Venezuela

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Luego de una campaña electoral de mucha intensidad, donde se habían agudizado los ataques a los medios de comunicación y a los periodistas, se efectuaron de forma cívica, las elecciones presidenciales el 7 de octubre. Con una participación masiva de más del 80% de electores. Más de 15 millones votaron, religiendo por seis años, con un 55%, a Hugo Chávez Frías, como presidente para el período 2013 - 2019. El resultado fue reconocido por el candidato opositor Henrique Capriles Radonski, que logró el 44% de votos y descartó posibilidad de fraude. Tras las elecciones, el 8 de octubre el presidente Chávez y Capriles Radonski, conversaron telefónicamente sobre unidad y respeto. Lo que se vive en el país a consecuencia de la alta polarización política es atentatorio para el libre ejercicio periodístico. La intolerancia llega a niveles extremos; las acusaciones, agresiones y los hechos lo demuestran. La intransigencia ha llegado a tal punto que semanalmente se emiten señalamientos referidos a maltratos, atentados, detenciones, vejaciones, insultos, despojo de equipos y violaciones a los derechos fundamentales. Según Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, organización encargada de investigar este tipo de acciones, cada semana se reportó un promedio de 4,3 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. La presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegret, registró en mayo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 213 violaciones a la libertad de expresión. Los tipos de denuncias o patrones de violaciones registradas por Espacio Público y que coinciden con las del Colegio Nacional de Periodistas con mayor recurrencia fueron: agresión, intimidación y amenazas. También se registraron varios atentados. Tres medios en el estado Zulia, zona occidental del país, fueron atacados en la última semana de mayo el diario Qué Pasa con granada; y Catatumbo TV y el diario Versión Final a tiros en sus fachadas. No hubo víctimas. El 10 de julio, ocurrió una detonación de explosivo frente al diario La Costa en el estado Carabobo. El 5 de octubre otro artefacto estalló en la sede del diario Nuevo Día de Coro, estado Falcón. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que más del 70 por ciento corresponde a agresiones físicas sufridas por reporteros y sus equipos técnicos. En una audiencia ante la CIDH Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela, señaló que la mayor parte de esas violaciones, 28 por ciento, son agresiones físicas, seguidas de actos de intimidación y censura. 71 por ciento de todos los abusos los cometen funcionarios del Estado venezolano. Muchos de ellos ocurren durante la cobertura de eventos desfavorables al Gobierno. “Lo peor, es que la impunidad sigue siendo la regla frente a las denuncias”, dijo. Ante la ola de acusaciones el representante del Estado Luis Brito García ha asegurado que la libertad de expresión en Venezuela “es la más amplia que hay en país alguno y que si existe censura y veto, las mismas son causadas por los medios privados”. Medios afectos al Gobierno también han acusado a sectores radicales de amedrentar a trabajadores del Sistema Nacional de Medios en varias oportunidades. El vocero de la ONG “Las Misiones sobre Libertad de Prensa” Alfredo Bonilla, acusó al gobierno de practicar una especie de asfixia hacia los periódicos de oposición a través de una desequilibrada distribución de la publicidad oficial. Esta presión se hizo cada vez más frecuente a medida que fue acercándose la fecha electoral presidencial. También se ordenó la emisión de ciertos programas de manera gratuita a todas las emisoras, algo que ocurrió hasta tres veces por semana, y que tienen clara relación con el contexto electoral pasado. Otro de los casos emblemáticos lo representa el pago de la colosal multa de más de nueve millones de bolívares por parte del canal privado Globovisión, por la trasmisión de hechos sucedidos en la cárcel El Rodeo en junio de 2011. Esta fue cancelada el 29 de junio ante la presión del Tribunal Supremo de Justicia de un nuevo embargo por casi 25 millones más, dado el retraso en el pago. El vicepresidente del canal dijo en esa oportunidad que “nos vimos obligados a pagarlo porque la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, sin que se agotaran todas las instancias judiciales, emitió una orden de embargo por casi tres veces el monto de la multa que nos sancionó Conatel”. El Colegio Nacional de Periodistas, con motivo de celebrarse el 03 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, señaló en un comunicado la imposibilidad de acceder