace más de un año persiste la censura judicial al periódico O Estado de S. Paulo. La publicación está impedida de publicar informaciones que posee sobre la Operación “Boi Barrica”, por la cual la Policía Federal brasileña investiga la actuación del empresario Fernando Sarney, hijo de José Sarney, ex presidente de la República e actual presidente del Senado Federal. El periódico fue prohibido por el Tribunal de Justicia del Distrito Federal al 13 de julio del año pasado, de divulgar hechos relacionados a la operación.”

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