Perú

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El país está inmerso en un prolongado periodo electoral por lo que en este período no disminuyó el clima de tensión para la prensa.

En este ambiente, preocupa el inminente desenlace en el proceso judicial por el caso del asesinato del periodista radial Alberto Rivera Fernández en el 2004 que, en los últimos los seis años, ha propiciado varias misiones de la SIP al país.

En noviembre, mediante Resolución Administrativa N° 187-2010-del Consejo Ejecutivo, el Poder Judicial determinó ampliar la competencia de la Sala Penal Nacional y de los Juzgados Supra provinciales para incluir delitos cometidos contra periodistas, incluyendo homicidio, asesinato, lesiones, secuestro extorsión.

A finales de noviembre 2010, esta instancia quedó fortalecida cuando la Fiscal de la Nación, doctora Gladys Echaíz Ramos, dispuso, mediante Resolución Nº 1956-2010-MP-FN, que la Fiscalía Superior Penal Nacional y las Fiscalías Penales Supraprovinciales de Lima también incorporen a su competencia esos delitos cometidos contra periodistas en el ejercicio de sus funciones.

El 27 de enero, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró nula la sentencia de la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Lima, que absolvió a los supuestos autores intelectuales del crimen de Rivera, el ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta y el Gerente Municipal, Solio Ramírez, y ordenó que se realice un nuevo juicio oral.

Sin embargo, la Corte Suprema no se pronunció sobre la solicitud de los abogados de la familia del periodista Rivera Fernández para que el caso sea visto por la Sala Penal Nacional.

Continúa el acoso gubernamental y la intimidación administrativa contra la radio la Voz de Bagua; pese a que luego de un año de su clausura, el 19 de agosto el gobierno peruano restituyó la licencia de la emisora, afirmándose que se le brindarían todas las facilidades para resolver los asuntos administrativos pendientes.

La clausura ocurrió en contexto de los enfrentamientos entre nativos y policías el 5 de junio en la provincia de Bagua, en la región Amazonas; y luego de que el Primer Ministro, la Ministra del Interior y el Presidente del Congreso de la República denunciaron a la emisora de incitar a la violencia y ocasionar la muerte de 24 policías y 10 civiles durante el conflicto conocido como “el Baguazo”.

Sin embargo, el 18 de enero, el MTC, ordenó el embargo de los bienes de Carlos Flores Borja, director de Radio La Voz de Bagua, por una suma de 6,500 nuevos soles ($2,300), en concepto de pago de multas por canon. La orden del ministerio llega después de que Flores Borja había cancelado y solicitado un fraccionamiento al saldo de su deuda, considerando la precaria economía de la radio como resultado de su clausura en junio del 2009 y agosto del 2010.

El 21 de febrero, una fiscal acusó a Aurora Doraliza Burgos de Flores (propietaria de Radio La Voz de Bagua Grande), y a otras dos personas, por el Delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Hurto Agravado del Espectro Radioeléctrico en agravio del Estado representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Propuso cuatro años de pena privativa de libertad para los tres imputados.

Existe inquietud ante en el resurgimiento de propuestas legislativas y la proliferación de sentencias que contemplan millonarias sanciones pecuniarias como en condenas de prisión efectiva, contra directores, y propietarios de medios de comunicación.

En diciembre, la SIP y el Consejo de la Prensa Peruana se pronunciaron, expresando su absoluto rechazo a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que propuso establecer mecanismos restrictivos y sanciones penales contra periodistas y medios de comunicaciones que divulguen conversaciones privadas, obtenidas inconsulta o ilegalmente, aún cuando estas sean de interés público, alegando que la violación a este disposición configura “una violación del derecho de la honra y a la dignidad de toda persona”.

La sentencia respondió a una solicitud de habeas corpus presentada por la esposa de Alberto Quimper, ex director de la empresa estatal Petroperú, uno de los implicados en un caso de corrupción conocido como “Petroaudios”, detenido como consecuencia de la difusión en la prensa de grabaciones clandestinas que daban cuenta de negociados que favorecían a la empresa Discover Petroleum.

