CONSIDERANDO
que la violencia contra la prensa de parte del crimen organizado en varios países de las Américas se ha incrementado; y la falta de resolución, acción, así como la indiferencia de las autoridades ante la mayoría de los asesinatos contra periodistas ocurridos en los últimos 20 años, generan autocensura en los periodistas y medios de comunicación, y desinformación en la ciudadanía
CONSIDERANDO
que los gobiernos deben perfeccionar las legislaciones para posibilitar el procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos contra quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y adoptar el principio de no prescripción de los crímenes contra las personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión o cuando tuvieren como objeto la obstrucción de la justicia, tal como contempla la Resolución 29, aprobada por la UNESCO el 12 de noviembre de 1997
CONSIDERANDO
que los Estados deben tomar medidas efectivas y definitivas para que se investigue y se sancione, de conformidad con su legislación interna, los atentados contra el ejercicio de la libertad de expresión y crímenes contra periodistas , de acuerdo a la resolución de la Organización de los Estados Americanos del 2 de junio de 1998
CONSIDERANDO
que en México el presidente Felipe Calderón dijo a la SIP en una visita reciente a ese país que veía con simpatía la idea del agravamiento de las penas para combatir la violencia contra los periodistas y la impunidad; y que en Colombia se incluyó en el 2001 en el Código de Procedimiento Penal el aumento de las penas por crímenes cometidos contra periodistas
CONSIDERANDO
que la reforma de la Constitución en Brasil en diciembre de 2004 contempla que los delitos contra los derechos humanos (entre ellos los delitos contra la libertad de expresión) puedan ser atraídos a la esfera federal; y que el Poder Ejecutivo en México, mediante decreto administrativo en el 2006, atrajo al fuero federal siete casos de periodistas asesinados o desaparecidos
CONSIDERANDO
que en Colombia, Guatemala y México se han creado fiscalías especiales para investigar y dar seguimiento a crímenes y otros hechos de violencia contra periodistas
CONSIDERANDO
que se han observado trabas y falta de cooperación de algunos gobiernos para lograr la extradición de acusados por el asesinato de periodistas, como en los casos de los periodistas mexicanos Francisco Ortiz Franco y Víctor Manuel Oropeza, cuyos principales sospechosos de los crímenes se encuentran en prisiones estadounidenses, o como el del paraguayo Santiago Leguizamón, en que los delincuentes están en cárceles brasileñas
CONSIDERANDO
que las instancias multilaterales y bilaterales de cooperación internacional y asistencia financiera, mantienen un monitoreo especial sobre la vigencia de los derechos humanos, entre éstos la libertad de expresión.
CONSIDERANDO
que el Artículo 4 de la Declaración de Chapultepec establece: El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad
LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
Exhortar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las Américas a definir y aplicar mecanismos eficaces para frenar la violencia contra los periodistas y combatir la impunidad de los crímenes
Instar a todos los gobiernos a que cumplan con los compromisos de la Resolución 29 de la UNESCO para promover legislación de cara a investigar y procesar de manera efectiva a los asesinos de periodistas y combatir la impunidad
pedir a los Estados miembros de la OEA atiendan lo establecido en la resolución para sancionar los crímenes contra periodistas y contra la libertad de expresión
solicitar a los legisladores y poderes ejecutivos que trabajen en la creación de leyes que contemplen el agravamiento de penas para crímenes cuyo propósito sea coartar la libertad de expresión
pedir a los países con características federativas que impulsen cambios en la legislación para atender a nivel federal los asesinatos contra periodistas
instar a los Ministerios Públicos a abrir fiscalías especiales y proveerles los recursos necesarios para investigar, dar seguimiento y llevar ante la justicia a los culpables por delitos de violencia contra los periodistas
solicitar a los Ministerios Públicos a agilizar acuerdos de cooperación para alcanzar mecanismos de extradición eficientes e intercambiar información
recomendar a los organismos financieros e internacionales a suspender o rechazar la asistencia cuando los Estados incumplan con su obligación de investigar y sancionar de manera expedita a los asesinos de periodistas
pedir a los presidentes de las Cortes Supremas de las Américas que acepten la invitación a participar en la Conferencia Hemisférica: Poder Judicial, Prensa, Impunidad, que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana del 18 al 20 de julio de 2007, para junto a periodistas, identificar herramientas eficientes para combatir la impunidad que rodea a numerosos casos de asesinatos.