Chile

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Durante este período, las principales amenazas a la libertad de expresión han provenido de atentados directos a medios de comunicación y entidades vinculadas a la prensa. El hecho más grave es el atentado explosivo sufrido por Grupo Copesa, y otro ataque incendiario contra la principal distribuidora de medios nacionales en la ciudad de Coyhaique.

Periodistas y reporteros gráficos han sufrido agresiones y enfrentado limitaciones indebidas en la cobertura de las manifestaciones públicas ocurridas en este período.

Estos hechos fueron rechazados por la asociación que agrupa a los medios de prensa y se representó su improcedencia ante las máximas autoridades de gobierno y de la policía. Se constituyó además un comité especial para evitar que estos hechos se repitan.

También se ha solicitado de la policía la protección para evitar amenazas y agresiones sufridas por la prensa en varias oportunidades de parte de manifestantes y grupos violentos.

Se están discutiendo en el Congreso iniciativas legales que contienen disposiciones que amenazan y restringen la libertad de expresión. La primera de ellas es la que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso, así como la que regula la publicidad de los alimentos.

Hechos más destacados:

En dos hechos inéditos del pasado reciente, dos entidades fueron víctima de atentados. Un atentado explosivo, ocurrido en la madrugada del 1 de noviembre de 2011, afectó al edificio del Grupo Copesa, empresa editora de diarios y revistas, generando daños materiales significativos y poniendo en peligro al personal que se encontraba a esa hora en el lugar.

La agrupación anarquista "Comando Autónomo Voltaire Argandoña / F.A.I.-F.R.I.” se adjudicó el hecho a través de un comunicado, el cual contenía amenazas contra varios periodistas, y manifestaba el propósito de generar "sensación de inseguridad" en la prensa.

Hasta la fecha no hay resultados de la investigación de las policías y del Ministerio Público, ni personas imputadas por estos delitos terroristas.

El 22 de marzo la principal agencia distribuidora de diarios nacionales en la ciudad de Coyhaique sufrió un atentado con dos bombas molotov,las que fueron lanzadas al interior del inmueble, aunque no estallaron por la forma que fueron manipuladas.

Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso, que podría afectar la libertad de expresión. El proyecto tiene como propósito sancionar con penas de cárcel a quienes inciten al odio por motivos de “ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o minusvalía que padezca”.

No obstante tener una finalidad plausible, entre otras modificaciones el proyecto busca reemplazar el artículo 31 de la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, por el siguiente: “El que por cualquier medio de difusión pública de la palabra o de alguna acción que exteriorice una opinión discriminatoria, para moverlos al odio expresado en la violencia en contra de colectivos vulnerables, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio. Se entenderá por colectivos vulnerables, los integrantes de un determinado grupo identificable por características tales como la raza, la religión, el credo, y otras semejantes”.

Este proyecto busca además establecer una pena privativa de libertad, a diferencia del actual Artículo 31 que establece una multa en dinero como sanción. De esta manera, el tipo penal sería aplicable tanto a medios de comunicación como a cualquier persona que emita públicamente una opinión que pueda llegar a ser interpretada como incitación al odio.

Siguen en tramitación en el Congreso dos proyectos de ley destinados a modificar las normas que rigen la publicidad.

Uno propone restricciones muy amplias a la publicidad y promoción de productos rotulados como “altos en grasas, sal, etc.” a menores de 18 años, en educación básica, media y parvularia. El segundo busca incluir en la legislación ambiental la prohibición de que los proponentes de un proyecto que pueda generar impacto ambiental hagan publicidad con el objeto de promover su iniciativa. Esta propuesta hasta ahora no ha obtenido apoyo en su trámite legislativo.

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