Las protestas generaron una pronta reacción de los magistrados del TC, que en ejercicio de su potestad de subsanar errores en sus sentencias, el 10 de diciembre hicieron pública la Resolución de aclaración de la sentencia Nº 00655-2010-PHC/TC, que establece que “está prohibida la difusión de información que afecte la intimidad personal o familiar, o la vida privada del interceptado o terceras personas, salvo que ella sea de interés o relevancia pública, lo que debe ser determinado en cada caso por el propio medio de comunicación”. Sin embargo, el Consejo de la Prensa advirtió que permanecían vacíos en los fundamentos de la Resolución. Particularmente, el punto 4, que por un lado otorga al medio de comunicación, periodistas, editores y/o propietarios la potestad de decidir si la información es de interés público y por otro lado establece que “en caso de excesos” también son responsables ante la “autoridad competente”. Bajo la legislación vigente, a difusión de conversaciones privadas obtenidas inconsulta o ilegalmente, no se encuentra tipificada como delito.

El 17 de diciembre, durante la sesión de clausura de la Mesa de Diálogo Prensa-Poder Judicial, los doctores Villa Stein y San Martín, fijaron posición contraria a la censura previa y de respeto a las libertades de expresión y prensa, como por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el “Uso periodístico de comunicaciones privadas obtenidas ilícitamente” y su vinculo con nuevas propuestas legislativas que contemplan sanciones penales y el pago de fuertes multas para los medios de comunicación que difundan materiales producto de la interceptación ilegal de las comunicaciones privadas.

En enero, El Presidente del Poder Judicial, César San Martín, convocó al Consejo de la Prensa Peruana a integrar el Grupo de Trabajo para establecer mecanismos legales y lineamientos éticos más eficaces en torno al uso periodístico de materiales obtenidos de interceptación de las comunicaciones.

Otros hechos sobresalientes durante este período:

El 1 de octubre, Antonio Mollehuanca, director del noticiero La Voz, quue transmite Radio Espinar, en la provincia de Espinar, departamento de Cusco, denunció que un grupo de pobladores de la zona irrumpió en las instalaciones de la radio para agredirlo y forzarlo a abandonarlas. Una vez fuera, lo obligaron a cargar un cartel con la frase “Soy traidor del pueblo” y a tomar agua contaminada del rio Canipia. Mollehuanca atribuye el hecho a las opiniones que expresa en su programa con respecto a un proyecto hídrico de la región e identifica entre los atacantes a Roger Aragón Conza, militante del Partido Comunista Pukallacta, y a Benedicto Usca, secretario general de la Federación Unificada de Campesinos Espinar. Como consecuencia del ataque, Mollehuanca ha tenido que cancelar su programa. El caso fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo.

El 13 de noviembre, Gustavo Peralta, periodista del diario Líbero, en el departamento de Lima, denunció que fue agredido por efectivos de la Policía Nacional luego de un partido de fútbol, sin justificación alguna y de manera tan violenta que llegaron a fracturarle el brazo izquierdo.

El 5 de noviembre, Eduardo Cenepo, periodista del noticiero Melodía en la Noticia, que transmite Radio Melodía, en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, denunció que fue detenido y encarcelado por el supuesto delito de usurpación agravada, al apoyar a un grupo de comuneros que había invadido un terreno. Fue liberado el 22 de noviembre.

El 5 de diciembre, los periodistas Perla Polo, de Canal 21, Yesenia Abad, de Antena Norte, y Antonio Bazán, corresponsal del diario La República, en la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, denunciaron que militantes del Partido Aprista los agredieron cuando intentaban entrevistar al derrotado candidato, del partido del gobierno, a la presidencia regional de Lambayeque, Manuel Valverde Ancajima.

En diciembre, el vocal superior Juan Vidal Morales demandó al periodista Daniel Yovera y al diario Perú.21 por el presunto delito contra el honor-difamación agravada, debido a la difusión que hizo el diario de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito a la que fue sometido el magistrado.

El 9 de enero, Edixer Rivera, director del programa La Voz del Pueblo, que transmite Radio Super Sensación, en la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, denunció que fue agredido y retenido en el local de la municipalidad por miembros del Frente de Defensa de los intereses de la Municipalidad de Chirinos, que mantenían tomado el local mencionado desde hace doce días.

