Panamá

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En el discurso de destacados miembros del gobierno no ha disminuido el nivel de confrontación con los medios y periodistas independientes, recibiendo ataques cuando realizan investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción o el seguimiento informativo de actuaciones y/o decisiones de servidores públicos que no son explicadas con claridad suficiente en asuntos de evidente interés público. El diario La Prensa ha denunciado la limitación o discriminación en el acceso a la información pública que el gobierno, y en particular la Secretaría de Comunicación del Estado, le ha impuesto, al no participarles ni invitarles a coberturas de asuntos de interés público, así como a impedirle el ingreso de sus periodistas. En diciembre, la página web del diario La Estrella de Panamá, www.laestrella.com.pa, fue objeto de un ataque cibernético, durante la publicación en exclusiva de un video que muestra vistas inéditas del traslado a Panamá del ex dictador Manuel Noriega y de la forma poco profesional como sus custodios – entre ellos el actual viceministro de Seguridad – ejecutaron el operativo, lo que causó revuelo e indignación. Se acerca el proceso electoral que concluirá con las elecciones presidenciales en mayo de 2014. Se observa con preocupación que los partidos componentes de la alianza de gobierno han rechazado la firma del Pacto Ético Electoral, elaborado y convocado por la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, cuyo objetivo es mantener un clima de paz, elevar el debate político y evitar las campañas sucias. Los medios y gremios periodísticos han adherido el Pacto. La Procuraduría de la Nación archivó la investigación sobre la tentativa de impedir la circulación de los diarios de Corporación La Prensa por parte de una empresa contratante con el Estado, ocurrida en agosto de 2012, lo cual constituye un grave antecedente contra la vigencia de la libertad de prensa.También continúan en los tribunales la tramitación de demandas millonarias por calumnia e injuria contra el diario La Prensa, y periodistas de ese y otros medios, instauradas por allegados al gobierno. Un hecho relevante viene a propósito de denuncias divulgadas por unas cuestionadas contrataciones públicas de la Autoridad de Turismo, en las que el presidente Ricardo Martinelli consideró que su familia había sido vinculada sin justificación, anunciando que tomaría acciones legales contra los que llamó “medios de comunicación opositores que lo acusan de todo”. Tres días después, en febrero, manifestó públicamente que “si alguien se sintió ofendido, le pido disculpas”. El 28 de enero la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia inició una investigación contra los diarios La Prensa y La Estrella intentando comprobar supuestas prácticas monopolísticas, en atención a que ambos diarios aumentaron sus ediciones en 15 centavos de dólar. Parte de la información solicitada corresponde a elementos confidenciales de carácter corporativo, que no guardan relación con los supuestos hechos investigados. La investigación se inició días después de que el presidente Martinelli hiciera referencia al hecho en su cuenta de twitter. Se observa una parcialización inadecuada en la distribución de la pauta publicitaria gubernamental. Transcurridos 16 meses del homicidio del periodista y comentarista radial Darío Fernández Jaén, el proceso judicial aún no arroja claridad sobre los responsables, las motivaciones y la trama de este asesinato. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Winston Spadafora presentó un recurso de casación por US$2 millones en contra de Editorial Panamá América S.A. y los periodistas Jean Marcel Chery y Gustavo Aparicio, por notas publicadas en el diario Panamá América cuando fue ministro de Justicia.

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