a la información pública. Esto se da con escándalos de corrupción, en el tratamiento de la crisis penitenciaria, e incluso en el día a día sobre la inseguridad que mantiene en zozobra al pueblo venezolano, ya que desde hace años las cifras oficiales de homicidios, robos, violaciones, hurtos, secuestros, es nula o no existe. Esas restricciones se agravan cuando muchas de las instituciones públicas no responden a peticiones de información de los medios. En la mayoría de los casos emiten comunicados oficiales, dejando en el resto de los profesionales de la comunicación dudas que jamás son aclaradas. Sólo los medios del Estado y muy pocos privados, tienen acceso a ruedas de prensa. La libertad de prensa sigue seriamente amenazada, tal como lo denunció ante la CIDH el director de la ONG Venezolana, Espacio Público. “Con la Ley de Responsabilidad Social y la Reforma del Código Penal, se inició una dinámica que llevó al cierre de RCTV y 34 estaciones (32 de radio y 2 de televisión), se asedia a televisoras como Globovisión con multas millonarias, y se persigue judicialmente a periodistas y dueños de medios independientes obligándolos al exilio, entre ellos, el editor del diario El Nuevo País y la Revista Zeta Rafael Poleo, su hija Patricia Poleo y al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga”. Sobre el diario El Nacional sigue la prohibición impuesta en agosto de 2010 por la publicación de fotos relacionadas con violencia. Similar medida fue impuesta al diario La Prensa de Barinas en diciembre de 2011. Principales hechos en este período: El 29 de marzo Conatel cerró emisoras ubicadas en el Estado Miranda. El Gobierno creó mecanismos de control de medios en estados opositores. Se instaló tecnología para la observación y el monitoreo de señales abiertas en Táchira, Lara, Nueva Esparta y Zulia. El 11 de abril, el tribunal multó al diario La Prensa de Barinas a pagar uno por ciento de sus ingresos brutos del año 2010 por publicación de gráficas, que consideraron violatorias de la Ley Orgánica de Protección al Niño. Otros medios no fueron sancionados a pesar de haber publicado las mismas fotografías. El 12 de abril, jueces y fiscales son los que más atacan a la libertad de expresión, según informe presentado por el Instituto Prensa y Sociedad. El 26 de abril, Conatel no permitió el registro para que RCTV opere, se negaron a aceptar los documentos para que el canal transmita por cable. El 1 de mayo fueron desalojadas microondas de Globovisión por órdenes expresas de la Ministra de Servicios Penitenciarios, cuando informaban sobre un conflicto carcelario. El 9 de mayo, periodistas del Estado Barinas denunciaron que el Gobernador ordenó el cierre de dos programas en la emisora Radio Sensacional. El 10 de mayo, el director del diario La Prensa, denunció medidas de coacción y presión que estaría ejecutando la Defensoría del Pueblo y la Oficina Regional de Información (ORI) en contra de este medio. También ese día, el Ministerio Público investigó una agresión contra el equipo reporteril de Venezolana de Televisión en Barinas. El hecho ocurrió en la población de Pedraza, donde se realizaba un acto político. El 14 de mayo, periodistas, fotógrafos y personal administrativo y obrero del diario Notitarde, protestaron para exigir respeto por parte de sectores oficialistas, al trabajo que desde hace 35 años realizan en el centro del país. El 17 de mayo, agentes de Policaracas intentaron detener a una reportera del diario El Nuevo País. El 18 de mayo, la Mesa de Unidad Democrática dijo que el gobierno pretende censurar a los medios digitales y denunciaron abuso por parte de la CANTV, al bloquear las páginas web informativas. Ese mismo día, el Tribunal Supremo de Justicia, anuló una sentencia que exonera a El Nacional y ordenó al Juez Superior que corresponda, dictar nueva decisión sin incurrir en el vicio de forma detectada. El 23 de mayo, la Asamblea Nacional (AN) instó a los grupos políticos que apoyaban la candidatura de la oposición a mantener las reglas de la democracia participativa y protagónica, así como a respetar la labor de los periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos (Snmp) que cubren sus actividades de campaña. El 3 de junio, un reportero gráfico del diario El Nacional, fue amenazado de ser llevado detenido por dos efectivos del CICP. El 4 de junio dictaron protección a equipo de sucesos del diario El Universal. La periodista María Isolett Iglesias, recibió comunicación que le advertía que las personas encargadas de cubrir el tema carcelario podrían ser víctimas de atraco. El 29 de junio, se informó que la CNE medirá a los medios. Los órganos de prensa pública