El 17 de enero, Juan Vela Castro, conductor del programa Contacto Directo y director del noticiero que transmite Radio Televisión Nor Selva, en la provincia de Rioja, departamento de San Martín, denunció que luego de intentar ubicarlo en el local de la radio, el abogado Tito Ramón Vásquez Vela, se presentó en su domicilio amenazándolo de muerte y atacándolo violentamente con un fierro. Luego que el periodista, con el brazo fracturado, logró refugiarse en su casa, el abogado continuó con los desmanes, rompiendo la puerta, una ventana y destruyó una motocicleta estacionada afuera de su domicilio. El periodista atribuye el ataque a su cobertura de un proceso contra su defendido, Hernán Ibérico, quien había intentado apoderarse ilegalmente de un terreno.

El 26 de enero, los periodistas Renzo Santana, reportero del noticiero 24 Horas, y Juan Carlos Vera, camarógrafo del programa Panorama, que transmite Panamericana Televisión, en la región Lima, fueron agredidos mientras realizaban cobertura periodística de una protesta en contra del Estudio Orellana Rengifo, acusado de encabezar una organización de tráfico de terrenos y lavado de activos.

El 31 de enero del 2011, el periodista Luis Castillo, director de la revista La Tribuna Azucarera, en el distrito de Tumán, región Lambayeque, denunció que tres desconocidos arrojaron tres bombas lacrimógenas contra su vivienda, la del dirigente gremial Jorge Vera, presidente de la Asociación de Jubilados AFP de Tumán y del director de la revista Diálogo, Juan de Dios Ruiz Vallejos. Todos Los artefactos impactaron y rebotaron de las paredes externas explotando afuera de cada casa. Días antes, el distribuidor de La Tribuna Azucarera, Esteban González, denunció que seis desconocidos lo agredieron cuando realizaba su recorrido habitual. En octubre del 2010 Castillo denunció que un hombre no identificado se comunicó vía celular y lo amenazó de muerte. El periodista atribuye estos hechos a la cobertura de la revista sobre el enfrentamiento entre los trabajadores y los propietarios de una empresa agroindustrial.

El 10 de febrero, el periodista radial Juan García Dioses, del departamento de Tumbes, denunció que fue atacado en la puerta de la casa de sus hijos por dos desconocidos que lo golpearon con un fierro, ocasionándole daños en el cráneo y los brazos.

El 14 de febrero, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), filial Utcubamba, departamento de Amazonas, emitió un comunicado denunciando que los periodistas del diario Ahora Alberto Pintado y Ebert Bravo vienen siendo hostigados por el alcalde y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Utcubamba por la posición crítica que mantienen frente a la administración de la Municipalidad.

El 16 de febrero, un comité de defensa de la libertad de expresión formado por periodistas de los canales de televisión 35, 41 y 55 y Radio NOVA, en la ciudad de Chimbote, región Ancash, protestó contra el presidente regional de Ancash, Cesar Álvarez, cubriéndose la boca para llamar la atención sobre el hostigamiento y la mordaza que aseguran el gobierno regional de Ancash quiere imponer sobre la prensa crítica.

El 5 de marzo, Julio Quevedo Chávez, director del diario Voces, de la ciudad de Tarapoto, departamento de San Martín, denunció que durante la madrugada tres desconocidos arrojaron bombas incendiarias caseras contra la oficina del diario, ocasionando un incendio que produjo daños materiales en el edificio. Relaciona los ataques con las amenazas vía mensajes de texto que recibió Lenin Quevedo, redactor del diario.

Ese día, el periodista Roger Torres Chujutalli denunció que ocho desconocidos atacaron a los periodistas Manuel Saldaña García y Julio César Mendoza, conductores del programa El Matador, que transmite Radio Nova Star, en la ciudad de Yurimaguas, región Loreto. Atribuyen la agresión a personas relacionadas al alcalde municipal.

El 21 de marzo, la Asociación Peruana de Empresas de Investigación y Mercado (APEIM), ante la publicación del Sistema de Fiscalización de Encuestadoras (SIFE) en el portal Web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que a través de un “semáforo” pretende reflejar el nivel de incumplimiento en la elaboración de las encuestas, manifestó su preocupación por constituir esta publicación una forma de sanción a las encuestadoras aplicada por una autoridad que es juez y parte a la vez, sin base legal ni oportunidad de subsanación previa.

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