Caribe

Aa
$.-

JAMAICA Para el período que se examina, las cuestiones relativas a la libertad de prensa han sido generalmente favorables. Hay, sin embargo, algunas preocupaciones. Estas preocupaciones tienen que ver con la ausencia de pasos, por parte del gobierno de Jamaica, para adoptar las medidas necesarias a fin de convertir en ley enmiendas a leyes de difamación que tienen un siglo de antigüedad, y el fracaso en implementar cambios que facilitarían el uso de la Ley de Acceso a la Información, así como la falta de acciones proactivas para derogar la arcaica Ley de Secretos Oficiales. La Ley de Secretos Oficiales impide a los servidores públicos dar a conocer información básica. El primer ministro Bruce Golding está comprometido, según consta, con el cambio. Declaró en el Parlamento que: “si el año que viene vamos a celebrar 50 años de la Independencia, entonces me gustaría despedirme de esto antes de celebrar los 50”. La Ley de Acceso a la Información (ATI, por sus siglas en inglés) permite en su forma actual el abuso por parte de algunos funcionarios públicos que siguen utilizando diversas excusas para rechazar la divulgación de ciertos documentos del gobierno. La comisión parlamentaria conjunta que examina la ley propuso que la Unidad ATI debe convertirse en un organismo de derecho y estará facultada para garantizar que los organismos públicos cumplan con las disposiciones de la ley. Tal medida apunta a la situación actual, en la que muchas autoridades públicas no sólo no cumplen con ciertas disposiciones de la Ley, sino que no presentan a la Unidad los informes requeridos. En relación con las leyes de difamación de Jamaica, mientras que el Parlamento aprobó hace muchos meses un informe que propone cambios de largo alcance, el gobierno acaba de dar las instrucciones de redacción al Jefe del Consejo Parlamentario para allanar el camino a fin de elaborar un proyecto final de ley que sancione las enmiendas. Sin embargo, este proyecto de ley debe volver al Parlamento de Jamaica para su aprobación. Mientras se esperan cambios, los medios de comunicación seguirán luchando por establecer un tope a la cuantía de la indemnización en las causas por difamación, limitando el juicio de casos de difamación sólo ante los jueces; permitiendo la trivialidad en circunstancias en las que un demandante no sufre daños considerables, y en los casos de funcionarios públicos, hacer recaer en ellos una carga directa para probar la difamación y el daño. Estos cambios son esenciales para que los medios de comunicación puedan aumentar enormemente su cobertura contra la corrupción en la sociedad jamaiquina. La vigilancia de los medios sigue siendo un tema de debate. La Asociación de Prensa de Jamaica (PAJ, por sus siglas en inglés) ha elaborado un código de conducta en materia de expectativas éticas y profesionales de los periodistas. Prosiguen las conversaciones entre la PAJ y la Asociación de Medios de Jamaica (MAJ, por sus siglas en inglés) para que este código se adopte por toda la industria. Mientras tanto, el ministro de Información, Daryl Vaz, ha golpeado a la PAJ por no cumplir con el compromiso de contar con un Consejo de Quejas sobre Medios. Sin embargo, mientras los debates sobre este tema continúan entre la MAJ y la PAJ, sigue habiendo opiniones divergentes sobre la necesidad de este Consejo. Algunos estiman que un Consejo de Quejas sobre Medios permitiría injerencias políticas en la actividad de los medios de comunicación. No obstante, PAJ y MAJ continuarán el diálogo con vistas a llegar a una solución adecuada. TRINIDAD Y TOBAGO Durante los últimos seis meses, el factor más sobresaliente que ha afectado las libertades y la vida en general en Trinidad y Tobago ha sido la imposición por el gobierno de un estado de emergencia. El gobierno de Alianza Popular(People’sPartnership), elegido para el cargo por una amplia mayoría en mayo del 2010, declaró un estado de emergencia después de episodios delictivos de derramamiento de sangre. Extendido hasta principios de diciembre, la proclamación del estado de emergencia implica la suspensión de la declaración constitucional de derechos, que incluye las libertades de reunión, de expresión y de prensa. Un toque de queda durante el período restringe la libertad de movimiento en partes densamente pobladas del país. Los medios de comunicación han reportado operativos de seguridad y bloqueos de carreteras por policíasy soldados, miles de arrestos de sospechosos y la incautación de armas, municiones y drogas. Los tribunales han seguido funcionando de forma independiente, lo cual ha mitigado lo que podría haber sido un clima general de temor e incertidumbre. El presidente del Tribunal y el director de la Fiscalía han afirmado públicamente los derechos de los acusados a un juicio justo y el derecho de todos a acceder sin trabas a los tribunales de justicia. El delito ha sido objeto de atención prominente y amplia en todos los medios de comunicación. Cabe destacar que desde la emergencia, la policía ha sido la fuente de información, mayor y más regular,sobre sus actividades. El Estado ha mantenido medios de comunicación como activos —en radio y televisión y con presencia en línea— y el gobierno de Alianza Popular ha reforzado su control e influencia sobre dichos activos. Ello se ha logrado, en parte, mediante la contratación de personal de medios fuera de las instituciones mediáticas privadas. A través de su colocación, el gobierno y las empresas y agencias de propiedad estatal se han mantenido como actores importantes dentro del mercado de la publicidad. Es evidente que el poder adquisitivo sobre la base de fondos públicos se ha ejercido para garantizar una parte cada vez más generosa para medios de comunicación de propiedad estatal, y también para entidades de medios cuya posición es generalmente considerada favorable al gobierno. En todo caso, una institución de medios que, a través de conexiones políticas de su propietario, había sido favorecida por el gobierno anterior, se ha quejado de recibir hoy una parte menos ventajosa de publicidad estatal que antes. Por lo tanto, la colocación de publicidad por el Estado, y en su nombre, puede guiarse menos por encuestas sobre mediciones de cuotas de mercado determinadas empíricamente, y más por evaluaciones subjetivas sobre aceptabilidad política. Como otro elemento de la elevada sensibilidad mostrada por el gobierno ante los medios de comunicación, altos funcionarios, como el Primer Ministro, el Fiscal General y el Ministro de Hacienda han aceptado, de vez en cuando, ser entrevistados. En