o privada, radial, televisivo o impreso, no podrán negarse a difundir propaganda electoral, y deberán mantener equilibrio en cuanto al tiempo o espacio publicitario. Las multas oscilan entre 5.000 y 7.000 unidades tributarias. El 3 de julio el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, arremetió contra la prensa privada, durante una reunión con organizaciones civiles en Tiquipaya, en el centro de Bolivia, en la antesala de la 42 asamblea de la Organización de Estados Americanos. "La dictadura mediática impone la censura y hace más difícil el debate político", afirmó Chaderton en el poblado boliviano. Ese mismo día un reportero gráfico de El Nacional fue amenazado de ser llevado detenido por dos efectivos del CICPC, cuando cubría pauta informativa. El 10 de julio, un equipo de reporteros del canal Televén fue atacado con disparos desde el tejado de la Cárcel Nacional de Sabaneta, en el estado Zulia. Los disparos habrían sido causados por el descontento de los reclusos con la información que circula en los medios de comunicación del país. Afortunadamente, nadie resultó herido. El 11 de julio, Conatel suspendió la emisora de radio FM de Tucupita en Delta Amacuro y confiscó los equipos de la estación. Grupos de personas salieron a las calles a protestar en contra de la sanción de CONATEL y fueron reprimidos por la Guardia Nacional. El 30 de julio, Globovisión impugnó prohibición de micros sobre el ventajismo ante el CNE que ordenó suspender transmisiones de dos micros producidos por la ONG Ciudadanía Activa, que forman parte de la serie “Ventajismo Electoral”. El 2 de agosto, CNE abrió investigaciones a cuatro medios por excesos en publicidad electoral. El 11 de agosto, periodistas de Televén denunciaron ante el Colegio Nacional del Periodistas que fueron agredidos por funcionarios de la Policía de San Francisco, estado Zulia. Los golpearon físicamente y los despojaron de su equipo fotográfico cuando cubrían el desalojo de ocupantes ilegales de un terreno. El 15 de agosto, tres periodistas y un fotógrafo fueron detenidos después de realizar la cobertura noticiosa de un derrame de petróleo en el municipio de Freites, en el estado de Anzoátegui. Oficiales del Ejército Bolivariano y funcionarios del departamento de Prevención y Control de Pérdidas (PCP) de PDVSA, interceptaron el vehículo de los periodistas y los obligaron a ir hasta la estación de policía más cercana, donde fueron detenidos durante hora y media. El 27 de agosto, El Nuevo País y Revista Zeta recibieron llamadas en las cuales les amenazan con incendiar sus instalaciones. El 2 de septiembre, el equipo del diario Últimas Noticias, fue acorralado en un tiroteo cuando cubrían un simulacro electoral en el sector El Valle de Caracas. El 12 de septiembre, militares agredieron verbal y físicamente a dos periodistas del diario El impulso de Barquisimeto, estado Lara, cuando cubrían procedimiento de retención de camiones con comida en una jornada del gobernador opositor. Ese mismo día, un grupo de personas con “camisas rojas” golpeó al fotógrafo de la agencia France Presse (AFP), cuando estos esperaban en el aeropuerto la llegada del candidato presidencial Henrique Capriles Radonsky. El 13 de septiembre, dos comunicadores alternativos del medio digital El Quinto Motor (EQM), informaron sobre agresiones físicas y verbales, además del hurto de una cámara fotográfica, un receptor y un micrófono de ambiente, cuando aguardaban la llegada del candidato opositor a una concentración en Cabimas, estado Zulia. El 18 de septiembre fueron retenidos los equipos técnicos de Globovisión en el Estado Carabobo, cuando cubrían una protesta de estudiantes en el Viaducto de La Cabrera. El 25 de septiembre, el vocero de Voluntad Popular Carlos Vecchio denunció que el Presidente ha realizado 27 cadenas en su campaña- equivalentes a más de 43 horas, es decir, 2.597 minutos-, lo que significa que ha cuadruplicado el uso de ese mecanismo en comparación con su campaña de 2006. El 5 de octubre un artefacto explosivo fue lanzado contra la sede del diario Nuevo Día. Laura Arismendi, editora del periódico, informó que ningún trabajador resultó lesionado. El 8 de octubre, el periodista argentino Jorge Lanata fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del Sebin quienes le quitaron el material periodístico y lo acusaron de espionaje. "Nos borraron todo el material periodístico", denunció. Los equipos de seguridad le retuvieron el equipaje y los pasaportes a él y a Nicolás Wiñazki (periodista del diario El Clarín). Ambos periodistas fueron liberados y prosiguieron viaje a su país con demoras.

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