México

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La inseguridad siguió siendo la principal preocupación de los periodistas y medios de comunicación en este período. Las reiteradas agresiones a reporteros, empleados e instalaciones de la prensa y el no esclarecimiento de los casos de violencia, constituyen enormes barreras para la libertad de expresión. Las cifras sobre ataques a periodistas son alarmantes. El año pasado cerró con 172 agresiones relacionadas al ejercicio de la libertad de prensa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estableció nueve asesinatos contra periodistas, y 98 violaciones a las garantías del ejercicio periodístico. Del año 2000 al 2012 suman 76 homicidios, sin embargo en muy pocos casos hubo condena judicial. Los delitos principales, de las cuales son víctimas los periodistas, son en su mayoría abuso de autoridad, robo calificado, amenazas, daño en propiedad ajena agravado, lesiones calificadas y tentativa de homicidio, siendo hasta ahora los autores en su mayoría, servidores públicos, y en el caso de homicidios y privación ilegal de la libertad, presuntos narcotraficantes o pertenecientes a organizaciones delictivas. El 6 de enero fue ultimado a balazos Raúl Quirino Garza, reportero del diario La Última Palabra de Nuevo León. Se descartó que su asesinato haya sido consecuencia de su labor profesional. A pesar de los cambios que se hicieron en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas, que durante dos años estuvo presidida por Gustavo R. Salas Chávez y a mediados de febrero fue sustituido por Laura Angélica Borbolla Morena, las actividades de dicha fiscalía, en el periodo de este informe, se han tenido 29 ataques a periodistas y dos a medios de comunicación, mediante explosivos. El 29 de noviembre pasado, la SIP consideró un avance la aprobación del pleno de la Cámara de Senadores, de la derogación de los Art. 1 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, que anuló la despenalización de los delitos de difamación, calumnia e injurias, convirtiéndolos en infracciones civiles. El 11 de enero del 2012, el Diario Oficial de la Federación publicó dicha derogación, quedando aplicable desde entonces. Es relevante mencionar que ante el reclamo del gremio periodístico y de la SIP desde 1997, en el contexto de violencia contra la prensa, y los pocos o nulos avances que desempeñan las autoridades investigadoras en cada entidad, el Senado de la República también aprobó por unanimidad el pasado 13 de marzo, reformas al artículo 73 de la Constitución para facultar a instituciones federales, como la Procuraduría General de la República, atraer las investigaciones cuando se presenten agresiones a periodistas, comunicadores y medios, así sean delitos del fuero común. Aún falta que 16 de los 32 Congresos locales de cada entidad aprueben esta reforma, lo cual podría tomar aún mucho tiempo para que finalmente sea válida y operante. También se requiere que la Cámara de Diputados federal a su vez establezca las leyes secundarias al respecto. En este período se registraron las siguientes agresiones: El 6 de noviembre, las instalaciones del periódico El Buen Tono de Córdova, Veracruz, fueron atacadas por sujetos armados, quienes entraron al inmueble, causando cuantiosos daños materiales e impidiendo su circulación. Ningún trabajador del medio fue lesionado. Declararon 50 personas, pero no hubo detenidos. El 15 de noviembre, un grupo de hombres armados atacó las instalaciones del periódico El Siglo de Torreón, en Coahuila. Los agresores incendiaron un auto frente al edificio del diario y dispararon en al menos 20 ocasiones contra las oficinas del rotativo. Ningún trabajador resultó lesionado, presentándose daños sólo en una cortina metálica, la banqueta y parte de la construcción. Después de hacer el levantamiento y peritajes, la Procuraduría Estatal no ha dado señales de avances en las investigaciones, según dio a conocer el subdirector de ese diario, Javier Garza Ramos. Explicó que la PGR no se acercó ni dio a conocer que hubiese abierto alguna averiguación. El 18 de noviembre, la agrupación