Impunidad - México

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CONSIDERANDO que sobre la muerte de José Miranda Virgen, columnista del diario Sur de Veracruz, ocurrida el 16 de octubre del 2002, pesan sospechas de que se trató de un atentado por las incongruencias encontradas en el peritaje de parte de sus familiares, compañeros de trabajo y los miembros de Asociación de Periodistas de Veracruz (APEV), y dado que la víctima ejercía un periodismo crítico sobre el quehacer de las autoridades estatales CONSIDERANDO que el 18 de enero del 2002 fue asesinado Félix Fernández García, director de la revista Nueva Opción, de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, y hasta la fecha no ha habido ningún resultado en las investigaciones sobre su asesinato CONSIDERANDO que el 24 de marzo del 2001 fue asesinado Saúl Antonio Martínez González, subdirector del diario El Imparcial, de Matamoros, Tamaulipas, y desde entonces no ha habido resultados en las investigaciones sobre su asesinato CONSIDERANDO que el 19 de febrero del 2001 fue asesinado José Luis Ortega Mata, director del Semanario de Ojinaga, y que tras la detención y posterior liberación del presunto asesino intelectual, no ha habido ningún otro resultado en torno al caso CONSIDERANDO que dos de los presuntos responsables del asesinato en 1998 del periodista Philip True, corresponsal del San Antonio Express-News en México, permanecen aún en libertad, a pesar de que el Poder Judicial de Jalisco emitió orden de reaprehensión en junio del presente año, porque se encuentra en trámite una solicitud de amparo interpuesta por el abogado defensor de los dos primeros CONSIDERANDO que el gobierno de México no ha respondido a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de asesinatos, investigados por la SIP, de Héctor Félix Miranda, ocurrido el 29 de abril de 1988, y de Víctor Manuel Oropeza, perpetrado el 3 de julio de 1991, en las que se establece que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional por las violaciones cometidas CONSIDERANDO que el presidente de México, Vicente Fox, se comprometió con la SIP a impulsar medidas por las correspondientes investigaciones de los asesinatos de periodistas y que, si bien el pasado mes de abril se instaló la Mesa de Incidentes contra la Libertad de Expresión en la Secretaría de Gobernación, esto no ha sido suficiente para esclarecer los casos pendientes CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE instar a las autoridades del estado de Veracruz a ejercer la recomendación de la Asociación de Periodistas de Veracruz y del mismo diario Sur de Veracruz, a fin de que se realice un peritaje externo al gobierno estatal para esclarecer si el accidente en que murió José Miranda Virgen en efecto no fue un atentado por su ejercicio del periodismo crítico exhortar a las autoridades del estado de Tamaulipas a que pongan su empeño para esclarecer los asesinatos de Félix Fernández García y Saúl Antonio Martínez González tanto en su aspecto material como intelectual pedir a las autoridades del estado de Chihuahua a que pongan su empeño para esclarecer el asesinato de José Luis Ortega Mata tanto en su aspecto material como intelectual denunciar la manera irregular como se ha manejado el caso del periodista Philip True, comenzando por la deficiente investigación policial inicial, y alentar a las autoridades judiciales de Jalisco y federales a apegarse a la rigurosa revisión de la evidencia y a aplicar las sanciones debidas a los culpables solicitar al gobierno de México y al Poder Judicial de ese país a emprender las medidas que sean necesarias a fin de que los casos referidos no queden en la impunidad, considerando la necesidad de que los asesinatos contra periodistas sean tratados en la jurisdicción federal para así brindar mayores garantías y transparencia.

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