Ecuador

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CONSIDERANDO que el 30 de septiembre, durante la sublevación de la Policía y parte de la Fuerza Aérea contra el presidente Rafael Correa, se vulneró el derecho a la libertad de expresión e información al ordenar a todos los medios de comunicación que suspendieran sus transmisiones y retransmitieran una cadena oficial "ininterrumpida e indefinida"; CONSIDERANDO que ese día y en los días siguientes fueron agredidos periodistas de medios de comunicación privados y públicos; CONSIDERANDO que existe el peligro de que se vulnere el derecho al debido proceso en la investigación de los hechos relacionados con la insubordinación del 30 de septiembre; CONSIDERANDO que, aduciendo razones de seguridad, la Presidencia de la República ha decidido excluir de su página web información atinente a funcionarios del Gobierno, con lo cual viola la Ley de Libre Acceso a la Información; CONSIDERANDO que en las transmisiones del Mundial de Fútbol se usaron fondos del Estado para emprender una campaña de desprestigio contra los medios independientes; CONSIDERANDO que los ataques verbales a la prensa por parte del Presidente de la República continuaron en este semestre; CONSIDERANDO que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch han hecho observaciones sustantivas al proyecto de Ley de Comunicación pendiente de trámite en la Asamblea Nacional CONSIDERANDO que el principio 5 de la Declaración de Chapultepec establece: “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”. LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE exhortar al Gobierno ecuatoriano a que respete el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información, a que no vuelva a recurrir a las cadenas "indefinidas e ininterrumpidas" y a que restituya la vigencia plena de la Ley de Acceso a la Información; instar al Gobierno a que deje de utilizar los fondos del Estado en campañas de desprestigio de los medios privados; Instar a la Asamblea Nacional a que tenga en cuenta las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Human Rights sobre el proyecto de Ley de Comunicación; Pedir que el sistema judicial respete el debido proceso en la investigación de los hechos del 30 de septiembre.

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