Artículo 19 dio a conocer las amenazas contra el periodista Edgar Monroy, asistente de investigación de la periodista Olga Wornat. Los periodistas enfrentaban una serie de amenazas de muerte desde hace dos meses, por medio de mensajes de celular y correo electrónico. Ambos periodistas, Monroy y Wornat, señalan que detrás de las amenazas está un grupo que busca conocer el contenido de un libro que ambos periodistas están realizando sobre la administración del presidente Felipe Calderón. El 5 de diciembre, el corresponsal del periódico Noroeste en el municipio de Concordia en Sinaloa, Luis Peraza Ibarra, fue amenazado a través de un mensaje de celular. Por este hecho la Agencia Única del Ministerio Público del Fuero Común inició una averiguación previa, sin embargo no hay resultados al respecto. El 14 de diciembre, José Luis Guzmán, un repartidor de suscripciones de la cadena periodística El Debate en Guamúchil, Sinaloa, fue privado de su libertad minutos después de haberse suscitado una balacera en la colonia La Gloria, de dicho municipio. El trabajador fue liberado al día siguiente. Aunque se puso una denuncia ante el Ministerio Público para la investigación del caso, no se ha obtenido resultado alguno. El 22 de enero, un vendedor de diarios de la cadena periodística El Debate, fue privado de su libertad en el municipio de Mocorito, Sinaloa. Édgar Camargo Sobampo de 20 años fue liberado dos días después y presentaba fuertes golpes en varias partes del cuerpo. El 30 de enero, el reportero gráfico Ararak Salomón, del periódico Noroeste, fue golpeado y despojado de su cámara por elementos de la Policía Ministerial del Estado, durante un operativo en el municipio de Guasave, Sinaloa, después de que tomara fotografías cuando varios policías estaban siendo desarmados y detenidos por ministeriales. El 17 de febrero, mediante un comunicado de prensa, el equipo de futbol Chivas de Guadalajara informó que se impediría el ingreso a periodistas del diario deportivo Récord, tanto a las instalaciones como a los partidos de local del Club Deportivo Guadalajara. El comunicado señalaba a Récord de haber causado un gran daño moral a la institución y a quienes formaban parte de ella, a través de la publicación de mentiras. Otros clubes como Cruz Azul, Monterrey, Santos Laguna y Querétaro se sumaron a la medida. Por amenazas de muerte al columnista Juan Manuel Vega, responsable de la columna La Trompada, la PGR solicitó medidas de protección y auxilio para él y su familia. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hicieron caso omiso del exhorto. El 2 de marzo la CNDH atrajo los casos de Antonio Heras Sánchez, corresponsal de La Jornada quien fuera víctima de golpes en Mexicali por desconocidos, y el de la coeditora del semanario Zeta, Adela Navarro Bello que fue amenazada en Tijuana. En el caso de Adela Navarro, las amenazas llegaron al semanario el 22 de febrero, y ella las hizo públicas en su columna Sortilegios el 28 de ese mes, afirmando haber recibido una llamada donde le dijeron: “Ya los andan correteando. Los traen cortitos”, para luego agregar “quieren darles un chingadazo”. Navarro señaló que ese aviso se refería a los editores de Zeta, explicando que los han seguido y los tienen ubicados. La Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Contra la Libertad de Expresión y la delegación de la PGR en Baja California abrieron actas circunstanciadas, pero al pedir a la periodista y al semanario ratificar lo denunciado, los trabajadores de Zeta junto con sus abogados decidieron no hacerlo con el afán de llamar al gobierno federal a atacar la impunidad y no protegerlos en lo individual. Durante el mes de marzo se registraron hechos de agresión a la libertad de prensa en Nayarit. Ahí el alcalde Rafael Cervantes de Bahía de Banderas prohibió la venta de diarios en la zona turística de Riviera Vallarta por considerar que la información publicada dañaría la imagen de la zona. El 5 de marzo, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, el fotógrafo de la agencia Notimex, Hugo Alberto Velasco, fue agredido y su equipo resultó dañado. Lo atacaron