Venezuela

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El gobierno del presidente Hugo Chávez proclama que los medios del Estado y su cuantioso presupuesto tienen la misión de “coadyuvar en la construcción de un nuevo modelo comunicacional, enmarcado en una visión socialista de uso de los medios”. Los medios independientes defienden la Constitución, la libertad de expresión y el derecho del pueblo a la información libre, sin censura y son clasificados por el gobierno como “medios privados”. Chávez pretende controlar las ideas e imponer el silencio. Hace más de tres años cerró Radio Caracas Televisión y tomó ilegalmente con la fuerza militar sus transmisores que ahora utiliza el gobierno. Luego cerró 32 emisoras y ahora su régimen también limita, amenaza y hostiga a las radios. El régimen expropia ilegalmente numerosas empresas privadas, industrias, fábricas, fincas agropecuarias productivas, toda la cadena agroalimentaria, así como toda clase de bienes y servicios. Es la expropiación como estrategia de control social. Se trata de que el pueblo dependa del Estado para obtener empleo y acceso a los alimentos. Para tratar de cumplir este proceso, Chávez necesita silencio de los medios y periodistas. Violaciones más importantes a la libertad de expresión durante este período: La pasada Reunión de medio año de la SIP fue escenario de debate sobre la libertad de expresión en Venezuela. De la intervención del presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, el régimen de Chávez falsificó la interpretación de su contenido calificándolo como “vilipendio al Presidente de la República”, por lo que Zuloaga fue detenido y se ordenó su enjuiciamiento. El presidente de Globovisión ha enfrentado un sistemático hostigamiento policial y judicial ordenado por Chávez, que le ha hecho comparecer en juicios, atender citaciones, imputaciones, soportar arrestos y allanamientos ilegales a su residencia. En todo caso dio la cara hasta que vio agotarse su derecho como venezolano integral a la justicia y, ante la última orden de aprehensión que lo remitiría a la cárcel, salió al exilio para proteger su integridad física. El 29 de agosto el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, entre otras organizaciones, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, 113 agresiones a periodistas durante este año. Fue condenado a 2 años y seis meses de prisión el periodista Gustavo Azocar, quien luego salió en libertad por medidas cautelares. Francisco “Pancho” Pérez, columnista del diario El Carabobeño, fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión e inhabilitado política y profesionalmente por supuesta difamación e injuria a funcionario público. El periodista fue acusado por el alcalde de la ciudad de Valencia, quien también adelanta fuerte campaña publicitaria contra el diario El Carabobeño en avisos publicados en algunos periódicos. El Ministerio Público inició una investigación contra el diario El Nacional por la publicación el 13 de agosto de una foto que evidencia serias violaciones a los derechos humanos en la morgue de Caracas. Un juez impuso al periódico prohibición de publicar imágenes sobre hechos violentos que aún sigue vigente, lo que constituye censura previa. Esta medida fue aplicada también al diario Tal Cual, que reprodujo la foto de El Nacional. Editores nucleados en el Bloque de Prensa Venezolano acordaron publicar en las tapas de los diarios el mensaje “No a la censura” y seguir enfrentando las acciones del gobierno. Miguel Henrique Otero declaró que acción contra El Nacional es juicio político, ya que la Fiscalía se está basando en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la cual no aplica a los medios impresos. El partido del presidente Chávez solicitó la semana pasada al Ministerio Público que abra una investigación contra el editor del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, por sus opiniones sobre el atentado ocurrido la noche del 27 de octubre contra el presidente y directivos de la cúpula empresarial venezolana --FEDECAMARAS-- cuando el vehículo que ocupaban fue ametrallado y resultó herida de tres balazos la ex presidenta de la institución, Albys Muñoz. En septiembre cumplió un año en el exilio el editor del diario El Nuevo País y la revista Zeta, Rafael Poleo, imputado por el Ministerio Público por opinión emitida en un programa de televisión aludiendo a Chávez y Mussolini. Asimismo, la periodista Patricia Poleo, quien fue imputada por el régimen hace cinco años, también permanece exiliada. La inseguridad e impunidad, las violaciones al Estado de Derecho, las políticas gubernamentales de persecución, discriminación, exclusión y hostigamiento, así como el grave deterioro del ambiente social y de las oportunidades de trabajo en general, han determinado que miles de venezolanos hayan abandonado el país durante el régimen del presidente Chávez. Otros hechos relevantes en forma cronológica: El 23 de marzo, la Embajada de los Estados Unidos se pronunció sobre la detención de Guillermo Zuloaga y expresó que “Parece ser parte de un patrón de hostigamiento contra la estación, sus empleados e invitados”, e instó al Gobierno a honrar el compromiso de la Carta Democrática. El 25 de marzo, Guillermo Zuloaga fue detenido por la DIM en Paraguaná y trasladado a Caracas donde un Juez lo dejó en libertad con prohibición de salida del país. El 10 de abril, fueron detenidos corresponsales de la Cadena Caracol de Colombia, en Venezuela por parte de la Guardia Nacional. El 12 de abril, el Gobierno creó la guerrilla comunicacional con liceístas, los cuales fueron juramentados por la Ministra de Comunicación. El 14 de abril, Asociaciones de Padres se activan en contra de la guerrilla comunicacional y los maestros dicen que no permitirán proselitismo en planteles educativos. El 5 de mayo, fue admitida Acción de Amparo contra campaña de “guerrilla comunicacional”, Amparo que fue solicitado por la Presidenta de la Fundación en Defensa de los Derechos Civiles. El 12 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia mantiene en vigencia medidas contra RCTVI. El 23 de mayo, la Casa Militar detuvo por varias horas al reportero gráfico Simón Clemente del diario 2001, al estar cubriendo una protesta popular frente a la residencia presidencial La Casona. El 11 de junio, el periodista Francisco Pérez fue sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión y fue inhabilitado política y profesionalmente más el pago de una multa de 1.200 Unidades Tributarias por difamación e injuria a un funcionario público. El 18 de junio, el Gobierno de Chávez emitió orden de captura internacional contra Guillermo Zuloaga. El 6 de julio, fue liberado el periodista Leocenis García, tras dos años de detención tras recibir una medida cautelar sustitutiva de libertad. El 9 de julio, Zuloaga acudió ante la CIDH y comentó que “hemos venido a buscar la justicia que no encontramos en Venezuela”. El 30 de julio, autoridades del Estado Cojedes expropiaron terreno del diario Las Noticias de Cojedes. El 3 de agosto, fue atacado con bombas molotov, el diario Las Noticias de Cojedes. El 23 de septiembre, medios extranjeros cuestionan obstáculos de última hora, al exigirles visado para cobertura de elecciones parlamentarias. El 28 de septiembre, el CNP y el SNTP rechazan actitud de Chávez contra la periodista Andreína Flores, corresponsal de Radio Francia en una rueda de prensa, realizada después de las elecciones parlamentarias. El 1 de octubre, el CNP condena agresiones a periodistas Beatriz Adrián y Johnny Ficarella, el 30 de septiembre cuando buscaban información en un refugio de damnificados en Carapita. El 10 de octubre, un autodenominado “colectivo revolucionario”, tomó la emisora 107.7 de Mérida. El 14 de octubre, obligan por Ley a los medios de comunicación a difundir campaña de alistamiento militar, atribuyendo al Ministerio de la Defensa facultad de fijar posibles castigos por incumplimiento.

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