Venezuela

Aa
$.-
CONSIDERANDO Que en el país continúan ocurriendo asesinatos, intentos de homicidio, agresiones, maltratos y amenazas contra periodistas, que en su mayoría permanecen impunes CONSIDERANDO Que se acentúa y se hace cada vez más evidente el control que sobre los poderes públicos ejerce el presidente Hugo Chávez CONSIDERANDO Que el gobierno del presidente Chávez y sus activistas han declarado a los periodistas y medios de comunicación independientes “objetivos militares” a la par que públicamente el presidente insulta, critica, agrede y amenaza a la prensa, con lo cual se promueve la violencia contra ellos CONSIDERANDO Que la discriminación, prohibición y limitaciones por parte del gobierno del Presidente Chávez a medios de comunicación y periodistas independientes para el acceso a la información, despachos y actividades oficiales, restringe los derechos fundamentales, la libertad de expresión y de información CONSIDERANDO Que junto a la no renovación de la Concesión a Radio Caracas Televisión y su cierre en mayo de 2007, ordenado por el Presidente Chávez por razones políticas, el canal fue despojado por fuerzas militares de sus equipos de transmisión en todo el país sin que la justicia se haya pronunciado al fondo ante las demandas judiciales presentadas CONSIDERANDO Que el canal de noticias Globovisión ha sufrido agresiones a sus instalaciones, contra sus periodistas y directivos, atribuidas al oficialismo CONSIDERANDO Que el gobierno del Presidente Chávez profundiza su ilegal política de discriminación en la asignación de las pautas publicitarias del Estado para favorecer a los medios oficialistas, los que hayan subordinado los principios de la ética periodística y asumen la autocensura CONSIDERANDO Que el gobierno está utilizando fuerzas militares para intervenir medios de comunicación radioeléctricos y sus plantas transmisoras, como ocurrió el año pasado con Radio Caracas Televisión y este año con emisoras de radio Rumbera Network 101.7 FM y Llanera 91.3 FM en el estado Guárico y Radio Stereo 103.3 FM, en Caracas CONSIDERANDO Que luego del pronunciamiento popular en referendo del pasado 2 de diciembre de 2007, en el que fue derrotada la propuesta del Presidente Chávez para modificar la Constitución Nacional , el primer mandatario ha decretado, con la anuencia de la Asamblea Nacional , 26 leyes cuyo contenido pone en vigencia normas rechazadas por el pueblo en el citado referendo; las cuales han sido denunciadas como inconstitucionales por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela y numerosas instituciones CONSIDERANDO Que el Principio Décimo de la Declaración de Chapultepec establece que “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad, formular críticas o denuncias contra el poder público” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE : Denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas las agresiones por parte del gobierno del teniente coronel Hugo Chávez , contra medios de comunicación y periodistas independientes y solicitar profunda investigación acerca de las limitaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y en los artículos 56 y 57 de la Constitución venezolana Condenar la violencia verbal del presidente Chávez contra los medios de comunicación y los periodistas venezolanos independientes y señalarla como directa motivación para las amenazas y agresiones por parte de funcionarios oficiales y activistas Condenar que la asignación de la pauta publicitaria del Estado por el gobierno del presidente Chávez sea utilizada para favorecer a medios oficialistas y promover la autocensura Repudiar el señalamiento por parte de activistas relacionados con el presidente Chávez contra periodistas y medios de comunicación independientes declarados públicamente como “objetivos militares” y solicitar a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una investigación al respecto Exigir al gobierno el esclarecimiento de cualquier medida de toma por la fuerza de edificaciones de medios, o su devolución inmediata hasta esclarecerse cualquier procedimiento legal al respecto.

Compartí

0