sujetos pertenecientes a una agrupación política en una calle de la capital oaxaqueña. El 6 de marzo, elementos de la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca agredieron a periodistas de distintos medios locales. Los agentes rociaron con gas lacrimógeno y golpearon a los reporteros, entre los que se encuentran Esteban Marcial, de Noticias; José Cortés, de Telemundo; Othón García, de Rotativo; Jorge Arturo Pérez Alfonso, fotógrafo de La Jornada, Jesús Cruz Porras, del semanario Proceso y Alejandro Villafañe, del periódico El Imparcial. Los reporteros cubrían un desalojo de un grupo de campesinos de un cruce vial de ese municipio. El alcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, José Julio Antonio Aquino, pidió a los periodistas presentar una denuncia penal para proceder en contra de los responsables. También el 6 de marzo, en Baja California, el equipo periodístico del portal Diez4 de Tijuana, interpuso denuncias luego de que sufrió amenazas de muerte por su actividad periodística. El 19 de marzo, fue atacado el exterior del periódico Expreso, hechos que dejaron como saldo daños materiales considerables, entre ellos, además de la fachada exterior, cinco vehículos que se encontraban cerca al que contenía el explosivo.Los trabadores de Expreso utilizaron Twitter para informar que “estaban de pie” tras el incidente. El periódico canceló su circulación al día siguiente. El 24 de marzo, los periodistas de Notiver, Eduardo Guevara y Manuel Monrroy fueron detenidos por la Policía Naval, cuando se dirigían a la cobertura policiaca de un hecho. El motivo de la retención fue por no portar casco, con este argumento los detuvieron durante más de tres horas, lapso en el que fueron llevados a la comandancia, sitio en que los amenazaron, desnudaron y fotografiaron.

El 24 de marzo, sujetos desconocidos dispararon contra la vivienda de Víctor Montenegro, editor del semanario El Contralor y colaborador de la revista Contralíneas y del diario digital Lobo Times de la Universidad Autónoma de Durango. El 25 de marzo, las instalaciones de Televisa Noreste en Matamoros, Tamaulipas fueron atacadas por sujetos que lanzaron un artefacto explosivo, al parecer una granada de fragmentación. Solamente hubo daños materiales. El pasado 11 de abril, tres periodistas de la televisora Mayavisión de Campeche, fueron retenidos por 12 horas por pobladores de la comunidad de Nunkiní, de dicho estado, como una medida de presión para que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) les entregara apoyos económicos. Los pobladores condicionaban la liberación de los reporteros Edgar Icthe Villafaña y Oliver Pacheco, junto al camarógrafo Erik Hernández Uscanga a cambio de la entrega de beneficios por parte de Conafor. Finalmente fueron liberados por elementos antimotines. En los últimos días, también se han reportado actos de agresión a comunicadores por parte de los equipos de seguridad del candidato a presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante los actos de campaña desarrollados en Oaxaca. La Asociación de Periodistas en Ciudad Juárez, denunció a principios de abril que debido al clima de inseguridad, las empresas aseguradoras y crediticias se niegan a ofrecer sus servicios a los periodistas. El 18 de abril, el reportero freelance Oscar Balderas Méndez, fue agredido por personas que se identificaron como parte del crimen organizado, cuando se encontraba en el desarrollo de su trabajo en Huixquilucan, Estado de México. En el incidente fue despojado de su cámara fotográfica y él presentó la denuncia en la agencia del Ministério Público. El reportero se encuentra recuperándose de los golpes y heridas. En este mes, también falleció el periodista Gustavo Flores Trenado, del Grupo Reforma, después de varios días en estado de coma, que le ocasionó un golpe en la cabeza. El periodista fue encontrado inconsciente en la carretera México – Querétaro y según reporta Reforma el 12 de abril, hay dos versiones diferentes sobre las circunstancias en las que se fue localizado el comunicador.

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