ESTADOS UNIDOS

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57ª Asamblea General Washington, DC 12 – 16 de octubre del 2001 ESTADOS UNIDOS CONSIDERANDO que en esta época de preocupaciones más intensificadas en torno a la seguridad, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, el vigor de Estados Unidos siguen siendo sus principios democráticos, incluyendo de manera específica una ciudadanía informada CONSIDERANDO que el gobierno nacional y las autoridades estatales y locales, comenzando por las fuerzas armadas, la policía y las autoridades sanitarias pero extendiéndose en algunos casos a funcionarios no vinculados a organismos de seguridad, han impuesto o coaccionado controles sobre la información que van más allá de las necesidades justificadas de seguridad CONSIDERANDO que esos controles limitan una prensa libre que yace en el mismo núcleo del vigor democrático de la nación, garantizada por la Constitución y es el camino probado y seguro para mantener una ciudadanía informada CONSIDERANDO que varias cadenas nacionales de televisión, a diferencia de la mayoría de periódicos más importantes del país, accedieron a los pedidos del gobierno de imponerse una autocensura no sólo en torno a la comprensiblemente delicada información militar que pudiese poner en peligro las vidas de soldados aliados, sino también de informaciones políticas divulgadas por el enemigo y ampliamente accesibles de otras formas CONSIDERANDO que, en un asunto separado, la fiscalía federal de distrito de Nueva York libró orden judicial para obtener los expedientes de las llamadas telefónicas del reportero de Associated Press John Solomon, sin notificar de antemano ni a él ni a la Associated Press CONSIDERANDO que esa medida vulneró la práctica establecida por el Departamento de Justicia, según la cual los fiscales federales deben agotar todas sus alternativas de investigación antes de buscar una orden judicial para obtener los expedientes de un periodista y deben dar al periodista la oportunidad de disputar la orden judicial CONSIDERANDO que la escritora independiente Vanessa Leggett ha estado confinada desde el 20 de julio en un centro federal de detención, en Texas, por negarse a entregar a un Gran Jurado información confidencial que ella recopiló para un libro que está escribiendo sobre un caso de asesinato, y que su confinamiento por desacato del tribunal fue ratificado por una comisión de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito federal CONSIDERANDO que Leggett tiene el derecho de acogerse al privilegio calificado reconocido bajo la Primera Enmienda a la Constitución, la cual ha sido admitida por tribunales federales como protectora de la confidencialidad de sus fuentes y de sus materiales, y que los abogados del gobierno no han comprobado que la información que se cree ella posee es absolutamente necesaria o no está totalmente no disponible por cualquier otro medio para proseguir con el juicio del caso de asesinato LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE instar a los gobiernos nacional, estatales y locales en Estados Unidos a abstenerse de toda coerción de los medios y, dentro de límites estrictamente definidos de seguridad nacional, ratificar los valores y prácticas estadounidenses del libre flujo de información y libre expresión, tanto por parte de los ciudadanos como de los medios condenar las medidas tomadas por la fiscalía federal de distrito de Nueva York, en vista del efecto intimidatorio que está ejerciendo sobre una prensa libre, e insta a todos los fiscales federales de distrito a ceñirse a los lineamientos del Departamento de Justicia condenar la detención de Vanessa Leggett e instar tanto al pleno de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito como a la fiscalía federal de distrito en Houston, a reconocer su privilegio calificado como periodista y a ponerla en libertad.

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