Impunidad / México

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CONSIDERANDO que el presidente Felipe Calderón se comprometió en 2010 con la SIP, a fortalecer la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, para impedir que la impunidad prevaleciera en los casos de ataques contra periodistas, pero ni la dotó de personal ni de presupuesto adecuado para ejercer su función

CONSIDERANDO que la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, expresó a representantes de la SIP, que impulsaría las investigaciones sobre crímenes y desapariciones de periodistas para impedir que continúen en la impunidad, pero la reforma a la Ley Orgánica de la PGR que significa un retroceso, ya que le restó fuerza y presencia a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión al sacarla de su oficina y ubicarla, nuevamente, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, como estuvo entre 2006 hasta julio de 2010 y en donde no hubo resultados

CONSIDERANDO que el presidente Calderón, se comprometió hace dos años con la SIP, a revisar personalmente las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los asesinatos de Héctor Félix Miranda y Manuel Oropeza, pero su administración que está por concluir, no ha dado cumplimiento a los dos fallos del organismo

CONSIDERANDO que el presidente Calderón se comprometió en 2010 con la SIP, a federalizar los delitos contra la libertad de expresión y que apenas en marzo pasado se aprobó la modificación constitucional al Art. 73, fracción XXI, pero aún no se ha enviado al Congreso la propuesta de reglamento que permitirá la entrada en vigor de esa reforma

CONSIDERANDO que el presidente Calderón, anunció que crearía un mecanismo de protección para los periodistas, que permitiera atender amenazas graves, incluso sacando a los informadores del país si fuera necesario, pero a pesar de que la Ley para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y los Periodistas ya fue aprobada, y se tenían cuatro meses para constituir su consejo y toda la estructura, hasta el momento no se ha implementado

CONSIDERANDO que la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión no significó una disminución de la impunidad en los casos de ataques cometidos a los comunicadores y sus medios CONSIDERANDO que los casos de ataques graves a periodistas continúan diseminados en las procuradurías estatales y de la Procuraduría General de la República (PGR), la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, en lugar de concentrarse todos los casos en esta última para investigar de forma integral para evitar la impunidad

CONSIDERANDO que durante la administración del presidente Felipe Calderón comenzaron los ataques directos a las instalaciones de medios de comunicación con granadas, disparos de armas de fuego, bombas molotov, la exhibición pública de asesinatos grotescos o de mantas conteniendo amenazas, y que a pesar de estos hechos, ni la PGR, ni las procuradurías de justicia estatales han detenido y sometido a juicio a alguno de los responsables de los 28 casos registrados entre 2007 y 2012 en varios estados

CONSIDERANDO que en los últimos seis años se incrementó el número de asesinatos, desapariciones y secuestros de informadores, sin que las autoridades federales y estatales hayan mostrado verdadera voluntad política, interés y capacidad investigativa para resolver los casos, ni la capacidad de ofrecer información clara y oportuna

CONSIDERANDO que la violencia que ejercen organizaciones criminales en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Colima, Tabasco, Michoacán, Guerrero y estado de México, principalmente, ha provocado el incremento de amenazas, secuestros y asesinatos contra periodistas y medios de comunicación y prevalece la autocensura y el desplazamiento de informadores a otras ciudades o países, lo que demuestra que en México no existen las condiciones para un ejercicio pleno de la libertad de expresión

CONSIDERANDO que persiste falta de voluntad por parte de autoridades estatales y federales para investigar y someter a juicio a los responsables de los crímenes contra 18 periodistas que están en riesgo de prescribir y que sólo los gobiernos estatales y el federal pueden impedirlo y ofrecer una justicia real a Jesús Michel Jacobo, Felipe González Hernández, Manuel Burgueño Orduño, Linda Bejarano, Ezequiel Huerta Acosta, Alberto Ruvalcaba Torres, Alfredo Córdova Solórzano, Lázaro Cárdenas, Alejandro Campos Moreno, Juvencio Arenas Gálvez, Gabriel Venegas Valencia, Roberto Antonio Mancilla Herrera, José Herrera Cañas, Jessica Elizalde de León, Abel Bueno León, Víctor Hernández Martínez, Margarito Morales Ramírez y Pedro Valle Hernández

CONSIDERANDO que la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR (SIEDO) tiene bajo su jurisdicción casos de ataques a periodistas que datan de hace más de 10 años, como los asesinatos de Francisco Ortiz Franco y Valentín Valdés Espinosa, o la desaparición de Alfredo Jiménez Mota y María Esther Casimbe, sin que hasta la fecha se muestre interés en resolverlos