general, no obstante, la información relativa a asuntos públicos aún no es accesible a los medios de comunicación y los ciudadanos. BARBADOS No hubo informes oficiales sobre violaciones importantes en el 2011. Sin embargo, existe una preocupación incipiente por la falta de compromiso oficial que tiene lugar entre el gobierno y los medios de comunicación. Desde que llegó al poder el 23 de octubre del 2010 debido a la muerte de su predecesor, David Thompson, el premier Freundel Stuart no ha brindado una sola conferencia de prensa. El único intento de “compromiso periodístico” desde el inicio del año llegó en la forma de una entrevista para la estatal Caribbean Broadcasting Corporation (CBC), realizada por un partidario declarado del gobernante Partido Democrático del Trabajo, que ocupó la mayor parte de la entrevista para referirse a algunos de sus propios colegas como “detractores” el gobierno. La tradición de los últimos 20 años también ha sido notificar a la prensa cuando los ministros de gobierno y funcionarios salen de la isla o regresan a ella. Sin embargo, es ahora un lugar común que funcionarios en misión oficial dejen sin notificación formal a la prensa o al público en general. En general, el tono del gobierno ha sido ignorar a los medios y colocar a los miembros de la prensa, que se atreven a cuestionar aspectos del proceso de toma de decisiones, junto con sus adversarios políticos, en vez de verlos como miembros de un serio y maduro Cuarto Poder cuyo trabajo es hacer preguntas de fondo. En la reciente presentación del presupuesto, el ministro de Finanzas Chris Sinckler también fue desdeñoso sobre la contribución de cuatro columnistas de periódicos y llegó a describirlos como “Los jinetes del Apocalipsis”, debido al hecho de que habían adoptado una postura crítica ante la gestión gubernamental de la economía. Por el lado de la oposición, existe también una fuerte resistencia a que la prensa informe sobre el reciente conflicto interno del partido por temor a que se saque la conclusión de que el Partido Laborista de Barbados estuviera “aireando en público sus trapos sucios”. Por ello los miembros de la prensa han sido objeto de ataques de individuos de la oposición que se muestran ansiosos para que se digan cosas malas sobre el gobierno, pero cuando se invierten los papeles participan en diversos grados de intimidación. Estos van desde cartas legales a ataques verbales y amenazas personales. Por la parte corporativa también hay presiones. Un prestigioso hotel retiró recientemente su publicidad después de que el periódico The Nation informó sobre un incidente que ocurrió en el hotel .En esa ocasión los dueños no estaban preocupados para nada por el equilibrio de la historia, puesto que el periodista incluyó la versión del hotel sobre el incidente, sino que, sencillamente, estimaban que la noticia del incidente no debía aparecer en el periódico. Esta actitud permea el sector empresarial en su conjunto, donde los anunciantes tienen en general la opinión de que una vez que gastan dinero con un medio de comunicación, tienen la última palabra (la vieja mentalidad de que quien paga, manda) y se les debe evitar cualquier tipo de publicidad que se perciba como negativa. Esto puede poner muchas veces la agenda editorial enfrentada al objetivo lucrativo de la empresa. Durante la campaña política de enero del 2011 en St John, The Nation recibió poca o ninguna publicidad del partido de gobierno, que optó por hacer publicidad con nuestro competidor, el cual es visto como el diario “progobierno”. En la CBC estatal —la única estación de televisión en Barbados— el desfile nocturno de ministros también siguió inalterable, pese a las promesas, tanto del gobierno actual como del pasado, para garantizar una programación equilibrada, equidad en el tiempo en el aire, así como una mayor transparencia e integridad. Si bien ha habido liberalización de las ondas radiales, la emisión de licencias para ese medio todavía no es tan transparente como a los profesionales les gustaría que fuera. Barbados aún no presume de una Ley de Libertad de Información, a pesar de las enérgicas negociaciones de los últimos años. Otros países en el Caribe Oriental tampoco han promulgado una legislación para apoyar las operaciones de una prensa libre y sin restricciones. CARIBE ORIENTAL Y GUYANA De hecho, existen tensiones más fuertes entre la dirigencia política y los medios de comunicación en estos países. La sospecha es tal, que la reciente detención en Granada del destacado periodista Leslie Pierre fue reportada inicialmente como un asunto de libertad de prensa. Sin embargo, pronto se demostró que se trataba de un negocio personal, que no terminó bien, sobre terrenos. En el Caribe Oriental, así como en Guyana, el control político de los medios sigue siendo un motivo de preocupación debido a la presencia de medios con fuerte afiliación y respaldo políticos. De hecho, la independencia es a menudo arrojada por la borda y en su lugar instalado un partidismo desnudo al que se le permite manifestarse desenfrenadamente. Los intentos de los profesionales de los medios para acceder a documentos e información estadística públicas a menudo son bloqueados y los funcionarios públicos tienden a desestimar a los periodistas. En Guyana, donde continúa vigente para el periodista Gordon Moseley la prohibición de cubrir la presidencia de la República, el presidente Bharrat Jagdeo ahora ha demandado al periódico de propiedad privada Kaieteur News por $ 10 millones (cerca de US $200,000), alegando que una columna titulada “King Kong envió a sus matones a interrumpir la conferencia” presentaba a Jagdeo como ‘King Kong’. El presidente ha afirmado que el artículo sugiere que él es un racista y, “por extensión, el Estado y el Gobierno de Guyana, practican el racismo como ideología, dogma, filosofía y política”. Con las elecciones nacionales y generales establecidas por la Constitución el 28 de diciembre, el presidente también ha ordenado al propietario de CNS TV Canal Seis, Chandra Narine Sharma, salir del aire durante cuatro meses, efectivos desde el 3 de octubre del 2011. La suspensión fue sugerencia del Comité Consultor de Radiodifusión, después de que la televisora transmitió, en mayo del 2011, un comentario del exdiputado del PNC Antonio Vieiraen el que hacía una condenatoria acusación del presidente de la Comisión de Relaciones Étnicas, obispo Juan Edghill. La televisión se había disculpado, pero el obispo Edghill presentó una demanda contra Sharma y Vieira, reclamando más de $50 millones por daños y perjuicios.

La suspension de cuatro meses contra CNS TV Canal Seis comenzará el 1 de diciembre en vez de la fecha original que era el 3 de octubre. El propio presidente hizo este anuncio el 9 de octubre en la misma comparecencia en la que anunció que las elecciones generales se realizarán el 28 de noviembre. Sharma había sido sancionado antes por comentarios de unprograma en vivo, pero, en este caso, los comentarios de Vieira se hicieron durante un programa grabado. El candidato presidencial de APNU, David Granger, denunció el cierre de la estación como una violación del artículo 146 de la Constitución, recurso para silenciar la voz de la oposición en la estación a pocas semanas de las elecciones. Esto crea una situación de desequilibrio, una vez que la oposición no puede obtener tiempo de emisión en los medios de comunicación de propiedad estatal de NCN, mientras que el partido gobernante tiene el control total de los medios de comunicación y otras instituciones mediáticas en todo el país. San Vicente y las Granadinas sigue sintiendo los efectos de la crisis económica mundial. La actividad económica se contrajo un 1.8 por ciento el año pasado, y de acuerdo con el FMI, se espera que continúe así en el 2011. La situación se vio agravada por los efectos del huracán Tomas en octubre del 2010, que arrasó con gran parte del sector agrícola y dañó gravemente el parque de viviendas en el norte del país, y por las graves inundaciones en abril del 2011. La violación principal de la libertad de prensa en San Vicente y las Granadinas es el fracaso del gobierno para hacer que funcione la Ley de Acceso a la Información del 2003. Sin embargo, una cláusula de la Sección 2 de la Ley establece: “La presente Ley entrará en vigor el día que sea establecido por el Ministro, mediante una orden publicada en la Gaceta Oficial”, lo que significa que hasta que el Primer Ministro (el Ministro, en este caso) no anuncie una fecha para la aplicación de la Ley, ésta no se aplicará. No hay explicación por el retraso producido. El director de uno de los periódicos nacionales (The News), Shelly Clark, ha informado de que en el período previo a las elecciones generales del 2005, el Primer Ministro, Dr. Ralph Gonsalves, hizo lo que él (Clarke) interpretó como amenaza cuando no estuvo de acuerdo en respaldar al gobernante Partido Laborista Unido (ULP, por sus siglas en inglés) del Primer Ministro Dr. Ralph Gonsalves. El señor Clarke no especificó la naturaleza de la amenaza. En el lado positivo, han florecido programas de radio y numerosas cartas al director, muy críticas con el gobierno, están siendo publicadas por los tres periódicos de circulación nacional. Anuncios del gobierno, y de empresas del gobierno creadas mediante ley, se publican en los tres periódicos, entre ellos The News,del Sr. Clarke.

Compartí

0