CONSIDERANDO que en el estado de Veracruz es donde más crímenes y desapariciones se han cometido en el país en el último semestre, de los seis asesinatos ocurridos en México cinco fueron en esa entidad y que en agosto pasado la Procuraduría de Justicia del estado anunció la resolución de cuatro de esos crímenes, pero que finalmente la PGR no acusó a los supuestos autores por falta de pruebas

CONSIDERANDO que en este semestre también fue asesinado Marco Antonio Ávila García, reportero del Diario Sonora de La Tarde y El Regional, de Ciudad Obregón, Sonora y además se desconoce el paradero de Zane Plemmons, fotógrafo independiente que desapareció en Nuevo Laredo, Tamaulipas en mayo; y de Federico Manuel García Contreras, reportero gráfico del diario El Punto Crítico, de San Luis Potosí, sin que en las procuradurías exista algún avance de los casos

CONSIDERANDO que en las procuradurías de Justicia de varios estados, existen expedientes abiertos por la desaparición o asesinato de periodistas que no han sido resueltos y que tienen hasta 15 años de haberse cometido y todavía esperan justicia

CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: "El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".

LA 68 ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Exigir al nuevo gobierno mexicano, que desde el principio de su gestión, dote de verdadera personalidad jurídica, con autoridad y capacidad investigativa reales, con recursos económicos y personal entrenado a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, que permita tener un organismo sólido, que investigue y resuelva estos casos de forma seria y científica

Reiterar a la procuradora Marisela Morales, que impulse a la nueva Ley Orgánica de la PGR para que incluya en la estructura administrativa a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión

Exhortar al presidente Felipe Calderón y al presidente electo Enrique Peña, que giren instrucciones a la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, para que atiendan en forma inmediata las resoluciones de la CIDH

Urgir al presidente Calderón, a la Secretaría de Gobernación y al Congreso de la Unión para que se apruebe una reglamentación integral del Art. 73 constitucional, para que entre en vigor la federalización de delitos cometidos contra la libertad de expresión

Demandar al presidente Calderón y a la Secretaría de Gobernación que garanticen un mecanismo confiable de protección para periodistas y defensores de derechos humanos

Exigir a la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Laura Angelina Borbolla Moreno, que investigue de forma ágil e imparcial los casos que tiene bajo su jurisdicción y ofrezca resultados urgentes en los asesinatos y desapariciones de periodistas

Exigir a la procuradora general y a las procuradurías de Justicia de los estados de Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Yucatán, Sonora, Nayarit, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Nuevo León, para que de forma urgente muestren resultados claros y contundentes en las investigaciones sobre ataques a instalaciones de medios de comunicación, sometiendo a juicio a los responsables, para que sirva de ejemplo y así evitar que se sigan repitiendo estos hechos

Urgir al Estado a implementar una estrategia integral, contundente y decidida, en todos los niveles federal, estatal y municipal, para garantizar la seguridad de los periodistas y, con ello, un trabajo libre, en el país, para que los grupos violentos no continúen amenazando y tratando de someter a los informadores

Demandar al Estado mexicano, que implemente de forma inmediata una estrategia que permita atender y resolver el desplazamiento de periodistas que, por motivos de amenazas e intimidación, deban abandonar su lugar de origen Exigir a la PGR y a las procuradurías de Justicia de los estados de Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Baja California, Distrito Federal y Michoacán, para que no permitan que prescriban los casos de asesinato, desaparición e intentos de homicidio de periodistas, y por el contrario hagan su trabajo para que reciban una verdadera justicia, y que el resto de las procuradurías de los estados de Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora, ejecuten la misma acción para que los casos de ataques a periodistas que están bajo su jurisdicción no continúen en la impunidad

Exigir a la Procuraduría General que no permita más dilación en la resolución de los casos que desde los años noventa están bajo la jurisdicción de la SIEDO

Urgir al gobierno de Veracruz, que ordene a la Procuraduría de Justicia estatal que investigue de forma pronta y profunda los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas ocurridas en esa entidad.

Pedir a las procuradurías de Justicia de Sonora, Tamaulipas y San Luis Potosí que investiguen de forma urgente los casos de asesinato y desaparición que ocurrieron en este semestre en esos estados

Demandar al presidente Calderón y a la procuradora General de la República, Marisela Morales, a que antes de terminar su administración rindan un informe claro, preciso y veraz en torno a las investigaciones sobre asesinatos y desaparición de periodistas que están bajo su jurisdicción.

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